Según el análisis que ha llevado a cabo la organización Access Info Europe, la normativa española se situará en los puestos de la cola del ranking internacional de los países que las tienen. De los 95, tendrá la posición 72, con una puntuación de 68 sobre 150 puntos valorados.
De esta forma, la ley que debía garantizar el derecho de acceso a la información pública -es decir, que la información en manos de la administración esté al alcance de cualquiera que desee consultarla- era una asignatura pendiente de la Transición y una medida necesaria para echar luz en las sombras de la gestión pública, poner coto a males como la corrupción y ayudar al ciudadano en la toma de decisiones, pero se queda corta o muy corta según quién la analice.
Y es que España era el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes -junto con los minúsculos Chipre y Luxemburgo- que no había regulado todavía este derecho fundamental reconocido por tribunales internacionales.
Por ello, la frustración de las organizaciones que trabajan en su defensa es todavía mayor. "Está muy bien que tengamos una ley, porque nunca la hemos tenido, pero una vez aprobada costará mucho cambiarla para mejorarla. No tenemos claro si es bueno tenerla así o no", se lamenta Eva Belmonte, responsable de Proyectos de la Fundación Ciudadana Civio, que ha puesto en marcha iniciativas de fiscalización del poder político tan interesantes como El Indultómetro, que clasifica las más de 10.000 medidas de gracia "de carácter excepcional" que el Rey ha concedido a propuesta de los ministros de Justicia desde el año 1996.
El gobierno había prometido una "ley vanguardista" y la que ha acabado aprobando el Congreso, para Civio, "es muy floja". "Servirá para limpiar la imagen de opacidad, pero no supone grandes cambios", consideran.
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