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José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha calificado de "falso" el testimonio de su exmujer, Carolina Perles, quien le acusó de "maltrato", "abuso" y "vejaciones" durante su matrimonio. Ábalos sostiene que el informe pericial presentado por Perles carece de veracidad y fue retirado del proceso de divorcio tras un acuerdo entre ambas partes. Asegura que el objetivo de su exesposa era presionarle para obtener ventajas en la separación. Además, defiende que se trata de un informe sesgado y reclama privacidad en este asunto delicado que afecta a sus hijos. En relación a rumores sobre infidelidades, Ábalos afirma que nunca discutió este tema con el presidente Pedro Sánchez, aunque reconoce haberlo mencionado a Iván Redondo.
El Observatorio de Derechos Digitales, iniciativa del Gobierno de España, ha llevado a cabo más de 20 acciones en su primer semestre para promover y proteger los derechos digitales. Estas actividades incluyen eventos, seminarios y entrevistas que abordan temas como la igualdad digital, la protección de datos y la violencia digital de género. Además, se ha desarrollado un curso internacional para defender estos derechos en Iberoamérica y se han publicado informes sobre el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito laboral y social. Con un presupuesto de 10,83 millones de euros, este programa busca sensibilizar a la ciudadanía sobre los retos y oportunidades de la digitalización, garantizando un uso ético y responsable de la tecnología.
Los juegos online han experimentado avances importantes en los últimos años. A medida que la tecnología digital crece e innova, también lo hace la forma en que los jugadores interactúan con los juegos que disfrutan.
Los derechos digitales son la extensión de los derechos ciudadanos al entorno digital, garantizando la privacidad, libertad de expresión y acceso a internet. Este concepto se adapta a los desafíos tecnológicos actuales, asegurando que los derechos fundamentales se protejan con la misma eficacia en el ámbito digital que en el físico. Cada país desarrolla su propia Carta de Derechos Digitales, abordando temas como la protección de menores, la igualdad y no discriminación, así como la privacidad y seguridad en línea. En España, se ha creado el Observatorio de Derechos Digitales para promover estos derechos y adaptarlos a nuevas realidades tecnológicas.
Según el Estatuto de los Trabajadores, los empresarios tienen derecho a la vigilancia y control de sus empleados para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes. Sin embargo, en determinados casos, tales medidas pueden sobrepasar ciertos límites lesionando el derecho a la privacidad e intimidad de los trabajadores, especialmente con el avance de las nuevas tecnologías.
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La Guardia Civil ha detenido en Burgos a dos hombres por tenencia y distribución de pornografía infantil, acumulando más de 50 terabytes de material ilícito. Uno de los detenidos, de 36 años, grababa a familiares y amigos sin su consentimiento en el baño de su casa utilizando cámaras ocultas. La investigación se inició tras un informe del Instituto Nacional de Ciberseguridad sobre la descarga de contenido pedófilo. Se encontraron miles de archivos multimedia y se realizaron registros que revelaron dispositivos camuflados para grabaciones ilegales. Ambos detenidos han sido puestos a disposición judicial.
Un estudio realizado por investigadores españoles ha confirmado que muchas aplicaciones utilizan permisos de Bluetooth y Wi-Fi para rastrear la ubicación de los usuarios, incluso sin acceso al GPS. Este fenómeno ha llevado a preocupaciones sobre la privacidad, ya que las apps pueden recopilar datos personales identificables y coordenadas GPS para enviar publicidad dirigida o perfilar a los ciudadanos. El estudio revela que el 86% de las aplicaciones analizadas que usan balizas recopilan información sensible, lo que plantea riesgos significativos, como el seguimiento de movimientos y relaciones personales. Los expertos advierten sobre las implicaciones éticas y de seguridad de esta práctica en un contexto donde la información puede ser vendida a terceros sin control.
El demandado creó una cuenta en Tinder utilizando fotos que extrajo del perfil de Facebook del perjudicado y la utilizó durante meses para mantener contactos con terceras personas.
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