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El Partido Popular (PP) ha rechazado la moción de Vox sobre la "prioridad nacional" en el Congreso, a pesar de haber firmado un acuerdo en Extremadura que incluye este concepto. La negativa del PP se debe a que Vox no aceptó una enmienda presentada por ellos que buscaba adaptar la moción a su pacto. Vox, liderado por Santiago Abascal, defiende que los españoles deben tener prioridad en ayudas públicas y prestaciones sociales, mientras que el PP insiste en que esta prioridad debe estar basada en el arraigo y conforme a la Constitución. La propuesta de Vox ha sido criticada por partidos de izquierda, quienes la consideran excluyente y racista.

Jorge Azcón, presidente del PP de Aragón, defiende el acuerdo de gobierno alcanzado con Vox, que incluye el controvertido principio de "prioridad nacional". Azcón asegura que el pacto es legal y asumido por ambas partes, y destaca su compromiso para cumplir con todas las medidas acordadas. Alejandro Nolasco, portavoz de Vox, critica los obstáculos impuestos por Génova, aunque celebra el acuerdo que les otorga tres consejerías. El pacto se considera una respuesta natural a los resultados electorales y busca garantizar cuatro años de estabilidad política en Aragón.

Pedro Saura, ex secretario de Estado de Infraestructuras, declaró en el juicio del caso mascarillas que llamó a Víctor de Aldama tras una petición de Koldo García, asesor de José Luis Ábalos. Saura expresó su descontento por esta solicitud y la presencia de Aldama en su despacho para discutir un posible rescate de Air Europa. En su testimonio, destacó la importancia de ser escrupulosos en la tramitación del rescate debido a la situación política y legal del momento. Además, mencionó que las decisiones sobre las ayudas eran competencia de la SEPI y que había preocupación por los retrasos en el rescate.

El Gobierno de España ha propuesto ampliar el Servicio Universal de Telecomunicaciones a 800.000 hogares, elevando la velocidad mínima de conexión a internet de 10 Mbps a 100 Mbps. Esta medida, que busca garantizar servicios de telecomunicación asequibles y de calidad para todos los ciudadanos, posicionará a España como el primer país europeo en ofrecer esta velocidad dentro del marco del Servicio Universal. La iniciativa también incluye nuevas funcionalidades para personas con diversidad funcional y descuentos en tarifas para usuarios con rentas bajas, beneficiando a quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital. Se espera que este nuevo régimen entre en vigor el 1 de enero de 2027.

El 23 de abril de 2026 comienza la adjudicación de 12.362 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) por parte del Ministerio de Sanidad. Este proceso se desarrollará tanto de forma presencial como electrónica, permitiendo a los aspirantes elegir sus especialidades en Medicina, Enfermería, Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física. Las fechas clave incluyen el 23 de abril para las titulaciones de Farmacia y otras ciencias, el 24 de abril para Enfermería y el 4 de mayo para Medicina. La toma de posesión será entre el 4 y el 5 de junio. Además, se prevé una segunda adjudicación para cubrir vacantes tras el proceso ordinario.

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) celebra su 40 aniversario como un pilar fundamental en la ciencia y la salud pública del sistema sanitario español. En un evento conmemorativo, las ministras de Sanidad y Ciencia destacaron la importancia de fortalecer la investigación pública ante los desafíos actuales. Desde su creación en 1986, el ISCIII ha sido clave en la integración de la investigación biomédica en el sistema de salud, contribuyendo a un aumento significativo en la esperanza de vida en España. Su labor incluye vigilancia epidemiológica, financiación de proyectos científicos y respuesta a emergencias sanitarias, como la pandemia de COVID-19. En su trayectoria, ha colaborado con más de 31,000 profesionales en diversas instituciones y continúa enfocándose en áreas como medicina de precisión y preparación ante crisis sanitarias.

Ana Redondo, representante del Ministerio de Igualdad en España, ha afirmado que el país busca avanzar en la vanguardia de la igualdad y los derechos sociales. En un contexto político y social relevante, Redondo destaca la importancia de seguir impulsando políticas que promuevan la equidad y el bienestar para todos los ciudadanos. La declaración se enmarca dentro de las iniciativas del gobierno español para fortalecer los derechos sociales y mejorar la calidad de vida en la sociedad.

Pedro Sánchez, durante la inauguración del Panel de Expertos en Inteligencia Artificial de Naciones Unidas en el Congreso de los Diputados, abogó por una inteligencia artificial (IA) "responsable y humanista", que beneficie a todos sin dejar a nadie atrás. En su discurso, destacó la necesidad de establecer reglas comunes para gobernar esta tecnología, actualmente dominada por un pequeño grupo de empresas. Sánchez subrayó la importancia del multilateralismo y la colaboración entre gobiernos, academia y sector privado para asegurar que la IA avance en consonancia con los valores democráticos y el bienestar social. Además, enfatizó que la regulación debe ser inclusiva y no dejar el poder en manos de unos pocos, instando a una acción decidida para enfrentar los desafíos éticos y sociales que plantea la IA.

Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno, reafirmó la voluntad política de su Ejecutivo para culminar los acuerdos con los grupos parlamentarios que apoyaron su investidura. Destacó la importancia de abordar tanto las necesidades urgentes como los objetivos estratégicos, mencionando la convalidación de Reales Decretos-leyes y el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que moviliza 7.000 millones de euros. Además, subrayó medidas para mejorar la educación y la protección civil frente a emergencias climáticas. Sánchez también defendió el proceso de regulación migratoria y citó elogios internacionales sobre la economía española, destacando que por primera vez en 16 años, España tendrá menos deuda pública que la media mundial.

El Congreso de España busca reformar su reglamento para introducir sanciones más severas tras el incidente protagonizado por el diputado de Vox, José María Sánchez. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha solicitado la colaboración de los grupos parlamentarios para endurecer las normas ante comportamientos que atentan contra los valores democráticos. Mientras que todos los partidos, excepto el PP y Vox, apoyan esta iniciativa, el PP se opone argumentando que hay reformas más prioritarias. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de aplicar sanciones más estrictas en casos similares en el futuro.