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Enma López, portavoz adjunta de la CEF y secretaria de Política Económica, ha criticado duramente al exministro Montoro por sus políticas de recortes mientras pedía sacrificios a los españoles. Durante un evento en Madrid, López afirmó que Montoro estaba "poniendo a la venta el BOE" y acusó al Partido Popular de corrupción y privatización de instituciones. Destacó que el PP no se escandaliza ante la corrupción y comparó la situación actual con el caso 'Kitchen'. En contraste, defendió que el Partido Socialista está comprometido con la lucha contra la corrupción y promueve un modelo económico que avanza en derechos.

Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha denunciado la complicidad del Partido Popular (PP) con las políticas violentas y xenófobas de Vox en relación a los recientes incidentes en Torre Pacheco, Murcia. En una rueda de prensa, Santiago criticó la actitud del PP tras su congreso nacional y condenó las justificaciones de la violencia por parte de líderes como Alberto Núñez Feijóo. Destacó que estos episodios son provocados por grupos fascistas que no son residentes locales y que han desatado una ola de agresiones. Santiago expresó su solidaridad con los afectados y subrayó la necesidad de tomar medidas legales contra el discurso de odio y reforzar la Fiscalía para combatir estos delitos. Además, hizo un llamado a evitar manifestaciones organizadas por grupos violentos.

Sumar ha presentado una serie de exigencias al presidente Pedro Sánchez para revitalizar la legislatura, enfocándose en una agenda social más robusta y medidas contundentes contra la corrupción. Entre sus propuestas destaca la reforma de la ley de partidos para que estos asuman las responsabilidades económicas por actos delictivos de sus miembros, así como prohibir a empresas condenadas por corrupción participar en contratos públicos durante 20 años. Además, Sumar busca crear una Agencia Independiente contra la Corrupción y establecer que los condenados por corrupción no puedan beneficiarse de indultos. La vicepresidenta Yolanda Díaz enfatiza la importancia de continuar en el Gobierno para enfrentar desafíos actuales y evitar que la coalición caiga ante la extrema derecha.

El Grupo Municipalista de la FEMP, que incluye a Izquierda Unida, Compromís, Comuns y Podemos, critica la estrategia del Partido Popular por intentar convertir la FEMP en una herramienta partidista. Aída Castillejo, portavoz del grupo, advierte que esta acción rompe con el consenso institucional y busca manipular a la ciudadanía. El grupo también valora positivamente el reciente real decreto-ley sobre financiación local, aunque lo considera insuficiente y pide una reforma profunda del sistema de financiación municipal. Castillejo hace un llamado a las fuerzas progresistas para fortalecer el compromiso con el poder local y rechaza el uso partidista de la FEMP. Para más detalles, visita el enlace.

El jueves 12 de junio de 2025, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, compareció en una rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz a las 17:15 horas.

Juan Espadas, portavoz socialista en el Senado, critica en la entrevista de 'Zona Roja' la estrategia del Partido Popular, que ha transformado la Cámara Alta en un "campo de batalla" contra el Gobierno. Espadas denuncia el uso partidista del Senado y cómo esto afecta a la credibilidad de la institución. Asegura que el PP se dedica a insultar y ofender, en lugar de abordar las preocupaciones ciudadanas. Además, advierte sobre la polarización política y su impacto en la sociedad. El portavoz del PSOE defiende mantener un debate digno y propone soluciones frente a la crispación generada por el PP.

El Gobierno español ha defendido el 'aforamiento exprés' del líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, mientras critica las "prisas" para juzgar al hermano del presidente, David Sánchez. El ministro Félix Bolaños afirmó que abrir juicio oral sin esperar decisiones judiciales es inusual y subrayó que el aforamiento no implica impunidad. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también destacó que si David Sánchez no fuera hermano del presidente, no habría caso. Ambos funcionarios argumentaron que la situación actual es un intento de utilizar la justicia con fines políticos. Para más detalles, visita el enlace.

El caso Montoro ha cobrado protagonismo tras la imputación del exministro de Hacienda por presuntamente favorecer a empresas gasísticas desde el Consejo de Ministros. La investigación, que estuvo bajo secreto de sumario durante siete años, se inició por un correo electrónico encontrado en una causa relacionada con Messer Ibérica de Gases S.A. Los correos revelan que estas empresas contrataron a la consultora Equipo Económico para obtener modificaciones legislativas favorables, lo que ha llevado a acusaciones de abuso de poder y creación de una red de influencias. Entre los implicados se encuentran 28 altos cargos del Ministerio de Hacienda durante la era Rajoy. La consultora, fundada por Montoro, habría recibido pagos significativos por su intervención en reformas legislativas que beneficiaban a sus clientes.

Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha reaparecido en un acto en València donde expresó su deseo de recuperar el antiguo Partido Popular, aquel que lograba mayorías absolutas. A pesar de su pasado relacionado con los casos de corrupción Gürtel y Nóos, Camps se muestra decidido a liderar nuevamente el PP en la Comunidad Valenciana. Su propuesta ha generado controversia dentro del partido, con el actual presidente Carlos Mazón marcando distancias. Camps defiende su lealtad al partido y critica que no se le haya mencionado en años, mientras ignora las implicaciones de su legado político.

El Partido Popular ha bloqueado nuevamente la comparecencia de las víctimas de la DANA en el Parlamento Europeo, a pesar de las solicitudes de las asociaciones afectadas. Este miércoles, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, impidió que las víctimas tuvieran un papel destacado en la comisión de investigación, limitando su testimonio al mismo nivel que el de cualquier particular. Las críticas del PSOE han sido contundentes, calificando esta actitud como decepcionante y un intento de silenciar a quienes han perdido todo. A ocho meses de la tragedia que dejó 228 muertos en Valencia, las víctimas esperan ser escuchadas para dirimir responsabilidades políticas sobre la gestión del desastre.

Greenpeace y otras organizaciones ecologistas han denunciado la reciente decisión del Congreso de tramitar una ley que extiende la vida útil de las centrales nucleares en España, argumentando que esta medida favorece a las grandes eléctricas privadas y carga los riesgos económicos sobre la ciudadanía. La propuesta limita la capacidad del Gobierno para definir la política energética y busca mantener las plantas nucleares operativas sin un calendario claro de cierre. Activistas destacan la necesidad urgente de una transición hacia energías renovables para combatir el cambio climático y critican el servilismo político hacia intereses empresariales en el sector nuclear.

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, enfrenta un dilema entre dimitir o resistir tras ser procesado por filtrar mensajes relacionados con fraudes fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sus defensores argumentan que no hay pruebas concluyentes y que su renuncia podría amenazar el Estado de derecho. En contraste, asociaciones de fiscales y el Partido Popular exigen su dimisión, alegando que su situación compromete la credibilidad de la Fiscalía. Este conflicto no solo es judicial, sino también político, con el Gobierno instando a García Ortiz a mantenerse en su puesto mientras se resuelve su caso. La tensión entre aspectos legales y políticos marca un momento crítico para la Fiscalía.

Izquierda Unida (IU) ha expresado su preocupación por la falta de responsables que comparezcan ante la justicia tras el primer desfile de imputados relacionados con los 'protocolos de la vergüenza' en residencias madrileñas durante la pandemia. La portavoz federal, Eva García Sempere, mostró su solidaridad con las familias afectadas y destacó la importancia de que el Partido Popular asuma responsabilidades políticas. Las imputaciones llegan tras años de lucha por justicia y se refieren a altos cargos del gobierno madrileño implicados en decisiones que resultaron en miles de muertes evitables. IU insiste en que es fundamental actuar contra la impunidad y exigir consecuencias políticas por esta tragedia. Para más detalles, visita el enlace.

Pilar Alegría, ministra portavoz, ha negado rotundamente la existencia de una fiesta del exministro José Luis Ábalos con "pilinguis o prostitutas" en el Parador de Teruel durante 2020. En su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', Alegría aseguró que no tuvo conocimiento de tales eventos y que, si hubieran ocurrido, "todo el mundo lo sabría". Reiteró que no hay pruebas que respalden estas acusaciones y desafió a quienes las sostienen a presentar evidencia en sede judicial. La ministra también criticó al Partido Popular por difundir información falsa y destacó que la situación es un intento de sembrar dudas sobre su integridad.