El Consejo de Estado considera que el Gobierno no ha justificado de ninguna manera la oportunidad de la nueva pena de prisión permanente revisable que quiere introducir en el Código Penal, aunque el órgano consultivo no aprecia tachas de inconstitucionalidad en la misma.
Según el dictamen del Consejo de Estado, aprobado el pasado 27 de junio, el Ejecutivo "en ningún momento apunta las razones, motivos, causas o circunstancias por las que se ha entendido que una reforma de esta magnitud resulta necesaria en el momento actual".
El órgano consultivo, en el que están desde ex presidentes del Gobierno a ex magistrados de los más altos tribunales o ex ministros de diverso signo ideológico, considera que la reforma impulsada por el ministro Gallardón, aun siendo constitucional, no parece necesaria o, al menos, el Gobierno no ha sido capaz de justificar su oportunidad.
Como buena noticia para el Ejecutivo, el Consejo de Estado sí señala que "la configuración que el Anteproyecto realiza de la nueva prisión permanente revisable" es compatible con la Constitución y con el Tratado de Roma, pero insiste en que el Gobierno no ha justificado su necesidad (en lo que es la mala noticia para el Ejecutivo).
El Consejo atribuye la iniciativa del Gobierno a que pueda estar dejándose llevar por la "alarma" que determinadas excarcelaciones de presos por delitos especialmente graves hayan suscitado en la opinión pública, lo que le lleva a "discrepar" de la forma en que se ha presentado "esta importante decisión de política penal y penitenciaria".
6.000 firmas contra la Reforma del Código Penal
Por otra parte la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas ha entregado -tanto en el Ministerio de Justicia como al Defensor del Pueblo- más de 6.000 firmas en contra de la reforma del Código Penal en la que se incluye esta nueva pena. Unas firmas que se enmarcan dentro de la campaña "paremos la criminalización de la protesta social por vía del Código Penal".
"Es un momento especialmente delicado en el que recortes sociales y recortes de las libertades son dos caras de la misma moneda", asegura Óscar López Corral, coordinador de la campaña y miembro de esta plataforma ciudadana.
Según López "la protesta contra los recortes es fundamental, si los derechos democráticos de manifestación y expresión se recortan, la protesta se ve muy amenazada. Por eso tenemos proteger a los que están en la protesta social, que es fundamentalmente la clase trabajadora".
En la campaña que iniciaron antes de verano se recogen algunos de los artículos que se van a modificar y que afectan directamente a las consecuencias de participar en una manifestación o protesta. Critican sobre todo "la creación ad hoc de nuevos tipos penales para criminalizar las nuevas formas de protesta social o la desproporción penal del hecho punitivo".
"La emergencia de nuevos problemas genera nuevas formas de protesta social y por tanto convierten estas nuevas formas de protesta en hechos punibles y otras antiguas que no lo eran, también", afirma López.
Por otra parte, la ambigüedad de los conceptos que se tipifican en el nuevo Código Penal de Gallardón supone "que un juez pueda interpretar con un grado de flexibilidad muy grande", critica López, que sostiene que "lo que quieren son nuevos motivos de represión a su disposición".
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