Así lo pusieron de manifiesto Luisa Carcedo, secretaria de Bienestar Social del PSOE; Alberto Montero, diputado de Podemos y presidente de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso; Concha Díaz, vicepresidenta del Cermi, y Rafael de Lorenzo, secretario general de la PTS, durante su participación en una mesa redonda organizada por el Cermi y celebrada en Servimedia.
La socialista Luisa Carcedo señaló que "nuestra propuesta es la creación de una subcomisión específica de estudio para diseñar una propuesta de reforma constitucional en esta dirección". Además, añadió que "hasta ahora nos hemos encontrado con el muro del Partido Popular que nunca ha aceptado sentarse a discutir el alcance de esa reforma constitucional, pero no perdemos la esperanza".
Para el parlamentario de Podemos, "la constitucionalización de los derechos sociales, económicos y culturales debería ser un horizonte al que necesariamente deberíamos transitar". A su juicio, la equiparación de la importancia de los derechos civiles y los sociales está siendo la tendencia en las reformas constitucionales que se están produciendo en otros países.
"Según nuestra Constitución, somos un Estado social, pero a la hora de la verdad los derechos sociales no están constitucionalizados", denuncia la vicepresidenta del Cermi, quien lamentó la diferencia que existe entre los diferentes territorios de España en materia de servicios sociales y atención a la discapacidad.
En opinión del secretario general de la PTS, la reforma de la Carta Magna supone un reto de modernidad del siglo XXI. "Es un debate esencial si se quiere transitar hacia una sociedad mucho más avanzada desde el punto de vista de la protección jurídica de los derechos esenciales, humanos, fundamentales, de las personas y de los ciudadanos", agregó Rafael de Lorenzo.
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