pena de muerte

El Parlamento de Israel ha aprobado una reforma que establece la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por asesinato terrorista. Esta medida, que ha suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos, obligará a los tribunales militares israelíes a imponer esta pena a los palestinos en Cisjordania, mientras que los tribunales ordinarios podrán optar por la cadena perpetua para ciudadanos israelíes. La reforma fue respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu y promovida por el ultranacionalista Itamar Ben Gvir. Críticas han surgido sobre su carácter discriminatorio y su posible inconstitucionalidad, con organizaciones civiles ya presentando recursos ante el Tribunal Supremo.

"La imposición de la pena de muerte por relaciones íntimas entre personas del mismo sexo es una violación atroz de los derechos humanos", afirma un grupo de especialistas de las Naciones Unidas en garantías fundamentales.

Al menos 657 personas fueron ejecutadas en todo el mundo en 2019, lo que supone un 5% menos respecto a 2018, el quinto año consecutivo de descenso y la cifra más baja de la pena de muerte en la última década, pese a que Arabia Saudí ejecutó a un número sin precedentes de ciudadanos.

En 2025, las ejecuciones a nivel mundial aumentaron significativamente, a pesar de que la pena de muerte no demuestra ser efectiva en la lucha contra el crimen. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por este incremento, especialmente en casos donde los delitos no cumplen con el umbral de gravedad exigido por el derecho internacional. En Irán, se registraron al menos 1500 ejecuciones, muchas relacionadas con drogas. Arabia Saudita también reportó un aumento en las ejecuciones, incluyendo casos de personas condenadas por delitos cometidos de menores. A pesar de estas cifras alarmantes, algunos países como Vietnam y Pakistán han tomado medidas hacia la reducción o abolición de la pena capital.

Kaduna, situado en el oeste de Nigeria, ha llegado a una situación crítica. Las autoridades del estado se han visto obligadas a aprobar una ley que permite castigar con la castración quirúrgica y la pena de muerte a las personas condenadas por violación.

El yihadismo, acorralado en Siria, ha retomado su retórica amenazante en forma de vídeos en los que rehenes extranjeros atemorizados piden ayuda para no ser decapitados, repitiendo la escalofriante serie de grabaciones emitidas por el Estado Islámico (ISIS) en los años de su máximo apogeo, de 2014 a 2017.