El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España ha anunciado una investigación a empresas que ofrecen servicios o productos procedentes de los territorios palestinos ocupados por Israel. Esta medida se enmarca dentro del Real Decreto-ley 10/2025, aprobado recientemente para combatir el genocidio en Gaza. El artículo 4 de esta normativa prohíbe la publicidad de bienes y servicios de estas áreas, buscando limitar su comercialización. La iniciativa responde a un informe de la ONU que señala que algunas empresas se benefician económicamente de la ocupación ilegal. El ministro Pablo Bustinduy ha afirmado que se tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que ninguna empresa en España esté vinculada a actividades relacionadas con la ocupación israelí.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha logrado la retirada de 65.000 anuncios ilegales de Airbnb, tras el respaldo judicial a sus acciones. Además, se han identificado otros 55.000 anuncios que carecen del número de registro obligatorio según la legislación vigente. Esta medida reafirma el compromiso del ministerio de garantizar el derecho a la vivienda y hacer cumplir la legalidad frente a los intereses de grandes multinacionales. La Unidad de Análisis de Consumo continuará su labor para detectar y denunciar más anuncios ilegales en plataformas de alquiler turístico.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha entregado al Ayuntamiento de Madrid los datos postales de más de 3.500 pisos turísticos ilegales. El ministro Pablo Bustinduy ha señalado que esta acción busca facilitar la inspección y sanción por parte del Consistorio, además de contribuir a recuperar vivienda para uso residencial. Esta medida es parte de un esfuerzo mayor para regular el sector turístico y garantizar el acceso a la vivienda en la capital española.
La Agencia de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una segunda inmobiliaria nacional por prácticas abusivas en la gestión del alquiler. Se investiga el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios no solicitados a inquilinos. Esta acción se enmarca dentro de las políticas de protección al consumidor y derechos sociales, destacando el compromiso del gobierno con la regulación del sector inmobiliario.
El Ministerio de Consumo se une a autoridades de 35 países en una iniciativa para combatir el "ecopostureo" de las aerolíneas, también conocido como "greenwashing". Esta acción busca garantizar que las comunicaciones de estas compañías sean veraces, claras y respaldadas por pruebas científicas sólidas. La medida responde a la creciente preocupación por la transparencia en la publicidad ambiental de la industria aérea.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, junto con el Ministerio de Sanidad, ha iniciado la tramitación de un real decreto que garantizará comidas saludables en hospitales y residencias. Este anuncio se realizó el 22 de mayo de 2025, marcando el comienzo del período de consulta pública, donde ciudadanos, organizaciones y profesionales podrán hacer sus aportaciones a esta importante norma.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha identificado más de 15,200 pisos turísticos ilegales en Madrid, contrastando con solo 1,131 licencias otorgadas por el Ayuntamiento. Esta discrepancia ha llevado al ministerio a solicitar al alcalde José Luis Martínez-Almeida la eliminación de los anuncios de estas propiedades. Los datos incluyen direcciones específicas de alojamientos sin licencia, lo que permitirá al consistorio tomar medidas sancionadoras. El ministro Pablo Bustinduy destaca la necesidad urgente de actuar para proteger el derecho a la vivienda digna y frenar la proliferación de estos alquileres ilegales en la capital española.
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El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha alertado sobre un aumento del 21,63% en el número de jugadores online en 2024, coincidiendo con la reintroducción de los bonos de bienvenida por parte de las casas de apuestas. Estos incentivos, que habían estado prohibidos hasta abril de 2024 tras una sentencia del Tribunal Supremo, han llevado al ministerio a proponer una enmienda para prohibirlos en la futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela. La Memoria de Actividad del Juego revela que los operadores obtuvieron más de 8.000 millones de euros en ganancias, destacando el crecimiento del juego online y un incremento significativo en las cuentas activas. Además, se observa que la mayoría de los jugadores son hombres jóvenes entre 18 y 45 años.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha abierto un nuevo expediente sancionador a una aerolínea low cost, marcando el sexto caso de este tipo. Las acusaciones incluyen prácticas abusivas como el cobro por equipaje de mano y la reserva de asientos para menores o personas dependientes. Las sanciones podrían alcanzar hasta un millón de euros, basadas en infracciones graves y muy graves según la Ley General para la Defensa de los Consumidores. Esta acción se fundamenta en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que prohíbe dichos cargos adicionales. España ha sido pionera en Europa al imponer multas significativas a aerolíneas por estas prácticas, con un total de 179 millones de euros ya sancionados a varias compañías.
El Ministerio de Consumo ha forzado a Booking a retirar más de 4.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en España, tras una sentencia que exige que las viviendas estén identificadas con un número de licencia válido. Esta acción se suma a la reciente victoria judicial contra Airbnb, que resultó en la eliminación de 65.000 anuncios irregulares. La medida busca combatir el alquiler fraudulento y mejorar el acceso a la vivienda, ya que muchos anuncios presentan licencias falsificadas o no especifican si son alquilados por particulares o profesionales. El Gobierno confía en que estas acciones ayudarán a reducir los precios del alquiler y proteger a las familias trabajadoras.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha convocado a los consejeros de Consumo de las comunidades autónomas para instarles a sancionar a las empresas que operan pisos turísticos ilegales. Durante la Conferencia Sectorial, Bustinduy enfatizó la importancia de que los gobiernos regionales tomen medidas efectivas contra esta problemática que afecta al sector del turismo y a la regulación del mercado inmobiliario.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España se une a autoridades de 35 países para combatir el greenwashing en las aerolíneas. Esta iniciativa busca garantizar que las afirmaciones medioambientales de las compañías aéreas sean veraces y respaldadas por evidencia científica. La acción, impulsada por la red internacional ICPEN, incluye recomendaciones para evitar comunicaciones engañosas sobre sostenibilidad y el uso de combustibles de aviación sostenibles. El objetivo es asegurar una información clara y precisa para los consumidores, especialmente en un sector con alto impacto económico y ambiental.
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha anunciado una nueva normativa que limitará el uso de alimentos precocinados en los comedores escolares a una ración al mes. Esta medida busca promover una alimentación más saludable entre los estudiantes. La normativa es parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la calidad de la comida en las escuelas y se enmarca dentro de las iniciativas del Gobierno relacionadas con los derechos sociales y el consumo responsable. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.
El ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid la identificación y eliminación de más de 15.000 pisos turísticos ilegales, argumentando que su proliferación agrava la crisis de vivienda en la ciudad. Bustinduy ha enviado un archivo digital con información postal para facilitar la inspección y cierre de estos alojamientos, destacando que esta situación no es normal y que se deben tomar medidas inmediatas, similar a lo realizado en Barcelona e Ibiza. Además, ha señalado que los pisos turísticos ilegales contribuyen al aumento de precios y a la expulsión de residentes de sus barrios. La intervención en esta problemática es parte de un enfoque más amplio para abordar la crisis habitacional en diversas áreas del país.
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