Aborto

El Partido Popular ha votado en contra de blindar el derecho al aborto en la Constitución durante una reciente sesión en el Senado, alineándose con la extrema derecha. La propuesta recibió 113 votos a favor y 147 en contra. La portavoz del PSOE, María Fernández, destacó que el derecho a decidir es una cuestión de libertad y subrayó la importancia de garantizar los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres. Otros senadores del PSOE también criticaron al PP por su falta de avance en esta temática y advirtieron sobre una ola reaccionaria que amenaza los derechos y libertades de las mujeres. La senadora Elena Vila enfatizó la necesidad de proteger estos derechos ante posibles retrocesos.

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Patxi López, portavoz del Grupo Socialista y diputado por Bizkaia, ha afirmado que el Partido Popular se encuentra en "caída libre", mientras que el Gobierno socialista está "en alza". En una rueda de prensa, criticó el comportamiento de algunos diputados populares durante un pleno reciente, destacando su uso de burlas e insultos. López subrayó la falta de propuestas del PP en temas cruciales como economía y empleo, acusándolos de copiar ideas de Vox. También mencionó la reciente aprobación de un decreto sobre Israel y la ley de movilidad sostenible, así como los planes para que el aborto sea considerado un derecho constitucional. Además, lamentó que el PP pretenda retroceder en derechos conquistados, especialmente en lo que respecta a la libertad de las mujeres.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, se desmarca de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el aborto y reafirma su apoyo a la interrupción del embarazo conforme a la ley. Feijóo asegura que garantizará que las mujeres tengan acceso a atención médica y psicológica adecuada. En contraste, Ayuso ha rechazado la creación de un registro de médicos objetores y ha expresado opiniones controvertidas sobre el aborto. Feijóo critica al Gobierno por no apoyar a las familias y propone medidas para facilitar la maternidad, enfatizando que el verdadero debate en España debe centrarse en la natalidad y las oportunidades para formar una familia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la ausencia de un registro público de objetores en la región, argumentando que "no se debe perseguir ni señalar a nadie" por sus decisiones profesionales respecto al aborto. A pesar de que solo cuatro comunidades autónomas carecen de este registro, Ayuso sostiene que estigmatizar a los profesionales no es propio de una democracia liberal. Sin embargo, el acceso al registro es limitado y solo está disponible para los responsables de los centros sanitarios. Las organizaciones feministas critican esta situación, señalando que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en clínicas privadas debido a la falta de recursos en la sanidad pública. El Gobierno busca revertir esta tendencia para garantizar el derecho al aborto en el sistema público sin desigualdades.

La ministra de Sanidad ha explicado que este documento establecerá las bases para que las comunidades autónomas no puedan aprovechar vacíos legales en este asunto.

La portavoz política de CS anuncia que se convocarán todas las primarias para las próximas elecciones de mayo en la primera quincena de febrero y asegura que 'es el gran reto que tenemos por delante'.

El PSOE ha anunciado su intención de presentar mociones en todos los territorios para garantizar el derecho al aborto y supervisar los programas de cribado de cáncer. Durante una reunión en Ferraz, la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, destacó la continuidad de la agenda feminista del partido, incluyendo propuestas como la inclusión del derecho al aborto en la Constitución. Además, se exigirá a las administraciones que cumplan con la creación del registro de objetores. Esta iniciativa responde a las deficiencias en prevención y detección del cáncer en ciertas regiones. El PSOE también rendirá homenaje a Carlota Bustelo, figura clave en la lucha por los derechos de las mujeres en España.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, enfrenta presión del Gobierno para establecer un registro de objetores de conciencia al aborto, conforme a la ley. El Ejecutivo ha dado un mes para que cumpla con esta normativa o se verá obligado a recurrir a la vía judicial. Ayuso ha respondido con ambigüedad, insistiendo en que no habrá "listas negras" y que respetará el anonimato de los profesionales, aunque sus argumentos contradicen lo estipulado por la legislación. Este conflicto se produce en un contexto donde el Gobierno busca blindar el derecho al aborto en la Constitución, intensificando el debate sobre los derechos de las mujeres en España.

Génova ha instado a Isabel Díaz Ayuso a cumplir con la ley y entregar el listado de médicos objetores al aborto, en un contexto de creciente tensión dentro del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, reafirma su compromiso de garantizar el derecho al aborto con la mejor atención médica posible. A pesar de las presiones, Ayuso se mantiene firme en su postura de no crear una lista de médicos, lo que ha generado malestar interno en el partido. La situación refleja un enfrentamiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y la dirección nacional del PP sobre la normativa vigente relacionada con el aborto.

El Ministerio de Sanidad de España ha presentado un informe sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema público de salud, revelando que en 2024, el 21,2% de las IVE se realizaron en centros públicos, un aumento significativo desde el 14,3% en 2019. A pesar del crecimiento en la red pública, persisten desigualdades territoriales, con comunidades como Cantabria y Galicia liderando en proporción de IVE públicas. El informe destaca la necesidad de mejorar la accesibilidad a estos servicios y propone medidas como la normalización de la IVE dentro del Sistema Nacional de Salud y el impulso del método farmacológico para facilitar su implementación. Además, advierte sobre los efectos negativos de la privatización en el acceso y continuidad asistencial para las mujeres.

Ana Redondo y Mónica García han defendido el derecho al aborto en España durante un acto conmemorativo por el 40 aniversario de su legalización. Ambas ministras subrayaron la importancia del acceso al aborto como un derecho fundamental y discutieron los logros del movimiento feminista y los retos pendientes. Redondo enfatizó que la protección de los derechos reproductivos es esencial para la libertad de las mujeres, mientras que García alertó sobre intentos de retroceso en estos derechos. Además, presentaron la web Quieroabortar.org, que ofrece información y apoyo a mujeres que enfrentan decisiones sobre el aborto.

El presidente del Partido Popular recuerda que Campo ha tenido y tiene un cargo “importantísimo” y considera necesario que justifique los gastos de cerca de 300.000 euros que le atribuye hoy un medio de comunicación, en concepto de desplazamiento y alojamiento a Cádiz durante su etapa como ministro de Justicia, teniendo allí dos viviendas en propiedad.

La OMS asegura que la sentencia del Tribunal Supremo supone un “retroceso” que hará aumentar la mortalidad entre las mujeres. “Esto es no es algo hipotético, es irrefutable”, dice el director de la Organización.