Consumo

Consumo ha emitido una alerta alimentaria que afecta a tres lotes de queso rallado por la posible presencia de astillas de madera. Los productos involucrados son queso rallado Gouda de las marcas Alteza y Albéniz, así como un queso rallado Mozzarella & Provolone de la marca Froiz. Estos quesos han sido distribuidos en varias comunidades autónomas, incluyendo Andalucía y Galicia, y se recomienda a los consumidores no consumir los lotes afectados, que tienen el número 2426026 y fecha de caducidad del 5 de junio de 2026.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha iniciado una investigación sobre anuncios de viviendas en alquiler en grandes portales inmobiliarios que podrían estar ofreciendo precios superiores a los regulados por la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Esta ley exige que los anuncios incluyan información clara sobre los precios máximos permitidos en zonas tensionadas, así como el último precio de alquiler para propiedades particulares. El incumplimiento podría ser considerado una práctica desleal y conllevar sanciones. La medida busca mejorar la transparencia en el mercado de la vivienda y proteger a los consumidores.

La Dirección General de Ordenación del Juego ha presentado un innovador algoritmo para la detección precoz del juego problemático, que se basa en microdatos reales y será obligatorio para todos los operadores de juego. Esta herramienta tiene el potencial de aumentar en 10 puntos los porcentajes de detección actuales, que actualmente rondan el 3%. El algoritmo, desarrollado por Consumo, identifica patrones de conducta adictiva en jugadores online diagnosticados con trastorno de juego. Este avance busca mejorar la protección de las personas en riesgo y sus familias, alineándose con las políticas públicas basadas en evidencia científica.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España ha anunciado una investigación a empresas que ofrecen servicios o productos procedentes de los territorios palestinos ocupados por Israel. Esta medida se enmarca dentro del Real Decreto-ley 10/2025, aprobado recientemente para combatir el genocidio en Gaza. El artículo 4 de esta normativa prohíbe la publicidad de bienes y servicios de estas áreas, buscando limitar su comercialización. La iniciativa responde a un informe de la ONU que señala que algunas empresas se benefician económicamente de la ocupación ilegal. El ministro Pablo Bustinduy ha afirmado que se tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que ninguna empresa en España esté vinculada a actividades relacionadas con la ocupación israelí.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha logrado la retirada de 65.000 anuncios ilegales de Airbnb, tras el respaldo judicial a sus acciones. Además, se han identificado otros 55.000 anuncios que carecen del número de registro obligatorio según la legislación vigente. Esta medida reafirma el compromiso del ministerio de garantizar el derecho a la vivienda y hacer cumplir la legalidad frente a los intereses de grandes multinacionales. La Unidad de Análisis de Consumo continuará su labor para detectar y denunciar más anuncios ilegales en plataformas de alquiler turístico.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha entregado al Ayuntamiento de Madrid los datos postales de más de 3.500 pisos turísticos ilegales. El ministro Pablo Bustinduy ha señalado que esta acción busca facilitar la inspección y sanción por parte del Consistorio, además de contribuir a recuperar vivienda para uso residencial. Esta medida es parte de un esfuerzo mayor para regular el sector turístico y garantizar el acceso a la vivienda en la capital española.

La Agencia de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una segunda inmobiliaria nacional por prácticas abusivas en la gestión del alquiler. Se investiga el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios no solicitados a inquilinos. Esta acción se enmarca dentro de las políticas de protección al consumidor y derechos sociales, destacando el compromiso del gobierno con la regulación del sector inmobiliario.

El Ministerio de Consumo está promoviendo una nueva regulación para prohibir los incrementos abusivos de precios en situaciones de emergencia, como se ha denunciado tras el accidente de tren en Adamuz. Esta medida forma parte del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible y busca evitar que las empresas utilicen precios dinámicos para aumentar tarifas en circunstancias críticas. La regulación obligará a las compañías a informar con antelación sobre los precios, garantizando así la protección de los consumidores. Además, se recuerda a los pasajeros afectados por la suspensión del tráfico ferroviario sus derechos, incluyendo el acceso a transporte alternativo y reembolsos por gastos incurridos.

El Ministerio de Consumo ha sancionado a siete grandes empresas, incluyendo Mediamarkt, Carrefour, PC Componentes, Notino Italia y Gestaweb 2020, con un total de 350.000 euros por prácticas engañosas durante el Black Friday de 2023. Estas empresas fueron multadas por aumentar los precios antes del evento para luego ofrecer descuentos que no eran reales. La campaña de vigilancia implementada busca prevenir fraudes y garantizar la transparencia en las promociones. Las sanciones incluyen la obligación de retirar las falsas rebajas y una publicidad accesoria que revela su identidad. Además, se advierte sobre patrones oscuros como precios por goteo y técnicas de venta bajo presión que pueden inducir a error a los consumidores.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado las sanciones impuestas por el Ministerio de Consumo a siete empresas por realizar falsas rebajas durante el Black Friday. Estas compañías manipularon precios, subiéndolos antes del evento para luego ofrecer descuentos engañosos. El tribunal desestimó las medidas cautelares solicitadas por una de las empresas sancionadas y ordenó el depósito de un aval de 110.000 euros. Tres de las empresas admitieron haber incurrido en estas prácticas, mientras que las otras cuatro presentaron recurso. Esta decisión refuerza la protección al consumidor y asegura que se cumpla la normativa sobre indicación de precios en períodos de rebajas.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha alertado sobre un aumento del 21,63% en el número de jugadores online en 2024, coincidiendo con la reintroducción de los bonos de bienvenida por parte de las casas de apuestas. Estos incentivos, que habían estado prohibidos hasta abril de 2024 tras una sentencia del Tribunal Supremo, han llevado al ministerio a proponer una enmienda para prohibirlos en la futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela. La Memoria de Actividad del Juego revela que los operadores obtuvieron más de 8.000 millones de euros en ganancias, destacando el crecimiento del juego online y un incremento significativo en las cuentas activas. Además, se observa que la mayoría de los jugadores son hombres jóvenes entre 18 y 45 años.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha abierto un nuevo expediente sancionador a una aerolínea low cost, marcando el sexto caso de este tipo. Las acusaciones incluyen prácticas abusivas como el cobro por equipaje de mano y la reserva de asientos para menores o personas dependientes. Las sanciones podrían alcanzar hasta un millón de euros, basadas en infracciones graves y muy graves según la Ley General para la Defensa de los Consumidores. Esta acción se fundamenta en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que prohíbe dichos cargos adicionales. España ha sido pionera en Europa al imponer multas significativas a aerolíneas por estas prácticas, con un total de 179 millones de euros ya sancionados a varias compañías.

El Ministerio de Consumo ha forzado a Booking a retirar más de 4.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en España, tras una sentencia que exige que las viviendas estén identificadas con un número de licencia válido. Esta acción se suma a la reciente victoria judicial contra Airbnb, que resultó en la eliminación de 65.000 anuncios irregulares. La medida busca combatir el alquiler fraudulento y mejorar el acceso a la vivienda, ya que muchos anuncios presentan licencias falsificadas o no especifican si son alquilados por particulares o profesionales. El Gobierno confía en que estas acciones ayudarán a reducir los precios del alquiler y proteger a las familias trabajadoras.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha convocado a los consejeros de Consumo de las comunidades autónomas para instarles a sancionar a las empresas que operan pisos turísticos ilegales. Durante la Conferencia Sectorial, Bustinduy enfatizó la importancia de que los gobiernos regionales tomen medidas efectivas contra esta problemática que afecta al sector del turismo y a la regulación del mercado inmobiliario.