El apagón del 28 de abril de 2025 provocó un aumento del 39% en el gasto en gas, costando entre 422 y 1.500 millones de euros a los consumidores españoles, según el "Anuario crítico del gas fósil" de la red Gas No Es Solución, que incluye a Greenpeace. El informe destaca un incremento del consumo de gas del 6,2% respecto al año anterior, impulsado por el sistema eléctrico, que también vio un aumento del 16% en sus emisiones. La dependencia energética se ha trasladado de Rusia a Estados Unidos, convirtiéndose este último en el segundo mayor proveedor de gas fósil para España. Se advierte sobre los riesgos ambientales del fracking y se solicita una eliminación gradual del gas fósil para 2035.
La guerra en Irán está generando un aumento significativo en los precios de los carburantes, con el diésel subiendo 30 céntimos en solo una semana. Este incremento se traduce en un impacto directo sobre la cesta de la compra, ya que el encarecimiento del combustible afecta al transporte y, por ende, a los precios de los alimentos. Expertos advierten que estamos ante un círculo inflacionista difícil de revertir, con proyecciones de que el precio del gas y la electricidad también continúen en ascenso. La situación actual del mercado energético es volátil y depende de factores geopolíticos, lo que genera preocupación por una nueva ola inflacionaria tras haber salido recientemente de un periodo complicado.
Rusia ha llevado a cabo un ataque en Járkov, afectando una guardería llena de niños y resultando en la evacuación de 50 menores. Este ataque se suma a una serie de ofensivas que han dejado al menos seis muertos, incluidos dos niños, y 17 heridos en Kiev y otras áreas. Las autoridades ucranianas han denunciado el uso de drones por parte del Ejército ruso en este ataque. Además, el presidente Vladimir Putin ha supervisado maniobras de las fuerzas nucleares rusas en medio de crecientes tensiones internacionales. La Unión Europea también ha comenzado negociaciones para prohibir las importaciones de gas ruso a partir de 2026.
Un tribunal supranacional europeo ha dictaminado que los Estados deben contabilizar el impacto climático del petróleo y el gas antes de aprobar permisos. Esta decisión, emitida por el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), responde a un caso presentado por Greenpeace y Natur og Ungdom contra Noruega. El tribunal afirma que las evaluaciones climáticas deben incluir las emisiones generadas durante la combustión de combustibles fósiles, lo que representa aproximadamente el 95% del impacto ambiental. Esta sentencia podría establecer un precedente para evaluaciones más rigurosas en toda Europa y garantizar que la ciudadanía conozca el verdadero impacto de los proyectos energéticos antes de su aprobación. La comunidad científica ha alertado sobre las graves consecuencias de estos proyectos, que podrían resultar en miles de muertes prematuras debido al cambio climático.
La factura de la calefacción de 1,7 millones de hogares con calderas comunitarias podrá bajar un 50% con una tarifa de ahorro vecinal. Además, las clases medias y trabajadoras podrán beneficiarse de un descuento de hasta el 40% en la factura eléctrica.
Finalmente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que su Ejecutivo bajará a partir del próximo mes de octubre el IVA del gas, del 21 al 5 por ciento.
La organización denuncia que Naturgy es la mayor compradora de gas ruso en España y le pide, como al resto de energéticas, que dejen de importar y quemar combustibles fósiles rusos.
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Greenpeace ha solicitado al Gobierno español que implemente más medidas para frenar la especulación inmobiliaria y aumente los recursos destinados a la rehabilitación de viviendas, especialmente en el contexto de la crisis energética. Aunque celebra la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que busca reforzar la vivienda pública y facilitar el acceso a los jóvenes, considera insuficientes las metas de rehabilitación, proponiendo multiplicarlas por diez para abordar la pobreza energética y reducir las facturas de energía. La organización destaca que una inversión adecuada podría transformar el parque residencial, disminuir las emisiones de CO₂ y generar empleo en el sector de la rehabilitación.
La prórroga de la central nuclear de Almaraz por tres años costaría a los consumidores 3.831 millones de euros y provocaría pérdidas de inversión en energías renovables de hasta 26.129 millones hasta 2033, según un informe elaborado por Greenpeace y universidades españolas. Mantener la planta abierta incrementaría la factura eléctrica y la dependencia del gas, además de frenar la transición hacia energías limpias. El análisis indica que el 96,4% de la electricidad generada por Almaraz podría ser reemplazada por fuentes renovables tras su cierre, garantizando así el suministro eléctrico sin aumentar las emisiones. La decisión empresarial de solicitar la prórroga responde más a intereses económicos que a criterios de seguridad, lo que plantea un dilema entre beneficios inmediatos y sostenibilidad a largo plazo.
El asado es mucho más que una comida. En Chile, representa un ritual social, un punto de encuentro entre amigos y familiares donde el tiempo parece detenerse entre el aroma del carbón y el sonido de la carne chisporroteando. Y como todo ritual, necesita de las herramientas adecuadas.
Una explosión de gas en un bloque de viviendas en Noáin ha dejado a nueve personas trasladadas, incluyendo a dos con pronóstico grave. El incidente ocurrió en la calle Concejo de Zabalegui, provocando el desalojo de 250 residentes. Los servicios de emergencia, incluidos bomberos y ambulancias, respondieron rápidamente al siniestro. La policía investiga las causas del accidente mientras los afectados buscan alojamiento temporal. Las autoridades han asegurado la zona y cortado el suministro de gas y electricidad.
Ocho oficinas de Greenpeace emprenden acciones legales contra la inclusión del gas fósil y la energía nuclear en la lista de inversiones sostenibles de la Unión Europea (UE), la taxonomía.
Gazprom, Lukoil y Rosatom han utilizado estrategias de lobby para influir en la inclusión del gas fósil y la energía nuclear en la categoría de inversiones sostenibles de la UE. Tal y como sostiene Greenpeace, estas empresas se han reunido al menos 18 veces con comisarios y altos funcionarios de la UE.
La red Gas No Es Solución, de la que forma parte Ecologistas en Acción, quiere expresar su solidaridad con toda la población afectada por la guerra de Ucrania y por todos los conflictos en activo.
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