practicas abusivas

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha abierto un expediente sancionador a una importante promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas. Se investiga si la empresa prohíbe el acceso con comida y bebida del exterior, obliga a pagar un extra para reingresar al recinto y establece condiciones desfavorables para el reembolso de dinero en pulseras de pago. Estas acciones podrían constituir infracciones graves según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con multas que podrían alcanzar hasta 1 millón de euros. El proceso de investigación tiene un plazo máximo de nueve meses.

La Agencia de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una segunda inmobiliaria nacional por prácticas abusivas en la gestión del alquiler. Se investiga el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios no solicitados a inquilinos. Esta acción se enmarca dentro de las políticas de protección al consumidor y derechos sociales, destacando el compromiso del gobierno con la regulación del sector inmobiliario.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha abierto un nuevo expediente sancionador a una aerolínea low cost, marcando el sexto caso de este tipo. Las acusaciones incluyen prácticas abusivas como el cobro por equipaje de mano y la reserva de asientos para menores o personas dependientes. Las sanciones podrían alcanzar hasta un millón de euros, basadas en infracciones graves y muy graves según la Ley General para la Defensa de los Consumidores. Esta acción se fundamenta en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que prohíbe dichos cargos adicionales. España ha sido pionera en Europa al imponer multas significativas a aerolíneas por estas prácticas, con un total de 179 millones de euros ya sancionados a varias compañías.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una agencia inmobiliaria nacional por prácticas abusivas en la gestión del alquiler, como el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios no solicitados. Este es el segundo expediente de este tipo en poco tiempo, tras denuncias del Sindicato de Inquilinas y asociaciones de consumidores. Las infracciones podrían conllevar multas significativas, y se enmarcan en una investigación más amplia sobre el sector inmobiliario. La iniciativa busca proteger el derecho a la vivienda, considerado un bien de primera necesidad. Para más información, visita el enlace.