Valencia

La exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha declarado ante la jueza sobre su gestión durante la DANA, evitando asumir responsabilidades y culpando a otros. A pesar del clamor de las víctimas que le pedían justicia, Pradas se ha escudado en su falta de experiencia y ha intentado desviar la culpa hacia técnicos y otros responsables. Su estrategia incluye negar información sobre la magnitud de la tragedia y criticar a aquellos que no estaban presentes en el momento crítico. La jueza y diversos informes han desmentido sus afirmaciones, revelando que contaban con información suficiente para actuar.

Esther Peña, portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, ha criticado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, exigiendo su responsabilidad tras la gestión de la DANA en Valencia y el Pacto del Ventorro con Vox. Peña sostiene que los valencianos no deben asumir las consecuencias de la falta de liderazgo del PP y ha pedido la dimisión de Carlos Mazón. Además, ha cuestionado la calidad de la oposición liderada por Feijóo, considerándola como una de las peores en la historia reciente. La dirigente socialista aboga por un proyecto que promueva el pleno empleo y cierre la brecha de género en el mercado laboral. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.

El Ministerio de Agricultura, a través de la secretaria de Estado Begoña García Bernal, se ha comprometido a recuperar los viveros de Valencia afectados por la DANA. Durante su visita al vivero Orvifrusa en Chiva, anunció que se destinarán 170 millones de euros para reparar caminos rurales e infraestructuras de regadío, así como para restaurar el potencial productivo agrícola de la región. Este esfuerzo forma parte de un presupuesto total de 444,5 millones destinado a apoyar a agricultores y ganaderos que han sufrido pérdidas significativas en su producción. Se espera que en las próximas semanas se publiquen nuevas listas de beneficiarios para recibir ayudas directas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ampliado hasta el 12 de febrero el plazo para que los ayuntamientos de la provincia de Valencia comuniquen los daños por la DANA en explotaciones agrarias. Esta extensión se debe a la interrupción de las comunicaciones y peritaciones tras la no convalidación del Real Decreto-ley que incluía a más municipios en el ámbito de ayudas. Los titulares de explotaciones deben informar sobre daños de producción o potencial productivo, y los ayuntamientos remitirán esta información al ministerio semanalmente. Se han establecido dos líneas de ayudas: una para compensar pérdidas de renta con un presupuesto total de 200 millones de euros y otra para reparar infraestructuras dañadas, con 170 millones disponibles. Recientemente, se han realizado pagos directos por pérdida de renta a más de 6,000 beneficiarios.

Joan Groizard, secretario de Estado de Energía, visitó la subestación de Catadau en Valencia tras la reconstrucción de las infraestructuras eléctricas afectadas por la DANA del 29 de octubre. Durante su visita, Groizard destacó la rápida respuesta y gestión de daños que permitieron mantener la disponibilidad de la red eléctrica. La recuperación incluyó 35 apoyos dañados en líneas de alta tensión, completando así los trabajos de reparación realizados por Red Eléctrica. Este esfuerzo asegura un suministro eléctrico seguro y confiable para la región.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado que el Gobierno ha incrementado por diez el ritmo de pagos de ayudas a pymes y autónomos afectados por la dana, así como cuadruplicado el número de peritos en la zona. Hasta la fecha, se han distribuido cerca de 300 millones de euros en ayudas directas, con un porcentaje superior al 80% ya pagado. Además, se ha lanzado el Mecanismo Reinicia+FEPYME DANA, que ofrece préstamos participativos a pequeñas y medianas empresas afectadas. Bernabé subrayó la importancia de agilizar los plazos para las indemnizaciones y fomentar la colaboración con los representantes industriales.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que las obras del nuevo acceso ferroviario a València han entrado en una fase decisiva, con el 75% de la inversión de 665 millones de euros ya contratada. Este proyecto transformará la movilidad ferroviaria en la provincia y contempla la excavación de un túnel de 1,2 km, así como la remodelación integral de la estación Joaquín Sorolla. Las obras buscan integrar el ferrocarril en la trama urbana y potenciar el Corredor Mediterráneo, contribuyendo a una movilidad más sostenible y mejorando la calidad de vida en València. La financiación proviene de Adif AV, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València, además de contar con apoyo europeo a través del Plan de Recuperación.

María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, afirmó en Málaga que el PP tiene casi tres años para realizar cambios de liderazgo, ya que el Gobierno agotará la legislatura. Criticó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por pedir elecciones anticipadas para evitar un relevo interno y denunció la alianza del PP con la ultraderecha. Montero destacó la falta de propuestas constructivas del PP y subrayó la necesidad de un PSOE unido y fuerte en Andalucía. Para más detalles, visita el enlace de la noticia.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha firmado convenios con los alcaldes de Paiporta y Picanya para la reconstrucción de seis puentes y tres pasarelas dañadas por la DANA del 29 de octubre. Esta iniciativa busca recuperar la movilidad sobre la rambla del Poyo en València. La colaboración entre el gobierno y los municipios es clave para restaurar la infraestructura afectada y mejorar la conectividad en la región.

Izquierda Unida ha denunciado la "traición imperdonable" del presidente Carlos Mazón y del Partido Popular en la gestión de los efectos devastadores de la Dana en Valencia. A tres meses de la catástrofe, IU critica la falta de un plan autonómico efectivo para ayudar a los municipios afectados, mientras el Gobierno central ha aprobado un paquete histórico de 1.745 millones de euros en ayudas. La formación política exige responsabilidad y una respuesta eficaz ante la emergencia, destacando que Mazón prioriza su agenda personal sobre las necesidades del pueblo valenciano. Además, IU apoya movilizaciones ciudadanas para garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.

El 30 de enero de 2025, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ampliado el plazo hasta el 12 de febrero para que los ayuntamientos de Valencia comuniquen los daños sufridos por agricultores y ganaderos debido a la dana. Esta decisión se produce tras la aprobación de un nuevo real decreto-ley que permite a aquellos afectados no incluidos en el listado inicial acceder a ayudas directas por pérdida de renta. Los titulares de explotaciones deben informar sobre los daños, que serán verificados para recibir las compensaciones, con un presupuesto total destinado a estas ayudas de 370 millones de euros.

Un acusado de estafa ha anunciado su incomparecencia a la vista oral en la Audiencia Provincial, alegando problemas económicos para costear el viaje desde Valencia. El juicio, que aborda delitos de falsedad documental y estafa, ha sido suspendido. El fiscal ha solicitado su búsqueda y captura, argumentando que el costo del viaje no justifica su ausencia. La defensa pide un aplazamiento de 30 días, mientras que el fiscal solicita tres años de prisión y una multa de 1.800 euros para el acusado, quien formaba parte de un grupo dedicado a la manipulación de pagarés con documentos falsos.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha anunciado la construcción inmediata de 438 viviendas asequibles en Valencia a través de una nueva empresa pública de vivienda. Durante la inauguración del foro “Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar”, destacó que este proyecto busca garantizar el derecho a una vivienda digna y combatir la especulación inmobiliaria. La ministra subrayó la importancia de las políticas públicas de vivienda como eje central del gobierno, mencionando medidas para aumentar la oferta de viviendas asequibles y regulaciones para proteger la función social de la vivienda. Además, defendió la Ley por el Derecho a la Vivienda como herramienta clave para estabilizar el mercado y reducir precios.