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Malversación

15/07/2025@17:03:18

El Tribunal Supremo ha decidido archivar la solicitud del juez Juan Carlos Peinado para imputar al ministro Félix Bolaños en el caso de Begoña Gómez, argumentando la "absoluta ausencia de cualquier delito". La Sala Penal del Supremo concluyó que no había indicios suficientes para abrir una causa penal contra Bolaños por malversación y falso testimonio. Según el auto emitido, las acusaciones carecían de respaldo probatorio y se basaban en meras hipótesis. El tribunal enfatizó que no existían pruebas objetivas que respaldaran las imputaciones, lo que llevó a desestimar la causa.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha amnistiado a 40 ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont, quienes estaban procesados por su participación en los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La decisión revoca una resolución anterior que los mantenía a un paso de juicio. Entre los amnistiados se encuentran figuras como Raül Romeva y Jaume Clotet, aunque dos excargos del Diplocat quedan excluidos debido a acusaciones de prevaricación. La Audiencia considera que no hay pruebas suficientes para afirmar que los actos de malversación afectaron fondos públicos europeos. Esta medida responde a la solicitud de la Fiscalía y se aplica a todos los delitos relacionados con el caso.

El Tribunal Supremo confirma la no aplicación de la amnistía al delito de malversación de los condenados en la causa del procés.

Con la colección de neófitos, sectarios ideologizados y malvados en diferentes estamentos an-da el juego político.

La Sala II del Tribunal Supremo ha acordado este viernes la petición del suplicatorio al Congreso de los Diputados para continuar el procedimiento penal contra la diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs Castanyer, a quien abrió una causa el pasado mes de diciembre por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El cuñado del Rey Felipe VI fue condenado por el Tribunal Supremo a cinco años y diez meses de prisión por malversación, prevaricación, fraude, dos delitos fiscales y tráfico de influencias.
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La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del magistrado Pablo Llarena de no aplicar la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont en relación con el delito de malversación de caudales públicos. Esta resolución desestima los recursos presentados por diversas partes, incluyendo al Ministerio Fiscal y el partido VOX. El tribunal argumenta que la interpretación de "beneficio personal de carácter patrimonial" incluye tanto el aumento de activos como la no disminución del pasivo, dado que los investigados se beneficiaron al cargar gastos a la administración autonómica sin interés público. La decisión se fundamenta en una interpretación precisa y legalista de la normativa, rechazando cualquier alegato en contrario. Para más información, visita el enlace.

La sentencia de la Audiencia Nacional condenó a 19 acusados, por distintos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, falsedad en documento oficial, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha abierto causa penal para investigar al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno navarro, Manuel Ayerdi, por presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en relación con la supuesta concesión irregular a DAVALOR SALUD S.L. de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre 2015 y 2017.

Tal y como ha dado a conocer la Audiencia territorial de Schweslig Holstein, el expresidente catalán Carles Puigdemont será extraditado por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por un presunto delito de rebelión.

La resolución del tribunal de Schleswig-Holstein que ha denegado la apreciación del delito de rebelión en la actuación del expresident Puigdemont cuestiona asimismo la posibilidad de que se pueda imputar al expresident por un delito de malversación de fondos públicos.