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El juicio del caso Kitchen ha continuado con la declaración de Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, quien admitió no haber escuchado las grabaciones relacionadas con Mariano Rajoy, aunque reconoció su existencia. En el proceso, Bárcenas reveló que había encargado a un compañero interno la tarea de destruir una grabación que tenía en la nube sobre el ex presidente del Gobierno. Este caso sigue generando gran interés mediático en España debido a sus implicaciones políticas y judiciales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió en La Moncloa con personas migrantes regularizadas y representantes de organizaciones que trabajan en el ámbito migratorio. Durante el encuentro, Sánchez destacó la importancia de la reciente regularización, calificándola como histórica y un avance social y económico para el país. Subrayó que el éxito del proceso dependerá de la integración de estas personas en la sociedad y de la convivencia pacífica frente a los mensajes de odio. Acompañaron al presidente la ministra de Inclusión, Elma Saiz, y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas, junto con Ceuta y Melilla, han acordado la distribución de 179,8 millones de euros para combatir la violencia de género. Este acuerdo se formalizó en la Conferencia Sectorial de Igualdad y sigue los criterios establecidos por la Comisión Sectorial. De esta cantidad, 160 millones se destinarán al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, mientras que los 19,8 millones restantes financiarán programas autonómicos para apoyar a las víctimas. El objetivo es garantizar una respuesta integral y coordinada en la lucha contra la violencia machista y mejorar los recursos disponibles para las víctimas.

El Ministerio de Igualdad ha condenado el presunto feminicidio de una mujer de 44 años en Bizkaia, supuestamente asesinada por su pareja el 1 de abril de 2026. Este caso eleva a 15 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va del año y a 1.358 desde 2003. La ministra Ana Redondo y la delegada Carmen Martínez han expresado su rechazo ante este acto violento, instando a las instituciones y la sociedad a trabajar para prevenir más muertes. Se recuerda que existen recursos como el teléfono 016 para asistencia a víctimas de violencia de género.

El Ministerio de Educación de España ha presentado un nuevo protocolo marco para combatir el acoso y el ciberacoso escolar, diseñado para ser una referencia para las comunidades autónomas. Este protocolo busca prevenir y actuar de manera efectiva ante situaciones de acoso, estableciendo indicadores de alerta temprana y canales seguros de notificación. La ministra Milagros Tolón destacó la importancia de este documento como una hoja de ruta que proporciona seguridad jurídica al profesorado y a los equipos directivos. Además, se incluye un enfoque preventivo que promueve una cultura de paz en los centros educativos y se duplica la financiación del programa de Bienestar Emocional. Este protocolo también aborda riesgos asociados con nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el sexting, e integra a las familias en el proceso de prevención e intervención.

A partir de octubre, todas las llamadas comerciales en España deberán realizarse desde números que comiencen con el prefijo 400. Esta medida, establecida por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, busca facilitar la identificación de estas llamadas y reforzar la seguridad de los usuarios frente a estafas telefónicas. Los números serán unidireccionales, permitiendo solo recibir llamadas, lo que previene prácticas fraudulentas. La normativa también establece que las llamadas de atención al cliente deben realizarse desde números cortos o gratuitos. Esta iniciativa complementa el Plan antiestafas telefónicas, que ha bloqueado millones de intentos fraudulentos desde su implementación.

Se ha inaugurado una nueva oficina para tramitar las solicitudes de reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Este sistema, acordado por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo, es pionero y permite a las víctimas acceder a reparaciones simbólicas, restaurativas o económicas. La unidad, adscrita al Ministerio de la Presidencia, recibirá solicitudes a través de su sede electrónica y ofrecerá orientación a las víctimas. Las solicitudes serán evaluadas por la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que elaborará propuestas de reparación. Este mecanismo está disponible para todas las víctimas cuyos casos ya no pueden ser judicializados.

El Ministerio de Cultura de España ha enviado a la justicia la resolución para la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco, fundamentada en informes que indican que esta organización realiza actividades contrarias a la ley, incluyendo apología del franquismo y humillación a las víctimas de la dictadura. El ministro Ernest Urtasun destacó que en una democracia no hay lugar para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas. Este proceso se inició hace casi dos años y culmina con un expediente que será evaluado por el poder judicial, quien tomará la decisión final sobre la extinción de la fundación.

La Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto la investigación sobre las presuntas agresiones sexuales a niños en un colegio del Opus Dei en Torrent, tras meses de sobreseimiento. Siete familias denunciaron en 2024 que sus hijos, alumnos de preescolar, fueron víctimas de abusos por parte de un profesor. Los relatos de los menores coinciden en detalles y describen situaciones de exhibicionismo y tocamientos en un lugar denominado "la guarida". La decisión de reabrir el caso se basa en la identificación de indicios claros de delito y la crítica a la falta de atención especializada durante la instrucción inicial. Las familias expresan alivio y esperan que esta vez se realice una investigación exhaustiva.

El Gobierno de España ha solicitado la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco, argumentando que esta entidad hace apología del franquismo y humilla a las víctimas de la dictadura. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que se presentará un expediente sólido ante el juez para respaldar esta decisión, enmarcada dentro de la Ley de Memoria Democrática. Aunque el proceso administrativo comenzó en junio de 2024, ahora queda en manos de la Justicia, lo que podría dar lugar a una prolongada batalla legal. Además, el Ministerio de Cultura busca recuperar casi 30.000 documentos del archivo de la fundación, considerados de carácter público. La Fundación Francisco Franco ha defendido su permanencia alegando que está amparada por la Constitución y ha criticado al Gobierno por lo que considera un ataque a la libertad de expresión.