El juez Adolfo Carretero no ha aceptado la renuncia de la actriz Elisa Mouliaá en el caso contra Íñigo Errejón, acusado de abuso sexual. Mouliaá había anunciado su intención de retirar la acusación a través de un comunicado en redes sociales, pero el magistrado consideró que no era válido por falta de firma legal. Se ha citado a Errejón para el 17 de febrero con el fin de notificarle la apertura del juicio oral. Tras conocer la posición de la Fiscalía, que pide su absolución alegando consentimiento, Mouliaá se ha retractado y ha decidido continuar con el proceso judicial, afirmando que su denuncia es veraz y pidiendo apoyo a otras víctimas.
La Unidad Central Operativa (UCO) ha informado al juez Juan Carlos Peinado que no existen "hechos nuevos" que justifiquen continuar la investigación sobre Begoña Gómez en relación con el rescate de Air Europa. Esta decisión se produce tras la solicitud del magistrado, quien había recibido un escrito indicando la posibilidad de nuevos elementos en el caso, a pesar de que la Audiencia de Madrid ya había determinado que esta vía estaba agotada. La UCO concluyó que los contactos mencionados en el escrito no son verificables y no aportan información suficiente para abrir una nueva investigación.
La Fiscalía ha acusado a Leire Díez, vinculada al PSOE, de liderar un "plan delictivo" con el objetivo de desacreditar a la Fiscalía Anticorrupción y a la Guardia Civil. Según el sumario del caso, Díez y el empresario Javier Pérez Dolset intentaron sobornar a dos fiscales para obtener información que perjudicara a estas instituciones. Los fiscales denunciantes relatan intentos de manipulación de pleitos que involucran tanto a políticos como a empresarios, buscando anular investigaciones relevantes. La Fiscalía considera que existe una conexión evidente entre los denunciados y sus acciones presuntamente coordinadas para desprestigiar a los jefes de la UCO y de Anticorrupción.
La Fiscalía ha solicitado una pena de tres años y nueve meses de prisión para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. La acusación se basa en un presunto fraude de 350.910 euros relacionado con el Impuesto de Sociedades durante los ejercicios 2020 y 2021. La jueza Inmaculada Iglesias ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado tras una inspección de Hacienda que reveló irregularidades. Además, González Amador enfrenta otra investigación por administración desleal y corrupción en los negocios. A pesar de las implicaciones legales, el PP defiende que estos problemas son ajenos a Ayuso.
Un grupo de ultraderecha ha convocado una "cacería" contra migrantes en Torre-Pacheco, Murcia, a través de un canal de Telegram con más de 1.000 miembros. Los organizadores han fijado las fechas del 15 al 17 de julio para llevar a cabo esta acción, animando a otras redes antimigrantes a participar. Las fuerzas de seguridad están al tanto y han desplegado un centenar de agentes en la zona, mientras que la Fiscalía de Delitos de Odio investiga posibles delitos relacionados con incitación a la violencia. El alcalde de Torre-Pacheco ha pedido el cese de estos llamamientos violentos, pero sus advertencias han sido ignoradas por los convocantes. La situación ha generado gran preocupación en el Ministerio del Interior, que está monitoreando activamente estas actividades.
El PSOE ha entregado a la Fiscalía un 'pen drive' con información recopilada por la exmilitante Leire Díez, que contiene más de 2.000 documentos sobre casos relacionados con el fraude de los hidrocarburos. La portavoz del partido, Esther Peña, afirmó que buscan esclarecer la verdad y tomar las medidas necesarias. Díez, quien se enfrenta a acusaciones, defiende su labor como periodista y asegura que su investigación está destinada a un libro programado para publicarse en 2025. Esta situación ha generado un debate sobre la transparencia dentro del partido y posibles demandas por calumnias.
El abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que envió un correo a la Fiscalía reconociendo dos delitos fiscales a petición de su cliente, quien buscaba una solución que causara "menos ruido". Durante su testimonio en el Tribunal Supremo, el letrado explicó que presentó esta confesión para agilizar el proceso legal y evitar un juicio. La filtración del correo está relacionada con la investigación al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos. Neira también admitió no haber reenviado el correo original al fiscal y se acogió al secreto profesional respecto a contactos posteriores con la Fiscalía.
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Elisa Mouliaá ha expresado su indignación hacia la Fiscalía tras su decisión de solicitar la absolución de Íñigo Errejón en un caso de abusos sexuales. La actriz, que había retirado previamente la acusación, ahora afirma que no puede permitir que esta situación quede impune y que irá "hasta el final". Mouliaá critica el cambio de postura de la Fiscalía, que inicialmente consideró que no hubo consentimiento por parte de la denunciante. En el escrito reciente, se detalla cómo se desarrollaron los hechos entre ambos, concluyendo que no hay delito y recomendando la absolución del acusado.
Los técnicos de hospitales en Andalucía habrían recibido instrucciones para no notificar mamografías dudosas, ya que un programa informático implementado en 2022 se encargaría de concertar citas automáticamente. Este sistema ha mostrado fallos, revelando un modelo obsoleto que, según el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, no funciona adecuadamente. La Fiscalía ha abierto diligencias tras recibir denuncias sobre estos problemas en el cribado para la detección precoz del cáncer de mama, incluyendo acusaciones de borrado de historiales médicos. La Junta ha negado cualquier manipulación de informes o datos relacionados con las mamografías.
El último juicio de la trama Gürtel se celebra en la Audiencia Nacional, donde 26 acusados, incluyendo a Francisco Correa, enfrentan cargos por delitos fiscales, blanqueo de capitales y falsedad documental. Este proceso judicial marca el cierre de una investigación que ha durado 16 años y ha implicado a numerosos políticos del PP. Correa y otros acusados han alcanzado acuerdos con la Fiscalía para reducir sus penas a cambio de reconocer los hechos. El juicio se extenderá hasta el 20 de noviembre y representa un momento crucial en la lucha contra la corrupción en España. El Partido Popular defiende que ya ha asumido responsabilidades políticas por este caso y pide mayor rapidez en la justicia.
La Fiscalía Superior de Murcia ha iniciado una investigación sobre las declaraciones del líder de Vox en la región, José Ángel Antelo, por un posible delito de odio. Esta acción se produce tras denuncias presentadas por PSOE, Izquierda Unida y Podemos, en respuesta a comentarios de Antelo que abogan por deportar a todos los migrantes. La controversia surge en medio de disturbios en Torre-Pacheco relacionados con agresiones a migrantes, donde se han convocado cacerías a través de redes sociales. La fiscal delegada de delitos de odio será la encargada de llevar a cabo esta investigación, analizando tanto las declaraciones del político como las publicaciones en línea vinculadas a los recientes altercados.
Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, declara ante el juez en relación a una trama de presuntas mordidas por adjudicaciones de obra pública. La Fiscalía solicita prisión para Cerdán, quien afirma estar siendo víctima de un "acto de persecución política". Esta declaración se produce tras su dimisión el 12 de junio.
Leire Díez abandona el PSOE en medio de un escándalo político-judicial que podría tener repercusiones significativas. Denunciada por delitos graves, su salida ha desatado un 'mapa' lleno de interrogantes y potenciales conflictos institucionales. La Fiscalía investiga varias denuncias en su contra, que incluyen cohecho y tráfico de influencias, lo que podría llevar a citaciones judiciales. Además, se han solicitado comparecencias en comisiones parlamentarias que podrían afectar la estabilidad del PSOE y del gobierno de Pedro Sánchez. Este caso no solo es una crisis interna del partido, sino un laberinto con múltiples implicaciones políticas y judiciales que se desarrollará en los próximos meses.
La Asociación Arcópoli, defensora de los derechos del colectivo LGTBI+, ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio en respuesta a una creciente ola de ataques y difamaciones. La entidad busca proteger su reputación y hacer frente a las acusaciones falsas que ha recibido recientemente. Esta acción judicial subraya el compromiso de Arcópoli en la lucha contra los delitos de odio y la defensa de los derechos humanos. Para más información, visita el enlace.
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