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El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha subrayado la relevancia de reconocer que la violencia de género también se manifiesta a través de los hijos e hijas, tanto de manera directa como instrumental. Durante la inauguración del curso ‘Víctimas de violencia de género. Mujeres e hijas/os. Instrumentalización de los y las menores en contextos de violencia de género. Violencia vicaria’, enfatizó la necesidad de abordar esta problemática desde diversas perspectivas para proteger mejor a las víctimas. Cuarenta fiscales recibirán formación especializada en temas como el feminicidio, infanticidio y la protección legal de las víctimas, con el objetivo de mejorar su labor en este ámbito crítico.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado la importancia de que el ordenamiento jurídico español incluya la violencia vicaria para garantizar la seguridad jurídica de los menores hijos de víctimas de violencia de género. Durante su intervención, Redondo destacó la necesidad de priorizar el interés superior del menor y abogó por una revisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en respuesta al aumento de casos de violencia vicaria en los últimos años. La ministra enfatizó que los niños deben crecer en un entorno seguro y armonioso, lejos de sus maltratadores.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido remitir un comunicado del abogado de Juana Rivas al Colegio de Abogados de Granada para su evaluación por la comisión de ética. La Sala de Gobierno considera que el contenido del comunicado, que incluye ataques personales e institucionales a una magistrada, no es razonable ni proporcionado para el ejercicio del derecho de defensa. Además, subrayan la importancia de la crítica judicial en un Estado de Derecho, pero enfatizan que ciertas expresiones en el comunicado menoscaban el respeto hacia la independencia del Poder Judicial y generan desconfianza en la ciudadanía. Esta decisión se produce tras una solicitud de amparo presentada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada.

El Ministerio del Interior de España ha presentado un nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género, que incluye el Sistema VioGén 2 y el Protocolo 2025. Esta iniciativa busca mejorar la gestión y protección de las víctimas mediante una plataforma digital avanzada que incorpora tecnología innovadora y actualiza los procedimientos existentes desde 2018. El Sistema VioGén 2 permite una mejor valoración del riesgo y mayor interconexión con otras bases de datos, mientras que el Protocolo 2025 establece pautas claras para la gestión de casos y medidas de protección. Este enfoque integral refuerza el compromiso del gobierno en la lucha contra la violencia de género.

El Ministerio de Igualdad ha subrayado la importancia de que prevalezca el interés superior del menor en el caso del hijo pequeño de Juana Rivas, en medio de incertidumbres sobre la jurisdicción judicial en España. La ministra Ana Redondo enfatiza que es fundamental escuchar al menor, garantizar su seguridad y evitar su convivencia con un maltratador. Además, se recuerda que diversos juzgados pueden intervenir para proteger al niño, conforme a las obligaciones del Estado español bajo tratados internacionales. Redondo también aboga por avanzar en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para abordar adecuadamente casos de violencia vicaria.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada ha rechazado la inhibición del Juzgado de Instrucción número 4 respecto al regreso de un menor a Italia, argumentando que los hechos denunciados no corresponden a violencia de género. A pesar de esta decisión, el menor permanecerá en España debido a una orden provisional anterior. La situación genera un posible conflicto entre juzgados que deberá ser resuelto por el Decanato o la Audiencia de Granada. Además, se están tramitando diligencias sobre un presunto maltrato del padre hacia el menor ocurrido en Italia, aunque estas fueron archivadas provisionalmente por falta de indicios suficientes. Se ha solicitado la remisión urgente de los hechos a las autoridades judiciales italianas competentes.

Un Juzgado de lo Social en Cáceres ha fallado a favor de una mujer cuyo derecho a la prestación por cuidado de su hijo con una discapacidad del 93% fue denegado por la Seguridad Social. La demandante, enfermera, había solicitado la reducción de jornada y la prestación económica debido a la grave condición de su hijo, que presenta parálisis cerebral y discapacidad cognitiva severa. La sentencia subraya que el grado de dependencia requiere cuidados especiales más allá de los ordinarios. Aunque el fallo no es firme y puede ser apelado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, establece un precedente importante para los derechos de las familias con hijos discapacitados.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un joven a 24 años y 9 meses de prisión por el asesinato de su novia menor de edad en El Rubio, ocurrido en febrero de 2023. El jurado popular determinó que el acusado disparó con una escopeta a la víctima durante una discusión, tras haber ejercido violencia habitual sobre ella. Además de la pena principal, se le impuso una indemnización de 91.649,72 euros a la madre de la víctima y se le prohibió acercarse al municipio y a la madre durante 15 años. La sentencia destaca las circunstancias agravantes de género y parentesco en este caso de violencia machista.

El Gobierno ha informado a la diputada de Izquierda Unida, Engracia Rivera, que espera tener listos los resultados de una Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer en el segundo semestre de 2025. Esta macroencuesta es resultado de una iniciativa parlamentaria presentada por Rivera, quien cuestionó la falta de publicaciones desde 2019 y destacó la necesidad de cumplir con la Ley Orgánica 10/2022, que establece una periodicidad mínima trienal para estos estudios. El Ejecutivo aclaró que no se había publicado una nueva encuesta debido al trabajo en la Encuesta Europea de Violencia de Género y que la periodicidad actual es cuatrienal. Para más detalles, visita el enlace.

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a I.J.F. a 24 años de prisión por el asesinato con alevosía del novio de su exnovia en Jumilla, ocurrido en mayo de 2021. La sentencia resalta la premeditación y la violencia vicaria en el crimen, que involucró a varios miembros de su familia. Además, se impusieron prohibiciones de acercamiento y comunicación con la víctima y su familia, así como medidas de seguridad tras cumplir la pena. Los condenados deberán indemnizar a los familiares de la víctima con un total de 210.000 euros. La resolución no es firme y puede ser apelada.