El Gobierno español ha aprobado un decreto que amplía los permisos de nacimiento y cuidado de hijos, aumentando el tiempo de 16 a 19 semanas, y hasta 32 semanas para familias monoparentales. La medida, respaldada por 313 diputados en el Congreso, incluye la posibilidad de disfrutar de semanas adicionales flexibles hasta que el niño cumpla ocho años, con retroactividad para nacimientos desde agosto de 2024. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha subrayado que esta iniciativa beneficiará a casi un millón de personas, mejorando su calidad de vida y permitiéndoles pasar más tiempo con sus hijos.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha otorgado ayudas directas al estudio a 1.113 personas con discapacidad en la IV convocatoria del Programa Reina Letizia para la Inclusión, con un presupuesto de 5.176.882 euros. Este programa busca promover la educación inclusiva y reducir la brecha educativa para personas con discapacidad, proporcionando recursos económicos y apoyo necesario para continuar su formación tras la ESO. Las ayudas cubren gastos relacionados con matrículas, desplazamientos y asistencia personal, beneficiando especialmente a grupos en situación de discriminación múltiple, como mujeres con discapacidad y personas con autismo. La mayoría de los beneficiarios son jóvenes menores de 31 años, lo que refleja el enfoque del programa en el desarrollo profesional y adquisición de competencias clave.
El Ministerio de Igualdad ha condenado el asesinato de una mujer de 34 años en la provincia de Badajoz, presuntamente a manos de su pareja. El cuerpo fue encontrado el 4 de agosto de 2025 y existían denuncias previas contra el agresor. Este caso eleva a 24 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va del año y a 1.318 desde 2003. La ministra Ana Redondo y la delegada Carmen Martínez han expresado su apoyo a las familias afectadas y han instado a la sociedad a trabajar para prevenir más muertes. Se recuerda la disponibilidad del teléfono 016 para asesoramiento y asistencia a víctimas de violencia de género.
El Gobierno de España ha enviado al Congreso un proyecto de ley para reformar las leyes de Dependencia y Discapacidad, aprobado por el Consejo de Ministros. Esta reforma busca consolidar la accesibilidad como un derecho, garantizar prestaciones a personas con discapacidad que trabajen y reducir la burocracia en el acceso a servicios. Se amplían los servicios disponibles, incluyendo asistencia personal y teleasistencia universal, y se eliminan incompatibilidades en las prestaciones. Además, se destinarán 783 millones de euros a financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La normativa también incluye nuevos derechos para usuarios, mejora en la calidad del empleo en el sector y promueve el uso de tecnología en los cuidados, abordando así las necesidades actuales del sistema.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha entregado al Ayuntamiento de Madrid los datos postales de más de 3.500 pisos turísticos ilegales. El ministro Pablo Bustinduy ha señalado que esta acción busca facilitar la inspección y sanción por parte del Consistorio, además de contribuir a recuperar vivienda para uso residencial. Esta medida es parte de un esfuerzo mayor para regular el sector turístico y garantizar el acceso a la vivienda en la capital española.
La Agencia de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una segunda inmobiliaria nacional por prácticas abusivas en la gestión del alquiler. Se investiga el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios no solicitados a inquilinos. Esta acción se enmarca dentro de las políticas de protección al consumidor y derechos sociales, destacando el compromiso del gobierno con la regulación del sector inmobiliario.
El Ministerio de Derechos Sociales ha lanzado un nuevo servicio para facilitar la comunicación de personas sordas y aquellas con dificultades en el habla. Este canal de atención escrita permitirá una comunicación telefónica accesible, mejorando así la inclusión y el acceso a servicios. La iniciativa se enmarca dentro del compromiso del gobierno con los derechos sociales y la Agenda 2030. Para más información, visita el enlace oficial.
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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado la urgencia de la crisis ecosocial durante la presentación del monográfico "Crisis ecosocial y ecofeminismos" del Instituto de la Juventud de España. Rego advirtió que el negacionismo climático, presente en algunos gobiernos, está bloqueando políticas públicas esenciales y afecta directamente a los derechos de las mujeres y la juventud. La ministra enfatizó que la crisis ecológica es una realidad actual, evidenciada por fenómenos como olas de calor e incendios forestales, y abogó por un modelo político que priorice el bienestar común y los límites planetarios.
El servicio 016, dedicado a la atención de todas las formas de violencia contra las mujeres, ha recibido 59.317 consultas en el primer semestre de 2025, lo que equivale a una media diaria de 329,3 atenciones. Este servicio, gestionado por el Ministerio de Igualdad, ofrece asesoramiento jurídico y apoyo psicosocial, y ha atendido un total de 1.402.465 llamadas desde su creación en 2007. Las víctimas representan el 76,3% de las consultas, destacando la importancia de este recurso durante los meses de verano, cuando se incrementan las agresiones. El 016 es gratuito, confidencial y disponible las 24 horas en múltiples idiomas.
El Ministerio de Derechos Sociales ha rendido homenaje a las víctimas del genocidio gitano en la Segunda Guerra Mundial, conocido como Samudaripen. Este acto cobra especial relevancia en el contexto del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península. Durante la ceremonia, el ministro Pablo Bustinduy destacó la importancia de reconocer el dolor y los horrores sufridos por esta comunidad a lo largo de la historia. La conmemoración incluyó una ofrenda floral y una actuación musical, y reunió a representantes institucionales y asociaciones gitanas. El evento busca preservar la memoria histórica y combatir el olvido, reafirmando el compromiso con una memoria democrática inclusiva y reparadora.
España y Chile han firmado un memorándum de cooperación entre sus ministerios de Derechos Sociales para impulsar sistemas de cuidados innovadores. Este acuerdo busca promover un enfoque de género y comunitario en la atención, acelerando el cambio en el modelo de cuidados en ambos países. La colaboración se enmarca dentro de los esfuerzos por avanzar en derechos sociales y mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Enma López, secretaria de Política Económica y Transformación Digital del PSOE, defendió en Murcia la postura del Gobierno español frente a las presiones de la OTAN para invertir el 5% del PIB, afirmando que no se recortarán derechos sociales. Durante su visita, destacó el impacto positivo de las políticas progresistas del Gobierno de Pedro Sánchez en la creación de empleo y desarrollo económico sostenible. López subrayó el compromiso del PSOE con la transparencia y la lucha contra la corrupción, asegurando que continuarán gobernando para mejorar la vida de los ciudadanos. La dirigente también resaltó que España lidera el crecimiento en la Eurozona. Para más información, visita el enlace.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una agencia inmobiliaria nacional por prácticas abusivas en la gestión del alquiler, como el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios no solicitados. Este es el segundo expediente de este tipo en poco tiempo, tras denuncias del Sindicato de Inquilinas y asociaciones de consumidores. Las infracciones podrían conllevar multas significativas, y se enmarcan en una investigación más amplia sobre el sector inmobiliario. La iniciativa busca proteger el derecho a la vivienda, considerado un bien de primera necesidad. Para más información, visita el enlace.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha convocado a los consejeros de Consumo de las comunidades autónomas para instarles a sancionar a las empresas que operan pisos turísticos ilegales. Durante la Conferencia Sectorial, Bustinduy enfatizó la importancia de que los gobiernos regionales tomen medidas efectivas contra esta problemática que afecta al sector del turismo y a la regulación del mercado inmobiliario.
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