fraude fiscal

La Fiscalía ha solicitado una pena de tres años y nueve meses de prisión para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. La acusación se basa en un presunto fraude de 350.910 euros relacionado con el Impuesto de Sociedades durante los ejercicios 2020 y 2021. La jueza Inmaculada Iglesias ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado tras una inspección de Hacienda que reveló irregularidades. Además, González Amador enfrenta otra investigación por administración desleal y corrupción en los negocios. A pesar de las implicaciones legales, el PP defiende que estos problemas son ajenos a Ayuso.

José María Garrido ha comentado sobre la visita institucional de Isabel Díaz Ayuso a Ecuador, coincidiendo con la declaración de su pareja, Alberto González Amador, como imputado por corrupción. El periodista enfatiza que "no hay viaje que tape la verdad", subrayando que la situación judicial de González Amador está relacionada con supuestos delitos en sus negocios con el grupo Quirón. La oposición critica a Ayuso, acusándola de ser una "presidenta a la fuga". Garrido anticipa que la declaración de González Amador podría cambiar el rumbo del caso y abrir nuevos frentes para ambos.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) está investigando un caso de evasión fiscal relacionado con importaciones de acero por parte de una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar, Alemania. Las autoridades realizaron registros en las instalaciones de la empresa y en el Reino Unido, donde se sospecha que se falsificó el origen del acero, declarando erróneamente productos indios como británicos para evitar aranceles más altos. Este fraude podría haber causado pérdidas significativas a las finanzas públicas europeas, estimadas en varios cientos de miles de euros. La investigación abarca importaciones realizadas entre marzo de 2021 y marzo de 2022, por un valor superior a 2.9 millones de euros.

Tres personas han sido condenadas en el marco de la investigación 'Cheap Ink', liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), por participar en una organización criminal que evadió el IVA en la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina, causando un fraude estimado en 58 millones de euros. Los jueces del Tribunal de Padua impusieron penas de hasta nueve años de prisión. Esta investigación, que comenzó en octubre de 2021, ha desmantelado una compleja red criminal con más de 100 sospechosos y ha llevado a la incautación de activos en varios países europeos. La EPPO está encargada de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.

El Tribunal Supremo ha desestimado la demanda presentada por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta María Jesús Montero. González Amador alegó que Montero había vulnerado su derecho al honor al llamarlo "defraudador confeso" y cuestionar el origen de su vivienda. La demanda reclamaba una indemnización de 40.000 euros. El Supremo argumentó que, aunque no se ampara la difamación, en el contexto político se debe favorecer la libertad de expresión cuando los juicios de valor tienen base fáctica.

La Fiscalía Europea ha llevado a cabo una investigación que resultó en la detención de 13 personas en Italia, involucradas en un fraude fiscal de €100 millones relacionado con la venta de productos plásticos. La Guardia di Finanza de Turín ejecutó órdenes de arresto y confiscación de activos, tras descubrir una red criminal que emitía facturas falsas para transacciones inexistentes entre 2018 y 2023. Se estima que el esquema permitió evadir aproximadamente €100 millones en IVA, afectando la competencia del mercado. Las autoridades han movilizado recursos internacionales para continuar la investigación, que abarca a 52 individuos por delitos relacionados con organizaciones criminales y evasión fiscal.

Las autoridades españolas han desmantelado una red criminal transnacional dedicada al fraude fiscal relacionado con la venta de coches de lujo, resultando en la detención de 30 personas y un perjuicio estimado de 17 millones de euros en España. La operación, liderada por la Fiscalía Europea, incluyó 17 registros en España y Alemania, donde se confiscó propiedades valoradas en 11 millones de euros, 20 vehículos de lujo, joyas y más de 300.000 euros en efectivo. El presunto líder de la organización fue arrestado en Alemania y enfrenta múltiples cargos por delitos relacionados con el tráfico de drogas y fraude fiscal. La investigación destaca el uso de empresas pantalla para evadir el IVA y blanquear capitales.