El tiempo le ha jugado una mala pasada a la vicepresidenta económica de nuestro país, quien ha pasado de juzgar negativamente a acoger la medida tomada un año atrás por la canciller alemana, Angela Merkel. Una propuesta que eleva al máximo nivel las exigencias económicas de cara, especialmente, a las administraciones autonómicas y a sus Ejecutivos, cuyas gestiones en recientes legislaturas significan un lastre muy grande a día de hoy para la recuperación económica de nuestro país.
Una medida que sin embargo tendrá que desarrollar el gobierno que salga de las urnas el próximo día 20 de noviembre. ¿Cómo? Mediante la vía de la Ley Orgánica, cuya naturaleza práctica facilitará la consolidación fiscal y que, además, recogerá todos los pormenores que rodean siempre a la escasa concreción de un artículo constitucional. Previo a eso, la decisión de reforma se está constatando en estos instantes en las oficinas del Congreso de los Diputados, donde los dos grupos mayoritarios trabajan contrarreloj con el fin de discutir la reforma en la Cámara Baja cuanto antes.
No obstante, ¿a qué tanta prisa? Como de costumbre, porque los mercados se impacientan. Bien, por un lado, ante la novedad y, por el otro, ante lo inconcreto todavía de la decisión. Aparentemente, la medida permite cierta flexibilidad a la hora de fijar ese “techo de gasto”. Si se crece a un ritmo superior al 2%, las cuentas deben cerrarse con superávit. Sin embargo, si lo hacen a un ritmo menor, en función de cuál sea, se consentiría cierto margen de déficit; siempre controlado. Un límite que se renovaría anualmente con cada aprobación de los Presupuestos Generales del Estado; los que, por cierto, estiman el crecimiento. Es decir, calculan de una manera más o menos objetiva los ingresos y gastos que tendrá la economía nacional el año siguiente.
Quizá por eso no es oro todo lo que reluce (y nunca mejor dicho, tratándose de economía). Además, si la vicepresidenta segunda del gobierno ha sido capaz de entender bien la letra de Merkel, se habrá dado cuenta de que este techo se comienza a aplicar en 2016 en el país teutón. ¿Qué efecto tiene en el presente esta medida, entonces? La consolidación a largo plazo del nivel de deuda que, vaya, es precisamente lo que las agencias de rating califican.