Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, enfrenta un dilema entre dimitir o resistir tras ser procesado por filtrar mensajes relacionados con fraudes fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sus defensores argumentan que no hay pruebas concluyentes y que su renuncia podría amenazar el Estado de derecho. En contraste, asociaciones de fiscales y el Partido Popular exigen su dimisión, alegando que su situación compromete la credibilidad de la Fiscalía. Este conflicto no solo es judicial, sino también político, con el Gobierno instando a García Ortiz a mantenerse en su puesto mientras se resuelve su caso. La tensión entre aspectos legales y políticos marca un momento crítico para la Fiscalía.
