Los recortes directos del Gobierno de Mariano Rajoy sobre los derechos de las personas tienen siempre una repercusión inmediata en los medios y en la ciudadanía. Más difíciles de detectar son los recortes que podrían denominarse 'indirectos': aquellos que no suponen una merma inmediata a un presupuesto o a una partida económica, pero cuya modificación, aunque pueda parecer que está destinada a un cambio general, está indirectamente implicada en el recorte de una partida de gastos.
Tal es el caso de las bajas por enfermedad que cubre la Seguridad Social. El Gobierno del PP prepara un Real Decreto sobre incapacidad temporal que incorpora tablas con la duración media de las bajas por enfermedad en función del diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador, con el objetivo de luchar contra el absentismo laboral injustificado ahorrando dinero al sistema.
Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en las tablas que incorpora el Real Decreto se establecerá la duración media tipo de los distintos procesos patológicos y su incidencia en las actividades laborales.
Se trata, por tanto, de un protocolo de temporalidad en la gestión de los partes médicos de baja, confirmación y alta, que busca ahorrar dinero, pero también burocracia, y al mismo tiempo agilizar la gestión de las bajas.
Las nuevas tecnologías permiten el intercambio de datos para el control de la incapacidad temporal entre las distintas entidades y las instancias implicadas en la gestión de los procesos de incapacidad temporal. Estos cambios normativos supondrán la adaptación de los convenios con las Comunidades Autónomas, lo que permitirá al Gobierno elaborar un mapa de patologías a nivel nacional, para conocer y analizar las razones por las que se producen las incapacidades en cada territorio.
"Un mejor conocimiento de los procesos, de sus causas e incidencias en la población es una condición básica para desarrollar políticas más adecuadas cada día", explicó el secretario de Estado de Seguridad, Tomás Burgos, esta semana en la clausura de una jornada de la Asociación Profesional de Médicos Evaluadores de la Administración de la Seguridad Social.
Todo ello redundará, según explica el Ministerio, en ahorros para el sistema y en una presunta mayor calidad del servicio prestado y de sus beneficios en términos sociales y sanitarios.
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