Entre ellos destacan la posibilidad de que la policía monte controles en vías públicas, así como identificar a quienes hayan cometido infracciones administrativas, entre otros.
También considera que los cacheos no quedan definidos en el anteproyecto, ni aprueba que sean vigilantes de seguridad quienes contribuyan a disolver manifestaciones ya que es una competencia que se atribuye a las fuerzas del orden. Además, el informe expone dudas de constitucionalidad por la potestad de identificar personas en prevención de faltas o infracciones administrativas, al igual que por el mero hecho de ir embozado.
También choca con la Constitución, a juicio de este órgano, el hecho de que se pueda denegar el pasaporte en los estados de Alarma, Excepción y del Sitio.
Los vocales han aprobado por unanimidad el documento, que ha tenido como ponentes a los vocales Wenceslao Olea y Victoria Cinto. Mercé Pigem y Concepción Sáenz han anunciado que presentarán votos particulares concurrentes con el voto mayoritario.
El ministerio del Interior tras este varapalo se ha echado atrás y ha anunciado que modificará aquellos artículos que choquen con la Constitución y eso a pesar de que el informe del CGPJ que será remitido al Gobierno, podría o no tomarlo en consideración para elaborar el proyecto de Ley que entregue a las Cortes Generales.
Si (
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