La Guardia Civil ha identificado un número significativo de viviendas ilegales en el Valle del Guadalhorce, ubicado en Málaga, como parte de la operación Murus, diseñada para combatir la ocupación irregular de terrenos rústicos. Aunque estas estructuras aparentan ser pequeñas urbanizaciones, no se asemejan a las casas tradicionales.
Las edificaciones en cuestión son casas móviles o modulares que han sido instaladas en parcelas rústicas, muchas de ellas sin los permisos correspondientes y con la intención de permanecer de manera permanente. Los agentes han estado investigando estas instalaciones durante aproximadamente un año en diversos municipios de la comarca. Algunos propietarios intentan evadir la normativa utilizando tácticas como presentar piscinas como albercas destinadas al riego.
Investigación y sanciones
Los investigadores señalan que el delito radica en demostrar que la vivienda no es temporal. Según explica Jorge Martín, portavoz de la Guardia Civil, se evalúa si la casa está anclada y si cuenta con suministros eléctricos, agua y saneamiento.
Drones utilizados durante la investigación han captado imágenes de parcelas que funcionan como auténticas urbanizaciones improvisadas, donde varias casas móviles están ubicadas en terrenos prohibidos para construir. La Fiscalía de Medio Ambiente considera que establecer estas viviendas de forma permanente en suelo rústico equivale a cometer el mismo delito que levantar una vivienda convencional sin autorización.
Responsabilidad empresarial y situación actual
Hasta ahora, la investigación ha resultado en 125 sanciones, dirigidas tanto a particulares como a empresarios y promotores involucrados en la venta e instalación de estas casas. La búsqueda de estos negocios no es complicada, ya que se pueden encontrar ofertas online o en tiendas especializadas, con precios que oscilan entre 15.000 y 30.000 euros.
No obstante, desde la Guardia Civil se enfatiza que las empresas también tienen su parte de responsabilidad: "Los fabricantes deben exigir la licencia municipal antes de proceder con la venta", subraya el portavoz del cuerpo. Cártama es uno de los municipios más afectados por este fenómeno en el Valle del Guadalhorce. Su alcalde, Jorge Gallardo, ha manifestado que el Ayuntamiento está trabajando para frenar esta actividad que ha crecido rápidamente en los últimos años.
Peligros asociados y advertencias
"Queremos detenerlo y ayudar a los vecinos que están siendo estafados. Podrían enfrentarse a penas de hasta dos años de cárcel", advierte el alcalde. Además, destaca cómo estas viviendas son instaladas con una rapidez alarmante: "Perseguimos a esos camiones y grúas que llegan y en media hora o 40 minutos te instalan la vivienda", comenta.
A raíz de las recientes inundaciones en la zona, se ha evidenciado otro riesgo preocupante: algunas de estas viviendas móviles llegaron incluso a desplazarse debido al agua, lo cual pone de manifiesto los peligros inherentes a instalar este tipo de construcciones en terrenos inadecuados.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 125 |
Sanciones impuestas hasta el momento a particulares, empresarios y promotores. |
| 2 años |
Penas de cárcel a las que podrían enfrentarse los propietarios de estas viviendas. |
| 15,000 - 30,000 euros |
Precio de las casas modulares ofrecidas en internet o tiendas especializadas. |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ha detectado la Guardia Civil en Málaga?
La Guardia Civil ha detectado cientos de viviendas ilegales instaladas en suelo rústico en el Valle del Guadalhorce, a través de una operación llamada Murus, destinada a frenar la ocupación irregular de este tipo de terrenos.
¿Por qué son consideradas ilegales estas casas móviles?
Estas casas móviles son consideradas ilegales porque se instalan de forma permanente en suelo rústico sin la debida autorización, lo que constituye el mismo delito que levantar una vivienda de ladrillo sin licencia según la Fiscalía de Medio Ambiente.
¿Cuáles son las consecuencias para los propietarios y promotores?
Hasta el momento, se han impuesto 125 sanciones tanto a particulares como a empresarios y promotores relacionados con la venta e instalación de estas viviendas. Los propietarios podrían enfrentarse a penas de hasta dos años de cárcel.
¿Qué medidas está tomando el Ayuntamiento para abordar esta situación?
El Ayuntamiento de Cártama está intentando frenar esta actividad ilegal y ayudar a los vecinos que están siendo estafados. El alcalde ha señalado que se están persiguiendo las instalaciones rápidas de estas viviendas.
¿Cuáles son los riesgos asociados con estas viviendas móviles?
Las últimas inundaciones en la zona han demostrado que algunas de estas viviendas móviles pueden desplazarse con el agua, evidenciando los riesgos de instalar construcciones no preparadas en terrenos inadecuados.
Si (
No(
