El tribunal señaló que en los casos de Beatriz Etxebarría Caballero y Oihan Unai Ataun Rojo "las investigaciones efectivas que se imponían por la situación de vulnerabilidad de los demandantes en detención incomunicada no tuvieron lugar".
Los jueces recordaron a España la importancia de adoptar las medidas recomendadas por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, como la mejora del examen médico-legal y mantener una vigilancia apropiada "para evitar abusos y proteger la integridad física de los detenidos".
La condena a España incluye una indemnización de 25.000 euros por daños morales y 4.000 por honorarios para Etxebarria. Ataun deberá recibir 20.000 y 4.000 euros, respectivamente, por esos mismos conceptos.
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