En la cabeza de todos nosotros está la “bien presupuestada” terminal T-4, que tras su apertura dio varios problemas y que costó 2.000 millones más de los previstos inicialmente. El problema de esta decisión podría estar en el porcentaje de error en el presupuesto. En Hora Punta te contamos el motivo.
El Ministerio de Fomento ha decidido que, en estos tiempos de crisis, el encarecimiento sostenido y sistemático desde 1996 de los presupuestos de los proyectos de obra pública por modificaciones posteriores a la aprobación de los proyectos es insostenible, por lo que en un intento de que las constructoras se ajusten lo más posible a los presupuestos iniciales y que estos dejen de presentarse tan reducidos que casi puedan considerarse como temerarios, ha decidido cambiar la norma de contratación.
Las empresas constructoras del sector han respondido a esta nueva norma aludiendo a que con las modificaciones lo que pretenden es solucionar los problemas y las deficiencias que los proyectos tengan. No se trata de afán de lucro de las constructoras -dicen- sino de que en muchas ocasiones el proyecto no es lo suficientemente exacto (muchas veces es prácticamente imposible que lo sea) y ellos tienen que cambiar lo que sea necesario para que el proyecto salga adelante en la realidad. Además, ellos muchas veces ni siquiera intervienen en la redacción del proyecto y la propia administración es la que en última instancia tiene que autorizar siempre los cambios.
Por otra lado, desde la patronal de las medianas y pequeñas empresas de obra pública, son bastante más conciliadores, al afirmar que los cambios en el proyecto constituyen un fracaso del proyecto técnico aprobado y que si es necesario reducir los modificados, también lo es mejorar los proyectos.
En lo que sí dan la razón al Ministerio es en que “tienen que haber mecanismos que eliminen estas bajas presupuestarias temerarias” que dan un precio tan bajo al proyecto que es manifiestamente seguro que van a tener que incrementarse.
El año pasado se aprobó una orden para imponer austeridad en las licitaciones, estableciéndose distintos parámetros para reducir los costes y aumentar la eficiencia y este Marzo entró en vigor la llamada Ley de Economía Sostenible que modificaba el proceso de licitación para hacerlo más competitivo, limitando los incrementos del coste a un 10% del coste total del presupuesto inicial del proyecto, porque en caso de superarlo se volvería otra vez a licitar el proyecto.
Este 10% es un motivo más de queja por parte de los constructores de obra pública que ven en ello casi una soga al cuello pues consideran que no es posible calcular con tal precisión el presupuesto del proyecto como para que haya un margen tan bajo de error. Especialmente cuando es en muchos casos es en el momento de la ejecución cuando se descubre el error, argumentan en contra del porcentaje.
Otro de sus motivos de queja es el momento en el que se hace este cambio, considerando que ahora que se ha reducido en un 80% la oferta de licitaciones, no es precisamente el mejor momento para hacer este tipo de cambios. El gobierno les da como solución a estos argumentos el “estudiar bien cada proyecto y decidir a cuál se va”.
Desde luego, parece que lo único que tienen en mente es el ahorro en tiempos de crisis. Lo que deberían considerar es que si se quiere atacar estos incrementos, no hay que darle el proyecto al que menor presupuesto te ofrezca, sino al que sea más razonable. Si se lo dan a los que rozan lo temerario, ¿cómo no va a incrementarse después?
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