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El Gobierno espera llevar los Presupuestos al BOE antes de terminar el año
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El Gobierno espera llevar los Presupuestos al BOE antes de terminar el año

martes 15 de diciembre de 2020, 20:20h

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La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha referido este martes a la previsión que maneja el Ejecutivo para tener definitivamente aprobados los Presupuestos Generales del Estado en los próximos días, de tal manera que “esté ya listo para que se publique en el BOE antes del 1 de enero” y podamos contar así “con la herramienta indispensable para el impulso económico de nuestro país y para canalizar la importante cuantía de fondos europeos” que contempla el proyecto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero destacó la superación ayer en el Senado de los vetos a la totalidad de las cuentas públicas y el hecho de que “hasta doce formaciones las estén apoyando”; lo que a su juicio supone “la mejor expresión -de cara al mercado interior y exterior- de que España goza de estabilidad y fortaleza imprescindibles en este momento de pandemia”.

La ministra ha puesto en valor también la decisión del pasado Consejo Europeo de desbloquear los fondos del Mecanismo de Recuperación y del presupuesto europeo para los próximos siete años, que ascienden a 1,8 billones de euros, una “cantidad inédita” y “el mayor paquete de estímulo financiado puesto a disposición de los países a través del presupuesto de la Unión Europea” con el que “dar respuesta a los grandes retos de recuperación y transformación que necesita Europa en su conjunto”.

“El objetivo es que todos seamos más fuertes” y “entre todos construyamos una Europa más digital, más ecológica, más feminista, más resiliente; en definitiva, más adaptada a los retos que tenemos en el presente y el futuro inmediato”, añadió.

Se trata –afirmó Montero- de “una noticia muy esperada no solo por los estados miembros, sino también por los mercados de inversión”, porque “activa” toda la preparación del mecanismo de recuperación Next Generation, que en el caso de nuestro país supone 140.000 millones imprescindibles para reactivar y modernizar la economía tras los efectos de la pandemia”, subrayó.

Precisamente sobre el alcance de lo acordado en los últimos consejos europeos informará mañana miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados, donde además se abordará la gestión de la lucha contra el Covid en el actual estado de alarma.

No bajar la guardia frente a la pandemia

En este punto, Montero se ha referido a que será también a principios de enero cuando lleguen a España las primeras vacunas contra el coronavirus y ha aprovechado para recordar que, mientras no exista un porcentaje importante de personas cubiertas, “es fundamental no bajar la guardia”. “La prudencia debe ser la tónica con la que nos movamos en los próximos días y tendremos que extremarla en estas semanas si no queremos desandar un camino conseguido con mucho esfuerzo y sacrificio”.

Anteproyecto de Ley de eficiencia procesal

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo –que compareció junto a Montero- , ha anunciado la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de eficiencia procesal, “un nuevo instrumento normativo para avanzar en la mejora del servicio público de Justicia, poniendo al ciudadano en el centro de la gestión”.

Campo explicó que el anteproyecto “pretende dar respuesta a desafíos tradicionales, pero también “al incremento de litigiosidad provocada por la pandemia”, al tiempo que se inserta el proyecto Justicia 2030 para “provocar de una vez por todas la inaplazable modernización de la administración de Justicia”.

El ministro avanzó que el paquete normativo aprobado hoy tiene tres ejes fundamentales. El primer bloque hace referencia a los “medios adecuados de resolución de controversias”, apostando por el fomento de técnicas y prácticas de negociación entre las partes, directamente o a través de un tercero neutral, técnicas de conciliación, arbitraje o mediación, con el propósito de reducir la conflictividad social y la sobrecarga de los tribunales. “Las diferencias entre los ciudadanos no se tienen que resolver necesariamente acudiendo a un tribunal de justicia” y “no se dará curso a una demanda en los ámbitos civiles o mercantiles si no lleva este intento de arreglarlo por fuera” a través de estos mecanismos.

“Si lográsemos uno de cada cuatro asuntos no llegara a nuestros tribunales, podríamos descargar al sistema judicial de más de medio millón de asuntos, lo que permitiría, además, ahorrar 380 millones de euros”, destacó.

El segundo bloque de medidas aborda modificaciones en 9 leyes procesales, según explicó Campo, “con el objeto de implementar medidas que optimicen los recursos existentes, agilizando los procesos de una forma eficiente y eficaz y reforzando la seguridad jurídica. Por ejemplo, se potencian las sentencias orales; se introduce la figura de los pleitos testigo, que suspenden la tramitación de todos los procedimientos sustancialmente iguales hasta su resolución, o se establece un nuevo recurso de casación civil.

Por último, explicó que el tercer bloque se refiere la transformación digital y engloba medidas para “evitar los desplazamientos a los tribunales de justicia” y avanzar en la práctica de determinadas actuaciones judiciales por medios telemáticos".

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