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El DJ suizo Odymel, conocido como Antoine Lauffer, se defiende de acusaciones de abuso sexual alegando que padece sexsomnia, un trastorno del sueño que provoca conductas sexuales involuntarias. En un comunicado, afirma no recordar el incidente denunciado y ha comenzado seguimiento psicológico para entender la situación. Su defensa surge en medio de una ola de denuncias en la escena del hard techno, donde varios artistas han sido señalados por conductas inapropiadas. La agencia STEER Management ha suspendido colaboraciones con los implicados mientras se investiga. La industria musical reacciona cancelando actuaciones y promoviendo plataformas de apoyo para víctimas.

Más de la mitad de los hombres jóvenes en España, un 51,5%, considera que el feminismo es "una herramienta de manipulación política", según el último barómetro de Fad Juventud. Este dato refleja un aumento significativo en la percepción negativa hacia el feminismo, que ha pasado del 22,1% al 45,3% en cinco años. Además, solo un 38,4% de los jóvenes se declara feminista, una caída notable desde el 49,9% en 2021. A pesar de esto, casi la mitad de los encuestados (49,2%) cree que el feminismo es necesario para lograr la igualdad real entre géneros. El estudio también revela que el 48,9% de los jóvenes percibe grandes desigualdades de género en España y destaca diferencias significativas entre hombres y mujeres sobre este tema.

Julio Iglesias ha presentado una demanda contra Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, tras ser acusado por ella de ser un "abusador sexual". La defensa del cantante exige que Díaz se retracte públicamente de sus afirmaciones, en las que calificó de "escalofriantes" las denuncias de acoso en su contra. Iglesias argumenta que estas declaraciones han dañado gravemente su honor y reputación social. Además, solicita una indemnización por el daño causado debido a lo que considera un juicio paralelo injusto realizado por una autoridad pública. Este conflicto surge después de que la Audiencia Nacional archivara denuncias previas en su contra por falta de jurisdicción.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha anunciado acciones legales contra quienes hayan "mancillado" su honor tras rechazar categóricamente las acusaciones de acoso sexual y laboral formuladas por una exedil. Bautista considera que estas acusaciones son parte de una "gran mentira" orquestada por el presidente Pedro Sánchez y su gobierno. Durante su intervención en un pleno extraordinario, defendió la presunción de inocencia como un derecho fundamental y criticó la presión mediática sobre casos de acoso. Además, denunció la utilización política de su situación y reafirmó su compromiso con su defensa personal y reputacional. Los partidos de oposición han exigido su dimisión tras las denuncias en su contra.

Achraf Hakimi, futbolista del París Saint-Germain, será juzgado en Francia por una acusación de violación presentada por una mujer en febrero de 2023. La jueza de instrucción ha decidido llevar el caso a juicio basándose en las pruebas presentadas por el fiscal de Nanterre, que considera que hay "cargos suficientes" para proceder. La denuncia detalla que la joven, tras contactar con Hakimi a través de Instagram, afirma haber sufrido actos sexuales sin su consentimiento. El tribunal fijará la fecha del juicio, donde el jugador podría enfrentar hasta 15 años de prisión. Hakimi ha defendido su inocencia y calificado el proceso como "injusto".

El Gobierno de España ha aprobado un real decreto que modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos, prohibiendo la celebración de eventos que denigren a personas con discapacidad, especialmente a aquellas con enanismo. Esta medida refuerza las restricciones existentes y tipifica estas prácticas como infracciones muy graves, con sanciones de hasta un millón de euros. Además, se crea la Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación (UTAC) para asegurar el cumplimiento de la Directiva Europea de Accesibilidad. El decreto también incluye un programa para la reinserción laboral de personas con discapacidad que han trabajado en espectáculos denigrantes, promoviendo así una mayor inclusión y dignidad.

La segunda mujer que acusa de acoso al exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, ha afirmado tener vídeos y fotografías que respaldarían su denuncia. Esta vigilante de seguridad está considerando presentar una denuncia y ha contactado con el abogado Jorge Piedrafita. Según su testimonio, comenzó a ser acosada por González cuando vivía cerca de él y otros comisarios, quienes supuestamente intentaron que se marchara debido a las "fiestas" que realizaban. Este caso se suma a otras denuncias de acoso por parte de mujeres contra altos mandos policiales, incluyendo una inspectora que ya ha presentado una querella por agresión sexual y coacciones, destapando un escándalo conocido como 'braguetagate'.

El Ministerio de Igualdad ha condenado el presunto homicidio por violencia de género de una mujer de 28 años en Navarra y de un menor de 10 años en Santa Cruz de Tenerife, ambos ocurridos el 20 de febrero de 2026. La ministra Ana Redondo García y la delegada Carmen Martínez Perza han expresado su rechazo absoluto a estos actos y han instado a la sociedad a redoblar esfuerzos para prevenir más muertes por violencia machista. Con estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2026 asciende a 10, mientras que desde 2003 se contabilizan 1.353 víctimas. Además, se reportan 10 menores huérfanos y 2 menores asesinados en lo que va del año. El Ministerio recuerda la disponibilidad del teléfono 016 y otros recursos para apoyar a las víctimas.

La defensa de la inspectora que denunció al ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, por agresión sexual ha solicitado al juez la "plena reserva" de los audios, llamadas y mensajes aportados como prueba para proteger la identidad de la víctima. Esta medida se toma tras filtraciones en chats policiales que han expuesto su identidad. Las pruebas incluyen grabaciones del momento de la agresión y un listado de comunicaciones que evidencian coacciones posteriores. La denunciante ha aceptado recibir protección oficial debido a las amenazas recibidas tras la divulgación de su identidad.

José Ángel González, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, se ha jubilado sin placa ni pistola tras dimitir por presunta agresión sexual a una inspectora. Aunque ha perdido los privilegios de su cargo, no enfrentará sanciones internas ni la retirada de sus medallas, que solo pueden ser despojadas por un juez en caso de condena. La falta de un expediente disciplinario destaca las limitaciones del sistema para actuar contra él ahora que ya no pertenece al cuerpo policial. Además, otra agente ha denunciado acoso laboral relacionado con mandos cercanos a González, lo que podría abrir nuevas investigaciones sobre el entorno laboral en la policía.