Y es que todos estos trámites de toda la obra del tranvía eran potestad exclusiva del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid", que entonces estaba presidido por la hoy número dos de los conservadores, María Dolores de Cospedal.
En el texto, el PSM recuerda que las obras de concesión de obra pública de la mencionada infraestructura y, recalca, que "todas ellas, incluso sus ampliaciones", fueron "supervisadas, controladas y vigiladas en todo momento" por una asistencia técnica contratada a tal efecto por el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, llevada a cabo por la entidad Euroconsult, S.A. que "dio su consentimiento y por ello el del propio Consorcio para absolutamente todas las obras llevadas a cabo dentro del contrato de concesión, incluso sus ampliaciones".
El Consorcio, dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, "pagó a esta empresa 1,3 millones de euros por prestar este servicio de supervisión, vigilancia y control", prosigue el escrito de los socialistas madrileños.
Por ello el PSM considera que si el Supremo considera que es necesario llevar a cabo una investigación por el presunto desfalco, "la acción penal" tendría que dirigirse contra los responsables del mencionado consorcio, que fue el órgano de contratación.
De esta manera la denuncia se debería reorientar no hacia su persona sino contra Cospedal, por ser la consejera de Transportes y presidenta del consorcio de 2004 a 2006; José Manuel Pradillo, director gerente del consorcio hasta el pasado mes de julio; la hoy presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, que fue consejera de Transportes entre 2006 y 2007; y contra quienes la sucedieron, Manuel Lamela y el hoy presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echevarría.
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