En una tensa sesión de control en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo exigió a Pedro Sánchez que desclasifique documentos más allá del 23F, incluyendo detalles sobre sus viajes en Falcon y contratos relacionados con corrupción. Sánchez respondió acusando a Feijóo de leer "una sarta de mentiras" y cuestionó su oposición a la transparencia. El cruce de reproches destacó las diferencias entre ambos líderes, con Feijóo criticando la gestión de Sánchez en temas como la corrupción y los accidentes ferroviarios, mientras que Sánchez defendió su gobierno señalando logros económicos y laborales. La confrontación refleja un clima político tenso en España, donde ambos partidos se acusan mutuamente de falta de responsabilidad y transparencia.
El Partido Popular (PP) ha intensificado sus ataques contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, exigiendo su dimisión por supuestamente encubrir un caso de agresión sexual relacionado con el director adjunto operativo de la Policía Nacional. Durante una sesión en el Congreso, los miembros del PP acusaron a Marlaska de tener conocimiento de los hechos y no actuar, aunque no presentaron pruebas que respaldaran sus afirmaciones. El ministro respondió con firmeza, amenazando con acciones legales si se continuaban las acusaciones infundadas. El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, defendió a Marlaska y criticó la doble moral del PP en otros casos de acoso.
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha sido reprobado en el Congreso por séptima vez, tras recibir el apoyo del PP y Vox, junto con la abstención de Junts, Podemos, BNG, Coalición Canaria y ERC. Esta censura se debe a su supuesta responsabilidad en recientes accidentes ferroviarios en los que fallecieron 47 personas. La propuesta de reprobación destaca su incumplimiento de leyes para mejorar la seguridad ferroviaria y la falta de actualización de protocolos de inspección y mantenimiento.
El Congreso de los Diputados ha rechazado la solicitud de indemnización por cese presentada por el exdiputado José Luis Ábalos, argumentando que es incompatible con la percepción de la jubilación. La Mesa del Congreso destacó que Ábalos se encontraba suspendido al renunciar a su acta y que la indemnización está diseñada para evitar las dificultades que enfrentan los parlamentarios al regresar a su ocupación anterior. Además, recordaron que ningún diputado suspendido ha recibido esta indemnización en el pasado. Si se hubiera aprobado, Ábalos habría podido recibir aproximadamente 58.000 euros brutos.
José Luis Ábalos ha renunciado a su acta de diputado por Valencia tras la decisión del Tribunal Supremo de mantenerlo en prisión provisional. En una carta publicada en sus redes sociales, el exministro expresó que, aunque siempre defendió la importancia de la representación y la inmunidad parlamentaria, su situación actual le impide continuar en el cargo. Ábalos se centrará ahora en su defensa legal y agradeció a los valencianos por su confianza durante su mandato. Esta renuncia no afectará el juicio del caso Koldo, aunque podría tener implicaciones para otros procesos judiciales relacionados.
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, junto a los presidentes de Adif y Renfe, han solicitado comparecer en el Congreso para ofrecer explicaciones sobre el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, que dejó 42 víctimas fatales. Esta petición se presenta como parte del compromiso de transparencia del gobierno. Las comparecencias están previstas para febrero, tras la reanudación de las actividades del Congreso, y se llevarán a cabo respetando las limitaciones impuestas por las investigaciones en curso.
El Tribunal Supremo ha informado al Congreso que no puede suspender al diputado José Luis Ábalos hasta que el auto de prisión provisional sea firme. La deliberación del recurso se llevará a cabo el 4 de diciembre de 2025. El Supremo aclara que, mientras el auto no sea firme, la Mesa del Congreso no puede aplicar la suspensión prevista en su reglamento. Ábalos y su exasesor Koldo García han ingresado en prisión por riesgo de fuga debido a las elevadas penas que se les imputan en el caso Koldo. Ambos están siendo procesados por un delito sin connotaciones violentas y podrían ser trasladados a un módulo con internos de perfiles similares en la cárcel de Soto del Real.
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El Congreso de los Diputados ha apercibido al diputado de Vox, José María Figaredo, por utilizar su baja de paternidad para faltar a una votación y asistir a un mitin en León. El 12 de febrero, Figaredo solicitó el voto telemático alegando "tareas de paternidad", pero se encontraba en un acto donde promovía su postura negacionista sobre el cambio climático. A pesar de las críticas del PSOE, que lo acusan de fraude reglamentario, Figaredo ha evadido dar explicaciones claras sobre su ausencia en la Cámara. Este incidente pone de relieve la importancia del cumplimiento de las normas por parte de los representantes públicos.
El Congreso ha rechazado la propuesta de Vox para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, con 170 votos a favor y 177 en contra. Junts no apoyó la iniciativa, criticando su redacción y anunciando que presentará una propuesta propia. El PP respaldó la medida, argumentando que estas prendas son una "cárcel de tela" para las mujeres. La mayoría de los grupos parlamentarios denunciaron la propuesta por considerarla racista y xenófoba, señalando que busca recortar libertades. El PNV calificó las sanciones propuestas como desproporcionadas y abogó por un debate más riguroso sobre el uso de estas prendas en la sociedad actual.
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha expresado su sorpresa por la reacción a su propuesta de crear un frente que una a todas las izquierdas para contrarrestar el avance del PP y Vox. En declaraciones en el Congreso, Rufián afirmó que "algo hay que hacer" para evitar ser superados políticamente y defendió que nadie debería renunciar a sus siglas. A pesar del rechazo de algunos partidos como IU y EH Bildu, insistió en la necesidad de un cambio en la estrategia política. Además, destacó su compromiso con la representación de toda España sin renunciar a su identidad independentista.
José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha anunciado su jubilación tras renunciar a su acta como diputado, alegando que no tenía otra opción para subsistir debido a la suspensión de sus derechos como parlamentario. En un mensaje en redes sociales, expresó que ha sido víctima de una operación política que buscaba terminar con su carrera. Además, solicitó al Congreso una indemnización equivalente a 17 mensualidades por su tiempo en el cargo. Ábalos se encuentra en prisión provisional desde noviembre de 2025, investigado por presuntas irregularidades en contratos relacionados con mascarillas durante la pandemia. Su renuncia podría afectar el desarrollo del caso judicial en curso.
La revalorización de las pensiones se debate en el Congreso, donde nueve millones de españoles esperan mantener su poder adquisitivo. Sin embargo, el Partido Popular ha anunciado su rechazo al decreto que incluye esta medida debido a su vinculación con otras propuestas, como la moratoria de desahucios. Junts también muestra dudas sobre su apoyo, ya que han presentado una proposición propia para garantizar las pensiones. El PSOE no contempla dividir el decreto para votar por separado la revalorización. Este pleno extraordinario revela las tensiones entre el Gobierno y la oposición en un contexto crítico para los pensionistas.
Cinco senadores republicanos se han unido a los demócratas en el Senado de Estados Unidos para aprobar una resolución que limita las acciones militares del presidente Trump en Venezuela, exigiendo su aprobación previa. La medida fue impulsada por el senador Tim Kaine y aprobada con 52 votos a favor y 47 en contra. Trump ha criticado duramente a estos senadores, afirmando que nunca deberían ser reelegidos, y sostiene que esta votación debilita la seguridad nacional. Aunque la resolución no es vinculante, refleja la creciente desconfianza hacia Trump incluso dentro de su propio partido.
El Congreso de España hará efectiva la suspensión de José Luis Ábalos como diputado el 4 de diciembre, tras la confirmación del auto de prisión preventiva por parte del Tribunal Supremo. Esta medida se aplica según el artículo 21 del Reglamento, que establece la suspensión de derechos y deberes parlamentarios en casos de prisión preventiva. La suspensión implica que Ábalos dejará de recibir retribuciones y no podrá participar en actividades parlamentarias ni votar. Sin embargo, esta es una medida temporal y no conlleva la pérdida del escaño, que requiere una sentencia firme.
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