La ley Mordaza ha sido finalmente remitida este viernes a las Cortes para su aprobación, un simple trámite, puesto que el rodillo parlamentario que le permite su mayoría absoluta en el Parlamento hará que la apruebe aún con el voto en contra de la oposición.
En este tiempo, juristas, policías y movimientos sociales se han posicionado contra el anteproyecto y se han repetido las movilizaciones en la calle para protestar contra su aprobación. Ya en noviembre el magistrado de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, afirmaba que con esta legislación el PP estaba instaurando "el derecho administrativo del enemigo".
Mientras, Greenpeace, en un informe, ya advertía que el anteproyecto, junto a la reforma del Código Penal, vulneran el Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, firmada en 2007, vigente desde 2009 en la UE y jurídicamente vinculante. Igualmente, incumplen tanto los artículos sobre el derecho de reunión y de libertad de expresión recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966. También el Consejo de Europa expresó su preocupación.
Por decretazos
Una medida excepcional concebida en la Constitución para afrontar con urgencia situaciones imprevistas o de necesaria solución inmediata, como es un decreto-ley, ha ido rodando con el tiempo hasta convertirse en una herramienta gubernamental habitual y de gatillo fácil.
El último decreto-ley culmina este proceso al modificar 29 leyes de un plumazo. Batiburrillo, macrodecretazo, decretoómnibus... El nuevo artefacto legal ha recibido todo tipo de calificativos. Incluso hasta Diktat, como se denomina a los textos legales que se imponen sin permitir un mecanismo de participación, consulta o negociación.
Ejemplo de Diktat es el Tratado de Versalles, impuesto en 1919 al término de la I Guerra Mundial, o las constituciones que Napoleón Bonaparte tenía a bien sembrar por Europa, como fue el Acte Constitutionnel de l'Espagne con el que coronó a su hermano José, Pepe Botella.
El decreto-ley tiene una virtud: elude la engorrosa fase previa de escuchar a los ciudadanos y operadores afectados —dándoles trámite para que participen y opinen a través de informes— con el fin de elaborar un anteproyecto de ley que luego es sometido al debate parlamentario, a su enmienda, a la publicidad... lo que en su lugar, en un decreto-ley se tramita por la vía de urgencia y luego se convalida fácilmente en las Cortes Generales sólo requiriendo una simple mayoría simple que ya tiene el pepe por descontado garantizada.
Si (
No(
