La Fiscalía de Barcelona ha iniciado una investigación histórica sobre las torturas cometidas por la Policía franquista en la comisaría de Vía Laietana, tras una denuncia presentada por Blanca Serra, quien fue detenida en 1977 y sufrió malos tratos físicos y psíquicos. Esta acción pionera se enmarca dentro de la nueva ley de Memoria Democrática, que busca garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. La investigación es un paso significativo hacia el reconocimiento de las atrocidades del pasado y pretende facilitar el acceso a archivos policiales y testimonios. Activistas piden que la comisaría se convierta en un centro de memoria histórica.
Más Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Madrid, acusando al alcalde José Luis Almeida y a la Agencia de Actividades de permitir la proliferación de más de 15.000 viviendas turísticas ilegales en la capital. La portavoz del grupo, Rita Maestre, sostiene que la inacción del Ayuntamiento no es mera pasividad, sino un consentimiento deliberado hacia la ilegalidad. Esta denuncia se basa en el artículo 320 del Código Penal, que penaliza a las autoridades que omiten inspecciones obligatorias. A pesar de las advertencias y datos proporcionados por el Ministerio de Consumo sobre los alojamientos ilegales, Almeida ha mostrado una falta de respuesta efectiva, lo que agrava la crisis habitacional en Madrid. Más Madrid exige una investigación exhaustiva y acciones inmediatas para proteger los derechos de los ciudadanos frente a intereses económicos desmedidos.
La Fiscalía Provincial de Valencia ha decidido no imputar a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, por su gestión durante la DANA del 29 de octubre. Según el fiscal Cristóbal Melgarejo, su papel se limitó a coordinar entre administraciones, ya que no se declaró la emergencia de interés nacional. La Fiscalía respalda la decisión de la jueza instructora y subraya que corresponde a la Generalitat gestionar emergencias. Esta conclusión se produce tras un recurso de Hazte Oír, que fue expulsado del caso. La Fiscalía argumenta que no se puede responsabilizar a Bernabé por decisiones que competen a otros organismos.
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha enfatizado la importancia de la especialización en medio ambiente del Ministerio Fiscal en España, destacando que sin la Fiscalía no sería posible construir una defensa efectiva del medioambiente. Durante la inauguración de las XV Jornadas de Fiscales Especialistas en Medio Ambiente y Urbanismo en Ávila, García Ortiz rindió homenaje al pionero Antonio Vercher por su contribución a esta especialidad. Las jornadas abordarán temas como zonas de bajas emisiones, protección penal y delitos medioambientales, con la participación de expertos y fiscales de diversas regiones.
Quienes desde la derecha, centro, o izquierda se consideren demócratas, deben coincidir en que el mayor peligro para esa democracia y por tanto para nuestra libertad hoy en día son las mentiras, manipulaciones, bulos, o lo que algunos bienintencionados denominan “fake news”, quizás para que al ponerlo en ingles adquiera una menor relevancia.
El Tribunal Supremo pide a la Fiscalía un informe sobre las acciones presentadas contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. En una diligencia de ordenación dictada hoy, el tribunal acuerda acumularlas en una única causa.
Presuntamente es autor de los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental. Han sido intervenidos 30.000€ en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros por valor de más de dos millones.
|
Arcópoli, la entidad defensora de los derechos LGBTI+, ha denunciado el discurso de odio expresado por la diputada Isabel Pérez Moñino del partido VOX en la Asamblea de Madrid. La organización ha enviado una denuncia a la fiscalía en respuesta a las declaraciones realizadas durante su intervención. Este acto resalta la creciente preocupación sobre el lenguaje y las actitudes discriminatorias en el ámbito político. Para más detalles, visita el enlace completo.
El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, desafía al rey emérito Juan Carlos I al negarse a retractarse en una querella por injurias, lo que podría llevar el caso a juicio. Revilla sostiene que no necesita nuevas pruebas para su defensa, basándose en los argumentos que llevaron a la Fiscalía del Tribunal Supremo a archivar causas contra el monarca. Aunque la querella afecta solo a Revilla, el juicio podría reabrir viejas heridas y aumentar la presión sobre Juan Carlos I, cuya reputación ya se ve afectada por escándalos financieros y su exilio en Abu Dabi. La situación plantea interrogantes sobre si este proceso judicial podría cambiar el escenario legal del rey emérito.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ha decidido internar en régimen cerrado a tres menores detenidos por la muerte de una educadora social en una vivienda tutelada. Esta medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía de Menores de Badajoz, que investiga los delitos de homicidio, robo con violencia y contra la seguridad vial. El juzgado, que actuó como guardia, se inhibirá a favor del Juzgado de Menores de Badajoz para continuar con el caso.
Un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha decidido el sobreseimiento de las actuaciones relacionadas con las presuntas filtraciones de exámenes en la OPE de Osakidetza 2016-2017. La sentencia indica que no se han encontrado indicios suficientes para justificar la implicación de los investigados, excepto en el caso de dos personas vinculadas a la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, quienes enfrentarán un sobreseimiento provisional. Este procedimiento se inició tras una denuncia de la Fiscalía por posibles delitos relacionados con la revelación de secretos. El auto tiene 164 páginas y no es firme, pudiendo ser objeto de recurso. Para más información, visita el enlace.
La Sección Cuarta rechaza la solicitud de la Fiscalía y considera que no ha lugar a decretar su ingreso en prisión provisional porque entiende que el riesgo de fuga es “inexistente”. El Tribunal, que le condenó el pasado mes de octubre a 10 años y 5 meses de prisión, impone al penado como medidas cautelares la retirada de pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer el primer lunes de cada mes en el juzgado de su domicilio.
La Audiencia de Valencia le considera autor de los delitos de falsedad documental y estafa. El acusado reconoció los hechos y aceptó las penas solicitadas por la Fiscalía en un juicio celebrado por conformidad de las partes.
Más Madrid ha conseguido que la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid debata la petición de un pleno extraordinario para abordar los escándalos relacionados con los contratos menores en los centros de Formación Profesional.
|
