El Consejo respaldó las directivas de negociación, la base legal para abrir conversaciones con las autoridades cubanas, una decisión ya consensuada a nivel de embajadores de los Veintiocho.
De este modo, los Estados miembros autorizan a la jefa de la diplomacia de la UE, Catherine Ashton, y a la Comisión Europea a iniciar la negociación, algo que podría ocurrir "este mismo mes". Las negociaciones podrían durar entre uno y dos años, según cálculos europeos, aunque también será determinante el ritmo e intensidad de las reformas que la UE exigirá a La Habana.
El objetivo del acuerdo es "ampliar los ámbitos de cooperación con la isla, acompañar sus reformas socioeconómicas y fomentar un mayor respeto de los derechos humanos", en un momento en que la UE ha observado "cierto movimiento en el plano económico y moderación en el plano político", según las mismas fuentes.
Se trata de un giro relevante en las relaciones bilaterales porque está llamado a reemplazar la Posición Común que la UE adoptó en 1996 -a instancias del Gobierno español de José María Aznar-, pero no supondrá en la práctica un cambio sustancial en la política europea hacia la isla, según explican fuentes europeas.
De hecho, algunos Estados miembros consideraron el mantenimiento de la posición común una "garantía" para mantener la misma política hacia La Habana en el caso de que las conversaciones no den los resultados esperados por la parte europea pero si el acuerdo llega a buen puerto, la posición común caería si se produce una decisión unánime de los países de la Unión.
Cuba rechaza de plano esta Posición Común porque fue una medida unilateral de la UE. El objetivo del futuro pacto es crear un "marco sólido, estable y predecible" entre ambas partes, lo que permitiría a la UE "apoyar los cambios y reformas" iniciados por el Gobierno de Raúl Castro.
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