Compromís ha decidido no romper su relación con Sumar, a pesar de las tensiones internas, y revisará el pacto con la coalición esta semana. La formación busca establecer un nuevo marco que garantice la plena autonomía de sus miembros y relaciones horizontales en un grupo confederal. Esta decisión se produce tras discrepancias sobre la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en una comisión de investigación sobre la DANA. Compromís mantiene su objetivo de fortalecer su perfil político y asegurar una relación directa con el Gobierno para abordar la recuperación tras la catástrofe. La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, se muestra optimista ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo que mantenga la cohesión dentro del grupo.
Nahuel González, diputado de Izquierda Unida y nuevo vicepresidente de la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis de la DANA, se ha comprometido a esclarecer las causas de las 228 muertes ocurridas en octubre. Durante su primera reunión, enfatizó la necesidad de conocer la verdad y responsabilizar a quienes fallaron en su deber durante la catástrofe. González destacó que, aunque algunos daños eran inevitables, muchas muertes podrían haberse evitado con una mejor gestión. Hizo un llamado a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, para que colabore con la investigación y rindan cuentas aquellos responsables de la tragedia. La población valenciana exige justicia y respuestas claras sobre lo sucedido.
Rusia ha aprovechado la tragedia de la DANA para difundir desinformación y crear un ecosistema de propaganda que busca sembrar desconfianza en las instituciones españolas, según el informe de Seguridad Nacional 2024. Actores prorrusos han amplificado narrativas que presentan a España como un país "sumido en el caos", utilizando redes sociales y técnicas sofisticadas, incluyendo inteligencia artificial, para propagar bulos. Este fenómeno se intensificó tras la invasión de Ucrania, donde Rusia ha adaptado sus estrategias para sortear sanciones y alcanzar al público español.
Emilio Argüeso, exnúmero dos de Emergencias, ha solicitado a la jueza que investiga la DANA que cite a declarar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y al exinspector jefe de bomberos, José Miguel Basset. Argüeso argumenta que Polo no informó adecuadamente durante una reunión crítica sobre el riesgo de inundaciones, lo que contribuyó a la tragedia que dejó 228 víctimas. Además, pide la imputación de otros responsables del servicio de emergencias para esclarecer las fallas en la comunicación y gestión durante el desastre. La situación sigue generando controversia en el ámbito político y social.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que el 85% de los ayuntamientos afectados por la DANA han solicitado ayudas del Ministerio. Estas ayudas, que comenzarán a ser desembolsadas este mes, están destinadas a la recuperación de infraestructuras y a proyectos enfocados en niños, niñas y adolescentes. Para más información, visita el enlace.
Amnistía Internacional ha denunciado a la Generalitat Valenciana por "vulnerar los derechos humanos" tras su "negligente" gestión de la DANA que afectó a Valencia el 29 de octubre, resultando en 228 muertes. Un informe revela que la falta de información y coordinación entre administraciones contribuyó a una sensación de abandono entre las víctimas. La organización exige rendición de cuentas y resalta que tanto la Generalitat como el Gobierno central tienen responsabilidades en la gestión de emergencias. Además, se presentan testimonios desgarradores de afectados que evidencian la desprotección sufrida durante la catástrofe. Amnistía Internacional propone 14 recomendaciones para mejorar la respuesta ante futuras emergencias.
Estudiantes de la Universidad de Valencia protestan contra Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, exigiendo su dimisión por su gestión de la DANA. Durante la toma de posesión del nuevo rector en la Universitat Politécnica, cientos de manifestantes se congregaron para expresar su rechazo, gritando "Mazón, dimisión" y "Mazón, a prisión". La protesta fue anticipada y se tomaron medidas de seguridad, incluyendo el vallado del edificio y presencia policial. Esta manifestación es parte de un creciente descontento hacia Mazón desde el fuerte temporal que dejó 228 víctimas mortales. La situación se agrava con investigaciones judiciales sobre su administración.
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El Gobierno de España ha ejecutado 7.400 millones de euros en las zonas afectadas por la DANA, lo que representa el 90% de los fondos destinados por todas las administraciones. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reafirma el compromiso del Gobierno en la recuperación de estas áreas. Esta inversión es parte de un esfuerzo continuo para apoyar a las comunidades impactadas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en Valencia con las asociaciones de víctimas de la DANA, un encuentro muy esperado por los afectados tras la tragedia ocurrida el 29 de octubre. Durante la cita, que tuvo lugar en la delegación del Gobierno, Sánchez estuvo acompañado por varios miembros de su gabinete. Las víctimas han expresado su descontento con el trato recibido por parte de las instituciones, especialmente la Generalitat Valenciana. A pesar de que este encuentro no fue solicitado oficialmente, refleja la necesidad de atención a las demandas de los afectados. La reunión se produce casi siete meses después de las riadas y en un contexto donde las reivindicaciones continúan siendo urgentes.
Luis Planas destaca las iniciativas del Gobierno para acelerar la recuperación de las explotaciones agrarias en Valencia afectadas por la DANA. Hasta la fecha, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado 69,6 millones de euros a fondo perdido para apoyar a 8.335 agricultores que han experimentado pérdidas en su producción. Esta medida busca mitigar el impacto de los desastres naturales en el sector agrícola.
La exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha declarado ante la jueza sobre su gestión durante la DANA, evitando asumir responsabilidades y culpando a otros. A pesar del clamor de las víctimas que le pedían justicia, Pradas se ha escudado en su falta de experiencia y ha intentado desviar la culpa hacia técnicos y otros responsables. Su estrategia incluye negar información sobre la magnitud de la tragedia y criticar a aquellos que no estaban presentes en el momento crítico. La jueza y diversos informes han desmentido sus afirmaciones, revelando que contaban con información suficiente para actuar.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado que se han desembolsado 45 millones de euros a 10.000 solicitantes de ayudas bajo el Plan Reinicia Auto+. Durante su visita a Catarroja, destacó la implementación de una línea de financiación de 650 millones destinada a revitalizar la actividad industrial y atraer nuevas inversiones en las áreas afectadas por la DANA. Esta iniciativa busca impulsar la recuperación económica en las regiones impactadas.
El Govern de la Generalitat Valenciana respondió de manera inadecuada a una advertencia crítica sobre el colapso inminente de barrancos durante la DANA, según revelan mensajes de WhatsApp. Emilio Argüeso, ex número dos de Emergencias, alertó sobre la situación en un chat donde Susana Camarero, consellera de Servicios Sociales y vicepresidenta del Govern, respondió: "Jope. Si necesitas algo nos dices". Este intercambio se ha presentado como prueba en una investigación judicial que indaga sobre la gestión del desastre ocurrido el 29 de octubre. La falta de acción inmediata ante las advertencias plantea serias dudas sobre la respuesta del gobierno ante emergencias. Para más detalles, visita el enlace completo.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), ha dispuesto 177 viviendas para los afectados por la DANA, en colaboración con la Generalitat Valenciana y los municipios locales. Estas viviendas, en su mayoría provenientes de Sareb, buscan aliviar la emergencia habitacional tras las riadas de octubre de 2024. Actualmente, 92 de las viviendas ya están habitadas y otras 16 están pendientes de ocupación. Además, SEPES ha comenzado a adquirir más propiedades en las áreas afectadas, con un objetivo inicial de 28 viviendas compradas para finales de abril. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para proporcionar soluciones habitacionales a quienes han perdido sus hogares.
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