La toga ya no arropa la ley, sólo delata sumisión ideológica
Arcópoli celebra la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la norma del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que limitaba las actividades de las asociaciones LGTBI+. Esta decisión es un triunfo para el colectivo, que busca defender sus derechos en Madrid. La sentencia devuelve la voz a las organizaciones que trabajan por la igualdad y contra la LGTBIfobia. Para más detalles, visita el enlace.
El Tribunal Constitucional de España, establecido por la Constitución de 1978, actúa como el máximo intérprete de la ley fundamental y garante de los derechos fundamentales. Compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey, su función incluye resolver recursos de inconstitucionalidad, conflictos entre instituciones y proteger derechos a través del recurso de amparo. Con más de 8,000 sentencias y 17,000 autos emitidos, su jurisprudencia es extensa. La organización del Tribunal incluye un Pleno y Salas que abordan diferentes competencias.
La secretaria de Igualdad del PSOE y ministra del ramo recuerda que recurrieron al Constitucional la equiparación de permisos de paternidad y maternidad.
Tal y como se ha desvelado este jueves, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra varios artículos de dos reformas de ley impulsadas por la Comunidad de Madrid relativas a la identidad de género y a la protección contra la 'LGTBIfobia', acordando suspender de forma cautelar la vigencia y aplicación de esos preceptos.
La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha calificado el día de hoy como “un día negro para España, pues se suprime la sedición, se rebaja la malversación, y Pedro Sánchez deja desprotegido al Estado”.
El presidente del Gobierno ha señalado en el Congreso de los Diputados la importancia de la renovación de los órganos constitucionales para el correcto funcionamiento de la democracia. Además, ha destacado los favorables datos de crecimiento e inflación de España en el contexto europeo.
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El Tribunal Constitucional ha fallado a favor del activismo LGTBI, permitiendo que las asociaciones puedan personarse en defensa de los derechos del colectivo. COGAM, el Colectivo LGTBI+ de Madrid, celebra esta decisión que anula la limitación impuesta por la reforma de la Ley LGTBI de la Comunidad. Este fallo refuerza la lucha por los derechos de las personas LGTBI y destaca la importancia del papel de las organizaciones en la defensa de estos derechos. Para más información, visita el enlace.
El presidente Pedro Sánchez respondió a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante las sesiones de control al Gobierno, afirmando: “Ustedes con el bulo, nosotros con el BOE mejorando la vida de la gente”. Sánchez destacó los avances en el presupuesto del Sistema Judicial y la mejora de la calidad democrática en España. También defendió la política migratoria actual frente a la anterior gestión del PP, resaltando acuerdos alcanzados por la UE y medidas implementadas por su Gobierno.
El tribunal mantiene la suspensión de las dos normas de la Comunidad de Madrid, popularizadas como 'ley Trans' y 'ley LGTBI', recurridas por el Gobierno y el Defensor del Pueblo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional ha presentado hoy ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso a la Ley de Amnistía en su totalidad, “en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, la seguridad jurídica y la división de poderes”.
Contra la orden nacional de detención dictada por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el recurso presentado por el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional (TC).
El Pleno del CGPJ aprobó unánimemente nombrar a César Tolosa, presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y a María Luisa Segoviano, ex presidenta de la Sala Cuarta del mismo tribunal, como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
La secretaria general del PP y portavoz en el Congreso subraya que, “en solo siete días, Sánchez va a eliminar el delito de sedición para saldar sus deudas con quienes no creen en la España constitucional; va a abaratar la corrupción; va a aprobar otra ley ideológica con los informes en contra y sin el aval de los expertos, como la ‘ley trans’; y ha intentado cambiar el sistema de nombramientos del Tribunal Constitucional por la puerta de atrás”. “¿Es esta la voluntad popular expresada en las urnas?”, interpela al presidente del Gobierno.
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