El lobby fósil socava la ambición climática de la UE hacia 2040

Conclusión: La regresión de la ambición climática europea

Durante el mandato de la Comisión Europea 2019-2024, el Pacto Verde Europeo se estableció como una de las prioridades políticas más relevantes dentro de la Unión Europea. A pesar de que estos avances fueron pasos fundamentales para abordar la crisis climática, desde su inicio se consideraron insuficientes ante la urgencia que la ciencia había documentado.

La Legislación Europea sobre el Clima marcó un hito al fijar objetivos jurídicamente vinculantes para 2030 y 2040, con miras a alcanzar la neutralidad climática en 2050. Sin embargo, ya entonces resultaba problemático que esta norma se centrara en el concepto de “neutralidad” sin hacer énfasis explícito en la reducción real de emisiones, lo que abrió la puerta a mecanismos contables que permiten evadir una descarbonización efectiva.

Medidas del paquete "Fit for 55"

Las medidas incluidas en el paquete “Fit for 55”, orientadas a cumplir con los objetivos para 2030, presentaron tanto aspectos positivos como negativos desde su concepción. La expansión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión a nuevos sectores mediante el ETS2 y una mayor reducción de emisiones representaron un cambio hacia una dirección más favorable. No obstante, la lógica de mercado inherente a este mecanismo favorece sistemáticamente a las grandes empresas y refuerza un sistema económico que contradice los objetivos de sostenibilidad propuestos.

Además, el Fondo Social para el Clima, diseñado para mitigar los impactos sociales del ETS2 sobre las poblaciones más vulnerables, nació con recursos limitados en comparación con los ingresos generados por los mercados de carbono. Es crucial que una mayor parte de estos fondos se destine directamente a fines sociales y justicia climática, en lugar de alimentar el mismo sistema financiero que ha contribuido a la crisis actual.

Mecanismos e incertidumbres

El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono intentó abordar las fugas de carbono provocadas por la deslocalización productiva debido al coste de las políticas ambientales; sin embargo, su implementación ha estado marcada por constantes incertidumbres. Las exenciones introducidas y los retrasos en su aplicación han reducido drásticamente su eficacia y generan dudas sobre su capacidad para asegurar una reducción efectiva de emisiones a nivel global.

A pesar del avance que supuso el Reglamento de Reparto del Esfuerzo al establecer objetivos nacionales vinculantes para sectores clave como transporte por carretera, edificios y agricultura, los amplios mecanismos de flexibilidad incorporados debilitan su impacto real y pueden permitir que algunos Estados miembros pospongan indefinidamente las acciones climáticas necesarias.

Cambio hacia energías renovables

La Directiva de Energías Renovables contribuyó a disminuir la dependencia europea respecto a combustibles fósiles; no obstante, la aceleración en los procedimientos sin suficientes salvaguardias sociales y ambientales ha generado alarmas justificadas. La transición energética debe realizarse bajo criterios de justicia social tanto en la extracción como en la implementación territorial.

Particularmente preocupante es la persistencia de incentivos hacia ciertos biocombustibles como la soja, cuyas consecuencias negativas sobre la deforestación están documentadas. Asimismo, se observa una aceleración en proyectos relacionados con hidrógeno controlados por las mismas empresas fósiles que deberían estar en proceso de desmantelamiento. Las reformas relacionadas con eficiencia energética también constituyen avances positivos, destacando iniciativas para reducir el consumo energético y combatir la pobreza energética mediante ventanillas únicas para atención ciudadana.

Pacto Verde Europeo: Un cambio normativo profundo

A pesar del profundo cambio normativo que supuso el Pacto Verde Europeo durante ese ciclo legislativo, era evidente que era necesario aumentar la ambición climática y reforzar un enfoque basado en justicia social y territorial. La transformación ecosocial debía acelerarse para enfrentar adecuadamente la emergencia climática; sin embargo, este impulso requería ser planificado democráticamente, colocando a las personas y al planeta en el centro de las políticas públicas.

Informe Draghi: Desmantelamiento normativo

El actual ciclo legislativo europeo está marcado por el Informe sobre el futuro de la competitividad europea elaborado por Mario Draghi. Este documento representa una continuidad con una ortodoxia económica neoliberal que prioriza recortes institucionales y desregulación del mercado, planteando riesgos significativos para la sostenibilidad ambiental.

Desde noviembre de 2024, cuando fue ratificada la nueva Comisión compuesta mayoritariamente por miembros del Partido Popular Europeo y liberales de Renew, el informe Draghi se ha convertido en la hoja de ruta política para los próximos cinco años. Este giro fue formalizado en marzo de 2025 mediante la Declaración de Budapest, priorizando desregulación bajo el término “simplificación” respecto a elementos cruciales como protección ambiental y legislación climática.

Cambio político e impacto ambiental

Este nuevo ciclo contrasta notablemente con el anterior impulsado por el Informe Stern, que evidenciaba cómo ignorar las cuestiones ambientales podría resultar mucho más costoso económicamente. El Informe Stern fue clave para impulsar el Acuerdo de París y orientar a Europa hacia una transición energética basada en fuentes renovables. Sin embargo, cambios políticos recientes han revertido esta tendencia.

A lo largo del tiempo se ha consolidado un llamamiento político manifestado en ocho leyes ómnibus que desmantelan sistemáticamente normativa climática y ambiental. Estas leyes interrumpen durante dos años informes sobre sostenibilidad e impiden avances necesarios relacionados con baterías o controles agrícolas mientras destinan recursos significativos a defensa sin considerar principios ambientales adecuados.

Efectos nocivos del octavo ómnibus

Particularmente grave es lo dispuesto en el octavo ómnibus: limita evaluaciones solo a operaciones propias permitiendo ocultar delitos mediante terceras empresas. Se eliminan planes obligatorios para transición climática y se establecen límites máximos a sanciones económicas. Además, moviliza grandes sumas para infraestructuras sin incluir salvaguardias contra financiación gasista o nuclear.

Desconexión entre ciencia e intereses empresariales

La revisión estratégica a largo plazo revela una peligrosa desconexión entre urgencias científicas y voluntad política. Lo que comenzó como un proceso fundamentado técnicamente ha sido comprometido por un cambio político que prioriza desregulación frente a supervivencia climática.

A pesar del valor científico óptimo presentado anteriormente, un giro hacia posturas neoliberales ha alterado significativamente este rumbo. La adopción reciente refleja claudicación ante intereses económicos perjudiciales mientras se priorizan créditos carbonos cuya integridad sigue siendo cuestionable.

Necesidad urgente de actualización normativa

Como miembro activo dentro del marco europeo, España no establece objetivos propios específicos sino que asume compromisos europeos ante acuerdos internacionales como París. Para cumplir con objetivos concretos hasta 2040 es esencial tener presente su responsabilidad histórica respecto al clima.

Dada su situación geográfica expuesta a sequías e incendios frecuentes debido al cambio climático, resulta crucial aplicar precauciones específicas relacionadas con sumideros naturales. El cambio hacia competitividad afectará inevitablemente políticas climáticas nacionales; revisiones programadas podrían priorizar simplificaciones normativas antes que objetivos concretos necesarios para cumplir compromisos internacionales.

Papel fundamental del activismo social

Sin estrategias integrales enfocadas en justicia social y protección ambiental frente intereses empresariales predominantes hoy día España podría perpetuar sistemas destructivos incapaces cumplir compromisos internacionales establecidos previamente.
La sociedad civil europea junto movimientos progresistas tienen responsabilidad exigir retorno al rigor científico dentro políticas climáticas antes inercia negativa lleve Europa irreversible crisis medioambiental futura.

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