El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha abierto un expediente sancionador a una importante promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas. Se investiga si la empresa prohíbe el acceso con comida y bebida del exterior, obliga a pagar un extra para reingresar al recinto y establece condiciones desfavorables para el reembolso de dinero en pulseras de pago. Estas acciones podrían constituir infracciones graves según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con multas que podrían alcanzar hasta 1 millón de euros. El proceso de investigación tiene un plazo máximo de nueve meses.
