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corte internacional de justicia

08/09/2025@16:34:10

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha calificado como "positivas" las nueve medidas adoptadas por el Gobierno español para abordar la situación en Gaza, aunque subrayó que es necesaria una décima medida: la ruptura total de relaciones con Israel. En una declaración desde Sevilla, Maíllo destacó que estas acciones reflejan un Gobierno que escucha la creciente ola de solidaridad en España hacia el pueblo palestino. A pesar de valorar las medidas, insistió en que son insuficientes y abogó por una respuesta más contundente ante los crímenes israelíes. Además, criticó las reacciones del gobierno israelí a las declaraciones españolas, interpretándolas como una señal de que se está avanzando por el camino correcto hacia la justicia.

Izquierda Unida ha registrado una iniciativa en el Congreso cuestionando la participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta, solicitando al Gobierno que exija su exclusión debido a las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia relacionadas con Gaza. Los seis diputados/as de IU, liderados por Nahuel González, piden detalles sobre los acuerdos de patrocinio y apoyo público al evento ciclista. Recalcan que el deporte en España debe alinearse con los compromisos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Además, plantean la necesidad de establecer criterios éticos para futuros eventos deportivos y garantizar que ningún patrocinio público promueva violaciones graves de derechos.

La Comisión Investigadora de la ONU ha denunciado que los ataques israelíes a sitios educativos en los territorios palestinos ocupados constituyen crímenes de guerra. Este grupo de expertos en derechos humanos ha alertado sobre una serie de atrocidades, incluyendo el exterminio, y ha instado a Israel a cesar inmediatamente estos abusos y a cumplir con las medidas ordenadas por la Corte Internacional de Justicia.

El máximo órgano de deliberación de la ONU tomó esta decisión sobre la décima sesión extraordinaria de emergencia en la que se examinaron las acciones israelíes en la Jerusalén Oriental ocupada y el resto del Territorio Palestino Ocupado.

El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica asegura en un comunicado que está “muy preocupado” después de que Ucrania le haya informado de que un comandante ruso dirige ahora las operaciones de la central. Por otro lado, el representante ucraniano pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que imponga medidas cautelares para detener la agresión militar de Rusia “lo antes posible”.

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Greenpeace celebra la histórica resolución de la Corte Internacional de Justicia, que establece que los Estados deben garantizar el derecho a un medio ambiente sano y tomar medidas contra la crisis climática. La CIJ exige el fin de las subvenciones a combustibles fósiles y prohíbe nuevas licencias de explotación. Además, impone a las empresas la obligación de reparar daños causados por sus emisiones. Esta decisión marca un cambio significativo en el derecho internacional, priorizando la protección del clima y los derechos humanos sobre los intereses económicos. La resolución también subraya que el incumplimiento de las obligaciones climáticas conlleva reparaciones plenas y ofrece una protección histórica a las comunidades más afectadas por el cambio climático.

Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha presentado un protocolo al Gobierno español para inspeccionar barcos con destino a Israel y evitar el transporte de armas que puedan contribuir al genocidio palestino. Este protocolo busca regular la supervisión de buques civiles en puertos españoles y se fundamenta en la legislación nacional e internacional sobre el control del comercio de material bélico. Santiago destacó la necesidad de actuar ante un vacío legal que dificulta la retención de cargas militares. La iniciativa responde a múltiples denuncias previas y busca garantizar una respuesta efectiva ante la escalada de violencia en Gaza.

Unos 40 expertos independientes declararon que tanto Israel como otros Estados miembros de la ONU deben cumplir de inmediato con la disposición de la Corte Internacional de Justicia sobre la presencia israelí en los territorios palestinos ocupados. Llamaron también a que todos los países revisen de inmediato todos sus vínculos diplomáticos, políticos y económicos con Israel, y pidieron un embargo de armas, entre otras medidas para preservar el derecho internacional.