Denuncia que en las reuniones de hoy de la Junta de Portavoces y de la Mesa, el PP ha impuesto unilateralmente un cambio en el calendario parlamentario y ha forzado la convocatoria de un Pleno el próximo 4 de septiembre para obligar a comparecer a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los representantes socialistas en la Mesa se han opuesto a esta nueva imposición y abuso del PP que modifica acuerdos de hace tan sólo dos meses con desprecio a la opinión del resto de los grupos.
Esta imposición, denuncian los socialistas, se ha producido a dos días de terminar el periodo inhábil -por lo que debería haberse convocado previamente a la Diputación Permanente si de la solicitud de un pleno extraordinario y monográfico se tratase- y es una demostración de la soberbia y de la falta de talante democrático del PP, que no ha querido esperar a las reuniones de Mesa y Portavoces ya convocadas el próximo día 3 para ordenar el Pleno ya programado del próximo 10 de septiembre e incorporar ahí su petición de comparecencia.
En este sentido, el portavoz socialista, Juan Espadas, ha señalado previamente en una entrevista en RNE que “el PP utiliza de forma chapucera el Senado. El enfado sordo del PP por no conseguir la comparecencia de la vicepresidenta en el Congreso ha llevado a que se salten al propio presidente del Senado anunciando ayer un cambio en el calendario que se había pactado. Con estas actuaciones el PP está minando la credibilidad del Senado”.
Un verano marcado por "la arbitrariedad del PP"
La imposición de un Pleno el próximo 4 de septiembre es la última acción del PP este verano de una serie de actuaciones caracterizadas por la arbitrariedad, el partidismo y la falta de transparencia. Destacan las dos comparecencias del Gobierno convocadas ‘ad hoc’: La del ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares el pasado 13 de agosto, y la del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el pasado 23 de agosto.
En la comparecencia de Albares el PP llegó a esgrimir un documento en el que trataba de justificar el viaje de dos senadores de su partido a Venezuela el pasado mes de julio. Ese viaje nunca fue aprobado oficialmente por la Mesa del Senado, pero aún así sí ha sido pagado con dinero público en una cantidad de más de 9.000 euros.
En este sentido, el PP se niega a entregar las actas de las reuniones de la Mesa producidas este verano y que están siendo exigidas por el PSOE para demostrar que los socialistas nunca han apoyado el carácter oficial del viaje de los senadores del PP a Venezuela.