“Queremos enseñarle a la sociedad que no somos monstruos, y lo vamos a demostrar con hechos, pero queremos que nos apoyen para trabajar, para que podamos mantener a nuestros hijos, no más violencia, queremos un cambio”, dijo Marco, portavoz de la Mara Salvatrucha (la pandilla más poderosa del país con cerca de 7.000 miembros activos y el historial más sangriento) que apareció ante las cámaras vestido con camisa de cuadros para ocultar los tatuajes, perilla recortada y mocasines.
Sin embargo, ayer recibió a la prensa en el taller de carpintería que mantienen en la prisión y que ya ha alistado 50 camas y mesitas de noche que van a donar a un asilo de ancianos de la ciudad.
Después de 20 años de existencia, los pandilleros, que aparecieron en Centroamérica tras la guerra fría como herederos de los conflictos armados en sus regiones y de las deportaciones desde los Estados Unidos, ya están mayores, tienen familia y están cansados de vivir perseguidos y estigmatizados. Tampoco quieren esa vida para sus hijos. En Honduras, la simple pertenencia a la pandilla constituye un delito penal y el estar tatuado la prueba. Así que ahora piden paz, trabajo y oportunidades.
Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de pacificación de Centroamérica que se ha propuesto la Organización de Estados Americanos (OEA) y que empezó a implementarse en El Salvador desde hace ya más de un año con un anuncio de tregua entre estas mismas pandillas y pese a las críticas y la desconfianza inicial de la sociedad, 14 meses después, el Salvador ha reducido las tasas de criminalidad en más de la mitad. De 14 homicidios diarios de media se ha pasado a 5 y el delito de extorsión ha disminuido en alrededor de un 20%.
Ahora podría llegar el turno de Honduras. “Es un proceso muy similar al Salvador, primero una tregua con la sociedad y poco a poco llegaron a la tregua entre ellos, no hay una receta mágica, pero la estrategia de mano dura no ha funcionado y aunque este es un proceso frágil, hemos demostrado en El Salvador que es posible”, explicó el subsecretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos(OEA), Adam Blackwell, que ha participado en ambos procesos de negociación y es la pieza clave junto a Monseñor Rómulo Emiliani del anuncio de ayer.
“Es algo histórico para Honduras, es el comienzo de algo nuevo, pero no es fácil”, confesó el prelado que lleva más de diez años trabajando con las pandillas hondureñas en los penales.
Emiliani recuerda que está no es la primera vez que se intenta pues en 2006, después de dos meses y medio, la violencia estalló con más brutalidad. Los homicidios se duplicaron en Honduras en los últimos 9 años y ahora ostenta el triste título de ser el país más violento del mundo con 85,5 muertes violentas por cada cien mil habitantes.
Sin embargo, según las cifras de la policía nacional de 2010 citados por el informe de la ONU, solo 3 de cada 10 homicidios en el país son cometidas por las pandillas. “En Honduras operan 200 bandas de crimen organizado entre las cuáles se incluyen los principales carteles mexicanos y colombianos y otras agrupaciones que se dedican a delitos tan dispares como extorsión, secuestro o robo de recursos forestales, las maras son solo una partecita”, confiesa Arabesca Sánchez, coordinadora de Seguridad del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Sánchez señala que para acabar con la violencia además de dar oportunidades socioeconómicas y reinserción a los pandilleros es necesario “un rescate institucional del Estado, las instituciones de seguridad y justicia están supercontaminadas por la delincuencia” y es que la policía hondureña ha sido imputada por vínculos con el crimen organizado y asesinatos extrajudiciales y solo desde 2011 hasta noviembre de 2012 el Observatorio ha documentado al menos casi 150 asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad. De hecho, el Barrio 18 insistió en que la policía deje de matarlos.
“Tenemos que dejar de ver a estos jóvenes como el problema y verlos como el producto del problema del país. Corrieron esa suerte porque no había más oportunidades en sus comunidades, en sus familias. Pero el estado los trata nada más como un problema a eliminar y no se trata de eso”, concluye Sánchez.
La pelota está en manos del Gobierno. El presidente Porfirio Lobo ha celebrado la iniciativa de las pandillas y ha declarado públicamente que “estamos abiertos a cualquier proceso que disminuya la violencia”. Esperemos que a la segunda vaya la vencida.
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