El pasado viernes entró en vigor la reforma de la Ley Audiovisual, que, entre otras medidas, permite a las televisiones públicas autonómicas su privatización. En este sentido, los gobiernos autonómicos con canales públicos podrán decidir si continúan o no con la gestión de estos, y si quieren optar por acuerdos con terceros para la producción, edición o emisión conjunta de contenidos.
Los Gobiernos regionales de Madrid, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha ya han expresado su intención de permitir la entrada de capital privado en sus operadores.
Según el ministro de Industria, José Manuel Soria, la ley busca “ampliar la posibilidad de las comunidades para decidir libremente” sobre la gestión de unos canales que han acumulado una importante deuda en los últimos años. Sin embargo, la oposición ha coincidido en que la norma quiebra el actual modelo público de televisión y supone una “invasión” en las competencias autonómicas.
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