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ley organica de enjuiciamiento criminal

Bolaños pide consenso para reformar la Justicia en España

14/11/2025@16:02:51

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso para presentar el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim). En su intervención, ha solicitado a los grupos parlamentarios un debate constructivo para llevar a cabo una transformación significativa de la Justicia en España. Destacó la necesidad de modernizar el proceso penal, aumentar el número de jueces y fiscales, y mejorar sus condiciones laborales. Bolaños enfatizó que estas reformas no comprometen la independencia judicial y son fundamentales para adaptar el sistema a las exigencias actuales. Además, subrayó la importancia de una nueva LOECrim que garantice los derechos fundamentales y se alinee con estándares europeos.

El Gobierno da luz verde a una reforma histórica del sistema penal en España

El Gobierno de España ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), una reforma histórica que moderniza el sistema penal. Esta nueva ley, que sustituye a una norma vigente desde 1882, otorga al Ministerio Fiscal la dirección de las investigaciones penales, alineándose con prácticas comunes en la Unión Europea. La LOECrim introduce un juez de garantías para proteger los derechos fundamentales durante el proceso y simplifica los procedimientos para hacerlos más ágiles y eficaces. Además, refuerza las garantías procesales tanto para investigados como para víctimas, e incorpora nuevas herramientas tecnológicas en la lucha contra la criminalidad. La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2028, tras décadas de intentos fallidos de reforma.

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El Gobierno reformará la instrucción penal y limitará la acusación popular a partidos políticos

El Gobierno español aprobará el próximo martes un proyecto de ley que reformará la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, otorgando a los fiscales la responsabilidad de la instrucción de los casos y excluyendo a los partidos políticos de la acusación popular. Esta nueva legislación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2028, busca modernizar el proceso penal y garantizar la autonomía del fiscal general del Estado, cuyo mandato se ampliará a cinco años. Además, se establecerá un juez de garantías para supervisar las investigaciones penales y se simplificará el sistema de recursos. La reforma también incluye medidas para proteger a las víctimas y mejorar la lucha contra la criminalidad mediante nuevas herramientas tecnológicas.