José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, ha solicitado la anulación de su condena a 24 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo. Su defensa argumenta que la sentencia se basa en el testimonio del coimputado Víctor de Aldama, quien no cuenta con suficiente corroboración externa. Además, sostiene que la falta de acceso a los dispositivos incautados por la UCO vulnera su derecho a una defensa adecuada. Ábalos también critica que la competencia para juzgarlo debería haber recaído en la Audiencia Nacional y advierte sobre el desequilibrio en el tratamiento penal entre acusados. Esta solicitud es un paso previo antes de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
El juez Santiago Pedraz ha rechazado el incidente de nulidad presentado por Leire Díez, exmilitante socialista, en relación a su detención del 10 de diciembre. La defensa argumentó que la detención fue "desproporcionada" y vulneró sus derechos fundamentales, pero el magistrado consideró que la solicitud era extemporánea y contravenía la buena fe procesal. Pedraz afirmó que la cuestión no se planteó oportunamente y que ya se habían presentado recursos similares sin éxito. La Fiscalía Anticorrupción respaldó esta decisión, destacando que no hubo violación de derechos fundamentales en las actuaciones realizadas.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha enterado por los medios de comunicación de la imputación de sus hijas, Laura y Alba, así como de su secretaria Gertrudis Alcázar, en el caso Plus Ultra. Según fuentes cercanas a Zapatero, las imputadas aún no habían recibido la notificación del juzgado al momento de conocerse la noticia. Este hecho representa un duro golpe para el exmandatario, quien considera indignante que se involucre a su familia en esta investigación. La decisión de imputar a las tres fue tomada por el juez de la Audiencia Nacional a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. Las implicadas ejercerán su derecho a defensa en el procedimiento judicial.
La Audiencia Nacional ha emitido una orden de detención internacional contra Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, y su esposa, María Aurora López, en el contexto de una investigación por delitos como apropiación indebida y blanqueo de capitales. La investigación se centra en la ayuda pública de 53 millones de euros que recibió Plus Ultra en marzo de 2021, con indicios de que Reyes y otros directivos habrían desviado fondos a sociedades instrumentales vinculadas a una red de blanqueo. Además, se han detectado transferencias sospechosas hacia cuentas en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.
El juez Calama investiga el rastro de dinero oculto vinculado a una trama de tráfico de influencias que supuestamente lidera el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La investigación se centra en los pagos recibidos por Zapatero y su entorno, incluyendo transferencias a la empresa de sus hijas y otros ingresos de empresas asociadas con Julio Martínez, presunto cabecilla de la red. Hasta ahora, la Audiencia Nacional ha bloqueado 490.000 euros en cuentas del expresidente. Zapatero ha negado tener dinero oculto y sostiene que todos sus ingresos han sido declarados. La búsqueda incluye registros en su despacho, donde se halló una caja fuerte, y sospechas sobre fondos no justificados provenientes de servicios por encima del mercado.
La Audiencia Nacional ha decidido archivar la causa contra Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña, debido a su deteriorado estado de salud que le impide declarar en el juicio. Un examen forense concluyó que Pujol, de 95 años, no está en condiciones de participar en el proceso penal relacionado con la fortuna oculta de su familia en Andorra. La Fiscalía había solicitado una pena de nueve años de prisión por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Con su exclusión del juicio, la atención se centra ahora en sus hijos y otros implicados, mientras que la defensa sostiene que el dinero proviene de una herencia familiar legítima.
Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno español, ha sido objeto de controversia tras su declaración en el juicio del caso Kitchen. Afirmó que rompió su relación con Luis Bárcenas al conocer su fortuna oculta en Suiza, pero esta afirmación ha sido desmentida por evidencias que indican que la ruptura no ocurrió en ese momento. En enero de 2013, ya se conocía públicamente que Bárcenas tenía millones en cuentas suizas y, a pesar de esto, Rajoy continuó enviándole mensajes de apoyo. Además, se cuestiona su conocimiento sobre las operaciones policiales dirigidas a investigar a Bárcenas y sus vínculos con el Partido Popular. La Fiscalía sostiene que estas acciones fueron orquestadas desde altos mandos del Ministerio del Interior.
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Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, calificó de "ciencia ficción" el informe de la UCO que lo acusa de haber puesto al partido a disposición de una organización criminal. Según el informe, Cerdán habría facilitado recursos del PSOE para actividades ilegales, incluyendo el uso de personal y dependencias del partido. A pesar de las acusaciones, Cerdán niega cualquier delito y considera que es víctima de una campaña mediática. Este caso se suma a otras imputaciones en su contra relacionadas con presuntos amaños en obras públicas.
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez José Luis Calama que requiera a la Fiscalía Anticorrupción la resolución judicial que autorizó el análisis de los dispositivos incautados a Rodolfo Reyes. Esta solicitud se enmarca en una investigación donde se sugiere que Zapatero podría estar vinculado al rescate de la aerolínea Plus Ultra. El abogado argumenta que, si no existe tal autorización, las conversaciones analizadas deben ser excluidas del procedimiento, lo que podría llevar a un incidente de nulidad. La defensa cuestiona la legalidad del uso de estas pruebas y destaca la importancia de verificar si fueron obtenidas conforme a la ley, ya que esto afecta los derechos fundamentales relacionados con la intimidad y el secreto de las comunicaciones.
La Audiencia Nacional ha abierto un nuevo juicio oral contra Francisco Granados y otros 40 acusados en el caso Púnica, por supuestas irregularidades en adjudicaciones de suelo público entre 2003 y 2011. El juez Antonio Piña ha dictado la apertura del juicio, donde se juzgarán delitos como prevaricación, cohecho y malversación. Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid, enfrenta una petición de 42 años de cárcel. Este juicio se suma a otro proceso en el que Granados ya se encuentra implicado.
El Gobierno defiende al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en medio del escándalo por la causa Plus Ultra, donde se investiga su posible implicación en delitos como tráfico de influencias. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, reafirma su confianza en Zapatero, destacando que la investigación está en una fase inicial y que la justicia opera sin injerencias. Mientras tanto, Yolanda Díaz reta a Alberto Núñez Feijóo a presentar una moción de censura si considera que hay motivos suficientes para ello. La situación política se complica con reacciones de diversos partidos y un ambiente tenso respecto a posibles alianzas y decisiones sobre la moción.
Willy Bárcenas, hijo del extesorero del PP, testificó en el juicio por la 'operación Kitchen', afirmando que su padre sufrió un trato hostil en prisión, lo que considera una orden. Durante su declaración, relató episodios de seguimiento y sensación de inseguridad, así como la relación con su chófer, quien les hizo preguntas sobre documentos relacionados con la trama Gürtel. Además, se mencionó un encargo a un preso para destruir información comprometedora. El juicio continúa con testimonios clave de figuras políticas implicadas en el caso.
Cosme Delclaux, abogado secuestrado por ETA en 1996, ha fallecido a los 64 años. Su secuestro, que duró 232 días, fue uno de los más prolongados de la banda terrorista. Delclaux fue capturado el 11 de noviembre de 1996 y liberado el 1 de julio de 1997, apareciendo maniatado en un árbol. Durante su cautiverio, sufrió condiciones extremas en un zulo minúsculo. Su padre pagó un rescate de mil millones de pesetas debido a las amenazas de ETA. Este caso se encuentra entre los secuestros más largos en la historia de la banda, solo superado por tres casos anteriores.
Mariano Rajoy y Luis Bárcenas se enfrentan en el juicio de la operación Kitchen, donde sus testimonios son contradictorios. Rajoy niega conocer la operación parapolicial que buscaba eliminar pruebas sobre la financiación irregular del PP, mientras que Bárcenas afirma tener evidencias en su contra. Durante su declaración, Rajoy minimizó su relación con Bárcenas y desmintió acusaciones de coacción. A pesar de sus intentos por distanciarse, las contradicciones entre ambos podrían tener repercusiones legales si emergen nuevas pruebas. La situación revela un conflicto profundo en el seno del Partido Popular sobre la verdad detrás de la corrupción.
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