El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado una investigación dirigida a las empresas que promocionan en España productos y servicios originarios de los territorios palestinos ocupados por Israel. Esta acción se enmarca dentro del contexto del Real Decreto-ley 10/2025, aprobado recientemente por el Gobierno español, que establece medidas urgentes contra lo que se califica como genocidio en Gaza.
De acuerdo con el artículo 4 de dicho decreto, se prohíbe la publicidad de bienes y servicios provenientes de estos territorios ocupados, buscando así restringir el desarrollo de negocios vinculados a esta actividad. La Dirección General de Consumo será la encargada de investigar a aquellas empresas que podrían estar beneficiándose de esta situación, tal como se indica en un informe elaborado por Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados.
Investigaciones en marcha
En su informe titulado «De la economía de la ocupación a la economía del genocidio», Albanese destaca que existen empresas que obtienen beneficios económicos a partir de la ocupación ilegal. Esta denuncia ha llevado al ministro Pablo Bustinduy a comprometerse a utilizar todos los recursos necesarios para asegurar que “ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas manchadas con la sangre del pueblo palestino”.
Bustinduy también afirmó que su departamento está decidido a garantizar que cualquier empresa con operaciones en España abandone toda vinculación con la ocupación israelí, ya sea directa o indirectamente. Desde el Ministerio se sostiene que mantener esta oferta de servicios contribuye a “perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel”.
Implicaciones legales internacionales
Los negocios que lucran con la ocupación son considerados ilegales según el derecho internacional. En este sentido, el informe de Albanese menciona que en Países Bajos se están investigando denuncias sobre estas actividades por posibles violaciones a las normativas relacionadas con el blanqueo de capitales. La situación plantea serias interrogantes sobre la ética empresarial y las responsabilidades sociales en un contexto tan delicado.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué investiga el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030?
El ministerio investiga a empresas que publicitan en España servicios prestados o productos hechos en los territorios palestinos ocupados por Israel.
¿Cuál es la base legal para esta investigación?
La investigación se basa en el Real Decreto-ley 10/2025, que prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de los territorios ocupados, con el objetivo de limitar el negocio relacionado con esta ocupación.
¿Quién ha señalado que hay empresas beneficiándose de esta situación?
La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, indicó en un informe que hay empresas que se benefician económicamente de la ocupación ilegal de territorios palestinos, algunas de las cuales operan en España.
¿Qué medidas anunció el ministro respecto a las empresas involucradas?
El ministro Pablo Bustinduy anunció que su departamento pondrá todos los recursos necesarios para garantizar que ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas manchadas con la sangre del pueblo palestino y que abandonen cualquier operación vinculada a la ocupación israelí.
¿Cómo se considera la actividad de estas empresas según el derecho internacional?
Desde el ministerio se considera que mantener esta oferta de servicios contribuye a perpetuar esfuerzos coloniales y genocidio, lo cual es considerado ilícito por el derecho internacional.
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