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El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha solicitado a Francia más información sobre la investigación del programa Pegasus y ha reiterado su petición a Israel. Esta acción forma parte del caso Pegasus, que investiga la infección de dispositivos móviles de altos funcionarios españoles, incluido el presidente Pedro Sánchez. Calama ha emitido una orden europea de investigación para obtener detalles sobre el software y las investigaciones realizadas por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI). Además, ha enviado una nueva comisión rogatoria a Israel para obtener información de NSO Group y la declaración de su CEO. La falta de respuesta de Israel y la necesidad de un intercambio más amplio de información son cruciales para avanzar en la identificación de los responsables.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha arrestado a dos personas y una institución educativa bajo sospecha de fraude de subvenciones y falsificación de documentos. La investigación se centra en un jardín de infantes que recibió más de 255,000 euros en fondos, destinados a mejorar servicios para niños. Se sospecha que los acusados presentaron informes falsos para justificar pagos y exigieron a los empleados la devolución de parte de sus salarios. Todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha propuesto en Bruselas la necesidad de establecer regulaciones a nivel europeo para crear entornos digitales seguros que protejan los derechos de niños y jóvenes. Durante su encuentro con el comisario europeo Glen Micaleff, destacó la importancia de un marco normativo claro que garantice la seguridad digital y el respeto por los derechos infantiles. Además, Rego subrayó la relevancia de invertir en políticas de infancia y presentó avances en la futura Ley de Juventud y en iniciativas como la Garantía Infantil Europea para combatir la pobreza infantil. La ministra también se reunió con representantes de la Agencia de Asilo de la Unión Europea para abordar la protección de menores no acompañados.

España ha ratificado el Tratado sobre Diversidad Biológica Marina en áreas fuera de la Jurisdicción Nacional, conocido como Tratado de Alta Mar o BBNJ. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció que España se convierte en el primer país de la Unión Europea en ratificar este acuerdo histórico, que establece un marco legal para proteger los océanos y regular las actividades humanas en alta mar. Este tratado busca declarar un 30% de la superficie de alta mar como área protegida antes de 2030, alineándose con los objetivos globales de conservación. La ratificación es un paso clave hacia un compromiso más fuerte con la protección del medio ambiente y el multilateralismo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado la adaptación del paso fronterizo de Beni Enzar en Melilla a las normativas de la Unión Europea para implementar una frontera inteligente. Esta modernización, que incluye una inversión de aproximadamente 11 millones de euros, permitirá una gestión más ágil y segura, beneficiando a la población local. Las nuevas instalaciones contarán con sistemas tecnológicos avanzados y mejorarán el control fronterizo con Marruecos, considerado un socio estratégico en temas de seguridad y migración. La frontera inteligente se espera que entre en funcionamiento en octubre.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presentó el Plan Estatal de Retorno Voluntario a la colectividad española en Nueva York. Este plan, que se implementará en 2025, incluye la creación de una Oficina Española de Retorno para asesorar a los españoles que deseen regresar a España tras haber emigrado por motivos laborales o económicos. La iniciativa busca facilitar su reintegración en el mercado laboral y la escolarización de menores. Además, se abordó el reciente convenio de Seguridad Social entre España y Estados Unidos, que mejorará la protección social de los trabajadores que han trabajado en ambos países.

España lidera la ejecución de las inversiones del Fondo Social Europeo (FSE), considerado un pilar fundamental de la Europa Social. Durante la jornada "Fondo Social Europeo, Quo Vadis?", el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, destacó que España ha ejecutado 9.872 millones de euros del FSE antes del plazo previsto, logrando un rendimiento de 1,3 euros por cada euro invertido. El FSE ha beneficiado a más de 8,7 millones de personas, con una tasa de inserción laboral del 30,6% entre los beneficiarios. Además, se ha priorizado el apoyo a jóvenes con una inversión específica de 2.335 millones de euros para políticas de empleo en el periodo 2021-2027. Esta iniciativa refuerza la cohesión social y promueve oportunidades laborales y formación profesional en todo el país.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, se reunió en Nueva York con Guy Ryder, secretario general adjunto de Políticas de la ONU, para presentar el Fondo de Impacto Social (FIS). Este fondo, que convierte a España en el cuarto país del mundo en iniciativas de colaboración público-privada para el impacto social, cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros. Su objetivo es fomentar inversiones que generen un impacto social y medioambiental positivo. Saiz destacó la importancia de este fondo para abordar retos sociales como la inclusión laboral y la igualdad de género. Además, ambos mandatarios discutieron avances en política migratoria y la necesidad de promover la convivencia multicultural en España.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se reunió con la ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre, para discutir los desafíos que enfrentará Dinamarca durante su próxima Presidencia del Consejo de la Unión Europea a partir del 1 de julio. Durante el encuentro, Albares destacó la importancia de avanzar en temas cruciales como el Marco Financiero Plurianual y las relaciones UE-CELAC. Además, ambos ministros reafirmaron su compromiso con la cooperación en áreas como el cambio climático y la transición energética. Albares también solicitó apoyo para consolidar el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la UE.

Un grupo criminal dedicado a la producción y venta de monedas y billetes falsificados de euro fue desarticulado gracias a una operación conjunta entre Eurojust, Europol y las autoridades de Macedonia del Norte y Serbia. En total, se realizaron 12 arrestos durante la acción que tuvo lugar el 2 de febrero. Se incautaron más de 680,000 billetes falsificados y maquinaria utilizada para su fabricación. Esta operación forma parte del Proyecto de Justicia Criminal de los Balcanes Occidentales, que busca fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado en la región. Para más detalles, visita el enlace.