Nuevas imágenes de RTVE revelan que Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, estaba al tanto de la crecida del barranco del Poyo antes de asistir a una comida en El Ventorro. A pesar de sus afirmaciones de que no recibió avisos sobre el riesgo, un audio reciente muestra que ya había sido informado sobre la situación crítica. La polémica surge tras la tragedia del 29 de octubre, donde 228 personas perdieron la vida. Mazón continúa defendiendo su versión, alegando que no se le proporcionó información adecuada por parte del Gobierno central y justificando su decisión de no cancelar su agenda.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, criticó la "parsimonia" y "absoluta indecisión" del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) durante la DANA del 29 de octubre. En su declaración como testigo, Polo destacó que mientras su equipo estaba preparado para alertar a la población sobre posibles inundaciones, en el CECOPI se improvisaba sin tomar decisiones efectivas. Afirmó que a las 10 de la mañana ya se podrían haber enviado avisos adecuados ante el riesgo de inundaciones graves. Además, subrayó que el sistema de información hidrológica no falló, aunque las crecidas repentinas complicaron la situación. La falta de comunicación entre el CECOPI y la confederación fue otro punto crítico señalado por Polo.
La Comisión Europea ha aprobado la concesión de 946 millones de euros a España del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para mitigar los efectos devastadores de la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana y otras regiones a finales del año pasado. Esta ayuda, solicitada formalmente por el Ministerio de Hacienda, representa un hito histórico al ser la segunda más alta otorgada desde la creación del fondo en 2002. La financiación se destinará a operaciones de emergencia y recuperación, incluyendo la restauración de infraestructuras y servicios esenciales. Además, se han reprogramado 645 millones adicionales de fondos de cohesión para apoyar aún más la recuperación en las áreas afectadas.
La Comunitat Valenciana enfrenta un temporal de lluvias torrenciales, con la Aemet advirtiendo de un "peligro extraordinario". Se prevén acumulaciones de agua que podrían superar los 250 a 300 litros por metro cuadrado entre el lunes y el martes. La situación es crítica en Aldaia, donde el barranco de La Saleta ha desbordado, generando inundaciones y rescates en la zona. Las autoridades están en alerta ante este fenómeno meteorológico extremo.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, declaró ante la jueza que fue él quien propuso enviar una alerta a la población durante la DANA, argumentando que no se estaban tomando medidas adecuadas. En su testimonio, Polo destacó la falta de acción de las autoridades, incluyendo a la consellera Salomé Pradas y al presidente Carlos Mazón, quienes no actuaron hasta horas más tarde. A pesar de advertir sobre el riesgo de desbordamiento de la presa de Forata y sugerir que se avisara a los ciudadanos para que subieran a pisos altos, la alerta se envió con retraso. La declaración revela una gestión ineficaz ante una crisis que exigía decisiones rápidas y efectivas.
El Govern de Carlos Mazón grabó parte de la reunión del CECOPI durante la DANA del 29 de octubre, pero no entregó esta información a la jueza que investiga el caso. Se han revelado imágenes donde se observa a un cámara de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) grabando intervenciones clave, incluyendo las de la exconsellera Salomé Pradas, quien mintió en su declaración judicial sobre su participación en el aviso a la población. La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha solicitado copias de estas grabaciones, ya que no existe documentación oficial sobre lo sucedido en esa reunión, contradiciendo así las afirmaciones de falta de soporte documental por parte del Govern.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha rechazado las acusaciones del Partido Popular sobre un supuesto "cachondeo" con los incendios en Castilla y León, donde el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, se encontraba de vacaciones. Puente ha defendido su derecho a expresar indignación ante la falta de presencia de los responsables políticos en situaciones de emergencia. Durante una visita a las obras de alta velocidad entre Murcia y Almería, criticó la ausencia del PP en momentos críticos y subrayó que su intención es exigir responsabilidades sin caer en insultos. Además, destacó que la prevención y el presupuesto son claves para abordar estos problemas, no los mensajes en redes sociales.
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La DANA Alice provoca lluvias extremas en España, especialmente en Alicante y la Región de Murcia, donde se han registrado acumulados de más de 140 litros por metro cuadrado. Las calles de varias localidades están inundadas y se prevé que las intensas precipitaciones continúen en las próximas horas. La situación meteorológica ha llevado a activar alertas por el temporal en estas regiones.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado la convocatoria del PERTE VEC IV, que cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros. Esta iniciativa, gestionada por SEPIDES, busca fomentar inversiones en la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, ofreciendo 250 millones en préstamos reembolsables y 150 millones en subvenciones directas. Durante su visita a un concesionario en Sedaví, Hereu destacó el crecimiento del mercado automovilístico en España, con un aumento del 15% en ventas hasta septiembre. Las solicitudes para las ayudas se podrán presentar del 14 al 24 de octubre de 2025.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra investiga la muerte de 37 personas dependientes que utilizaban el servicio de teleasistencia de la Generalitat, fallecidas durante la DANA del 29 de octubre de 2024. La magistrada ha solicitado a la Vicepresidencia Primera del Consell y a la Conselleria de Servicios Sociales un listado detallado de las víctimas y los protocolos de actuación implementados para proteger a los usuarios en situaciones de catástrofe. Además, requiere información sobre las órdenes dadas a la empresa prestataria del servicio y los mensajes de alerta enviados a los usuarios. La investigación busca esclarecer la gestión y respuesta ante esta tragedia natural.
Víctimas de la DANA se manifestaron ante Les Corts exigiendo la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al grito de "Mazón a prisión". Las asociaciones de afectados criticaron su gestión tras el trágico temporal que dejó 228 muertos. Durante la protesta, dos miembros de la Asociación de Víctimas Mortales asistieron al debate parlamentario como invitados por la oposición, expresando su descontento y demandando respuestas sobre las acciones de Mazón durante la catástrofe. La presidenta de una de las asociaciones enfatizó que su lucha continúa hasta que se haga justicia.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha solicitado a À Punt y a Emergencias de la Generalitat todas las grabaciones de la reunión del Cecopi del 29 de octubre, en el marco de la investigación sobre la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana. La cadena pública había esperado un requerimiento oficial para entregar el material, que incluye una grabación donde se discute la alerta que debía enviarse a la población. A pesar de que la alerta masiva no se emitió hasta las 20:11 horas, cuando muchas víctimas ya habían fallecido o desaparecido, À Punt había ofrecido colaborar pero temía vulnerar el secreto profesional sin un requerimiento judicial. Además, se ha revelado que otra cámara de la Agencia Valenciana de Seguridad también grabó parte de esa reunión.
Los audios revelan que Salomé Pradas, exconsellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, dio instrucciones sobre el contenido del mensaje de alerta masiva durante la DANA, contradiciendo su declaración ante la jueza. En una reunión del Cecopi, Pradas pidió incluir detalles sobre los canales de comunicación en la alerta que se enviaría a las 19:00, mientras que el mensaje no fue enviado hasta las 20:11, cuando muchas víctimas ya habían sido afectadas. Las imágenes cuestionan sus afirmaciones de que los técnicos eran responsables de la demora y destacan su papel activo en la gestión de emergencias.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha decidido no imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, en relación con la gestión de la DANA. En su auto, critica severamente el informe de la Guardia Civil, calificándolo de "erróneo" e "incompleto". La magistrada argumenta que el informe no cumplía con lo solicitado y se basa en teorías superadas, como la del "apagón informativo". Además, destaca que el análisis de negligencias corresponde exclusivamente a la jurisdicción y no a la Policía Judicial. La jueza subraya que el informe carece de elementos probatorios suficientes y omite comunicaciones relevantes sobre la evolución meteorológica durante los eventos críticos.
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