www.horapunta.com

TSJC

30/01/2023@15:18:15
El magistrado que investiga las posibles disfunciones en la instrucción no aprecia ningún indicio de responsabilidad en la actuación de la magistrada y de las dos juezas sustitutas que han conocido de la investigación. El TSJC recuerda que se trata de un proceso por homicidio en el que no se ha encontrado el cadáver, lo que ha complicado y dilatado la instrucción.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado en todos sus términos la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que en noviembre del año pasado condenó a 18 años de prisión a un vecino de Icod de Los Vinos por la tentativa de asesinato de su esposa, a la que acuchilló tres veces con alevosía y ensañamiento.

La sección quinta de la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya estima parcialmente el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, contra varias resoluciones del Departament d’Educació en materia de uso de las lenguas vehiculares en la enseñanza.

Francesc Homs, exconsejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña y portavoz del Partido Demócrata Catalán en el Congreso, se ha enfrentado en el Tribunal Supremo a dos horas de interrogatorio como investigado por la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, suspendida por el Tribunal Constitucional.
  • 1

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado en todos sus términos la sentencia de la Audiencia de Las Palmas que en octubre de 2020 impuso un total de ocho años de prisión por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y doble homicidio imprudente al patrón de una patera en la que fallecieron dos personas -una de ellas un bebé de un año- y desapareció una tercera. La barcaza arribó Arguineguín (Mogán, Las Palmas) el 16 de mayo de 2019.

El tribunal de la Sala Civil y Penal impone a Corominas, Simó, Barrufet y Guinó penas de un año y ocho meses de inhabilitación especial para cargo público electo y multas de 30.000 euros. Mireia Boya queda exonerada al entenderse que no fue nominalmente advertida por el Tribunal Constitucional y no ostentaba condición representativa de acuerdo con las exigencias del tipo penal.