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fiscalia europea

11/04/2025@22:14:42

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación ante el Tribunal de Bucarest contra 12 personas, incluyendo seis individuos y seis empresas, por un fraude de €9.5 millones relacionado con proyectos de tecnología de la información financiados por la UE. La investigación revela que entre 2019 y 2022, los acusados presentaron documentos falsos para obtener fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Las cantidades ilícitas fueron transferidas a cuentas bancarias de empresas ficticias y se utilizaron para fines no relacionados con los proyectos. Los implicados enfrentan penas de prisión de hasta diez años y multas significativas. La investigación contó con la colaboración de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) y se llevó a cabo en varios países, incluyendo Chipre y Estados Unidos.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha arrestado a dos personas y una institución educativa bajo sospecha de fraude de subvenciones y falsificación de documentos. La investigación se centra en un jardín de infantes que recibió más de 255,000 euros en fondos, destinados a mejorar servicios para niños. Se sospecha que los acusados presentaron informes falsos para justificar pagos y exigieron a los empleados la devolución de parte de sus salarios. Todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, llegaba sobre las 10 y 15 de este viernes al juzgado para testificar como imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
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La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación contra el presunto líder de un sindicato criminal involucrado en un esquema de fraude fiscal masivo, conocido como investigación Admiral 2.0. Este caso, que ha revelado un fraude del IVA estimado en 297 millones de euros a través del comercio de productos electrónicos, se desarrolla en un tiempo récord de solo dos meses tras la detención del acusado. La investigación abarca más de 400 empresas y está vinculada a actividades como el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y cibercrímenes. Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar hasta diez años de prisión por evasión fiscal y doce por lavado de dinero.

El presidente del Partido Popular subraya que el Gobierno está siendo investigado en un juzgado de la Plaza de Castilla, en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía Europea, “algo que no ha pasado nunca”.