La Dirección General de Consumo ha identificado las cláusulas abusivas más comunes en contratos de alquiler de vivienda habitual, que serán comunicadas a arrendadores y arrendatarios. Entre estas prácticas se encuentran el cobro de gastos de gestión al inquilino, exigir fianzas superiores a lo permitido y establecer indemnizaciones desproporcionadas por demora en el desalojo. Consumo recuerda la importancia de revisar los contratos para detectar posibles abusos y fomentar el cumplimiento de la normativa vigente en arrendamientos. Además, se coordinarán campañas de vigilancia del mercado junto a las comunidades autónomas para asegurar una correcta aplicación de la ley.
El Gobierno se enfrenta a una posible derrota legislativa con la inminente caída de la prórroga del alquiler, debido a la oposición de Junts, el PP y Vox. La derogación de esta medida podría dejar desprotegidos a casi tres millones de inquilinos en España. Mientras el vicepresidente Carlos Cuerpo y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, intentan asegurar su aprobación, los partidos opositores critican al Ejecutivo por su gestión de la vivienda. Los abogados aconsejan a los inquilinos enviar un burofax a sus caseros antes del martes para estar respaldados legalmente en caso de que el decreto no sea convalidado.
El Ministerio de Igualdad ha condenado el presunto feminicidio de una mujer de 44 años en Bizkaia, supuestamente asesinada por su pareja el 1 de abril de 2026. Este caso eleva a 15 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va del año y a 1.358 desde 2003. La ministra Ana Redondo y la delegada Carmen Martínez han expresado su rechazo ante este acto violento, instando a las instituciones y la sociedad a trabajar para prevenir más muertes. Se recuerda que existen recursos como el teléfono 016 para asistencia a víctimas de violencia de género.
El número de beneficiarios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha alcanzado un récord histórico de 1.655.446 personas, lo que representa un aumento del 9,8% en comparación con el año anterior. En el primer trimestre de 2026, las prestaciones en entornos comunitarios superan el 57%, destacando una tendencia hacia la atención personalizada y en el hogar. Además, las listas de espera han disminuido un 16,6% respecto al año anterior, situándose en 152.249 personas. La financiación estatal para la dependencia ha crecido un 150% en los últimos cinco años, alcanzando más de 3.700 millones de euros. Estos datos reflejan una mejora continua en la gestión y atención del sistema, evidenciando su capacidad para adaptarse a la creciente demanda.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos. La sanción es resultado de seis infracciones muy graves y una grave, que incluyen la imposición de cargos indebidos y cláusulas abusivas en los contratos. Esta resolución se considera firme tras el recurso administrativo resuelto por el ministro Pablo Bustinduy. La ley prohíbe trasladar gastos de gestión inmobiliaria a los inquilinos, lo que ha llevado a esta acción reguladora. Además de la multa económica, se exige a la inmobiliaria eliminar las cláusulas abusivas y hacer pública la sanción.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la solicitud de Airbnb para suspender el pago de una multa de 64.055.311 euros impuesta por el Ministerio de Consumo. Esta sanción se debe a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia y a prácticas comerciales engañosas. En julio de 2025, el ministerio ya había logrado la retirada de 65.000 anuncios ilegales de la plataforma. La multa incluye infracciones graves y leves relacionadas con la falta de información veraz sobre los anfitriones y la obstrucción a las inspecciones del ministerio. Tras esta decisión judicial, Airbnb puede presentar un recurso ante el mismo tribunal.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha presentado este lunes las medidas que el Gobierno español aprobará para proteger a los consumidores de las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Durante un acto conmemorativo del Día de las Personas Consumidoras, Bustinduy destacó la necesidad de un escudo energético para apoyar a las familias vulnerables y propuso intervenciones en el sector de vivienda debido a la crisis de alquileres. También abogó por regular los márgenes de beneficio de las grandes empresas para asegurar que las políticas fiscales beneficien realmente a los ciudadanos y no se traduzcan en ganancias extraordinarias para corporaciones. Además, se revisaron acciones previas del Ministerio de Consumo contra prácticas abusivas en el mercado.
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El Ministerio de Derechos Sociales y la Plataforma de Infancia han firmado un convenio que destina 20 millones de euros para transformar el sistema de protección a la infancia en España. Este acuerdo busca impulsar la desinstitucionalización y promover alternativas familiares para menores tutelados, garantizando su desarrollo en entornos similares a los hogares. La iniciativa incluye el acompañamiento técnico a recursos residenciales y se enmarca en el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea. Rosa Martínez, Secretaria de Estado de Derechos Sociales, destacó que este convenio representa un cambio significativo hacia un modelo más centrado en los derechos de los niños y niñas.
Ana Redondo, representante del Ministerio de Igualdad en España, ha afirmado que el país busca avanzar en la vanguardia de la igualdad y los derechos sociales. En un contexto político y social relevante, Redondo destaca la importancia de seguir impulsando políticas que promuevan la equidad y el bienestar para todos los ciudadanos. La declaración se enmarca dentro de las iniciativas del gobierno español para fortalecer los derechos sociales y mejorar la calidad de vida en la sociedad.
La UNRWA ha agradecido al Gobierno de España, a través del Ministerio de Derechos Sociales, una donación de casi un millón de euros destinada a atender a mujeres y niños con discapacidad en la Cisjordania ocupada. Esta contribución permitirá mejorar el acceso a servicios sanitarios y de rehabilitación para colectivos vulnerables que enfrentan dificultades debido a la violencia y las restricciones de movimiento en la región. Además, se prevé ofrecer asistencia técnica a centros comunitarios y desplegar unidades móviles para brindar apoyo en salud mental y psicosocial. La ayuda se suma a los 860.000 euros ya destinados por España en 2024 para apoyar a personas discapacitadas en Gaza.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reunió con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para discutir la prórroga de los contratos de alquiler que finalizan este año o en 2027. La OCU expresó su apoyo al decreto que permite esta prórroga, pero también solicitó medidas adicionales para abordar el problema estructural de la vivienda en España, incluyendo un aumento en la oferta de vivienda pública en alquiler y mayor seguridad jurídica para los inquilinos. Además, se destacó una sanción reciente a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos, impulsada por denuncias de la OCU.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se reunió con la presidenta de FACUA, Olga Ruiz, para discutir la reciente prórroga de los alquileres aprobada por el Consejo de Ministros. Ambos líderes enfatizaron la importancia de que los inquilinos ejerzan su derecho a solicitar esta prórroga, vigente desde el 22 de marzo. FACUA ha informado a sus más de 200.000 socios sobre este derecho y ha proporcionado un modelo de documento para facilitar las solicitudes a los arrendadores. Durante el encuentro, también se abordaron mejoras en la legislación sobre derechos de inquilinos, incluyendo propuestas para regular precios de alquiler y proteger a quienes enfrentan desahucios.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado el proceso de información pública para una nueva normativa que obligará a las grandes superficies comerciales, con una superficie igual o superior a 400 metros cuadrados, a etiquetar en braille los alimentos que contengan alérgenos y productos con sustancias peligrosas. Esta medida busca garantizar el derecho de las personas con discapacidad visual a recibir información accesible sobre los productos que adquieren, así como la opción de solicitar atención personalizada durante su compra. La norma también permitirá que la etiqueta en braille incluya información esencial como la marca, advertencias de peligro y fechas de caducidad. El proceso de consulta pública estará abierto hasta el 12 de abril, permitiendo la participación de organizaciones y ciudadanos.
Un análisis de la Dirección General de Ordenación del Juego revela un aumento del 23,5% en el número de mujeres que apuestan online en España, lo que equivale a casi 64.000 nuevas jugadoras en un año. Casi el 60% de estas mujeres son menores de 35 años. A pesar de este incremento, las mujeres representan solo el 16,9% de los apostadores online. Además, casi la mitad de las denuncias por suplantación de identidad en el juego son presentadas por mujeres, lo que sugiere problemas de seguridad digital y control financiero. El estudio también destaca patrones diferenciados en el gasto y la actividad de juego entre géneros, evidenciando una persistente masculinización del sector.
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