Asedio al fraude fiscal

El Plan General de Control Tributario, tal y como se ha referido a él la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es sin duda el pilar base del plan de ahorro previsto por el nuevo ejecutivo para 2012. Según las cifras adelantadas por el gobierno, que estiman el ahorro en 16.500 millones de euros, el nuevo plan tributario supondría casi el 50% de esa cantidad. Motivo suficiente, por un lado, para hacer efectivo desde ya ese plan de acción que recaude tal porcentaje y, por el otro, para que Sus Majestades del Oriente vean cómo no todas las medidas van a suponer subidas de impuestos y pérdida de poder adquisitivo para la población.

Un detallazo por parte del Ejecutivo, que ha aprovechado la rueda de prensa de hoy para esbozar las primeras medidas del Plan. En primer lugar, se limitará el uso de efectivo en determinadas transacciones económicas (especialmente en aquellas en las que se emplean “billetes amarillos y morados”) para combatir así la economía sumergida que se genera a raíz de estas operaciones. El Gobierno ha señalado, además, que se pondrá especial atención en las operaciones realizadas con terminales de tarjeta de crédito así como en el falseamiento del consumo eléctrico. Una de las fórmulas más comunes de economía sumergida son los llamados “flujos de caja”, en donde el número de transacciones es elevado y se cobra en efectivo sin emitir factura ya que el dinero está en continuo movimiento y es muy complicado de identificar el fraude.

A esta medida, aplicada ya en otros países como Francia o Italia, le acompaña una batería de estrategias contra el fraude fiscal. El plan de prevención basará su actividad sobre tres áreas: la mejora en el control de la fase recaudatoria, la intensificación en la lucha contra la evasión de impuestos y en la colaboración y mejora de la comunicación entre la Agencia Tributaria y los organismos fiscales de cada Comunidad Autónoma. A estos tres pilares, simultáneamente, les apuntala de manera transversal un cuarto que buscará hacer efectiva la lucha fuera del territorio español, tanto en los países antes considerados “paraísos fiscales” (Andorra, Bahamas, etc.) como en la firma de convenios que ayuden a erradicar la aparición y existencia de otros en la actualidad.

Satisface y, al mismo tiempo, indigna que gran parte del ahorro provenga del fraude fiscal. Sanear el erario público sin que esto perjudique al poder adquisitivo de una población ya suficientemente mermada es una de las mejores fórmulas para salir de la crisis. “Además, estas medidas nos ayudarán a identificar en qué sectores están las mayores bolsas de fraude fiscal”, apuntaba la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Ya no solo se pone el dedo en la llaga sino que con el otro a la vez se señala. ¿Podría ser esto una barrera para el nuevo plan tributario?