La Audiencia Provincial de Madrid comenzará a estudiar el 13 de julio los recursos presentados por la Fiscalía y las defensas en relación al caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Se deliberará sobre la decisión del juez Juan Carlos Peinado de juzgar el caso por un jurado popular y su equivalente al procesamiento. La sección 23 de la Audiencia evaluará si hay suficientes indicios para continuar con el juicio, tras haber anulado anteriormente la transformación de la causa a este procedimiento. El fiscal ha solicitado el sobreseimiento libre para todos los investigados, argumentando que no hay infracción penal.
El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a Moncloa todos los correos electrónicos de Begoña Gómez desde 2018, que serán analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta acción se enmarca en una investigación sobre un presunto delito de malversación de caudales públicos relacionado con la contratación de su asesora, Cristina Álvarez. Además, el magistrado ha pedido información sobre las personas que han ocupado el cargo de secretario general de Presidencia y los detalles sobre las retribuciones percibidas por Álvarez. La citación a Gómez se ha adelantado al 10 de septiembre, donde también declarará Álvarez como investigada. Este caso ha generado controversia y ha sido objeto de críticas hacia el juez Peinado por sus actuaciones en el proceso judicial.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido su posición tras la petición del juez Juan Carlos Peinado al Tribunal Supremo para que lo investigue por el caso relacionado con Cristina Álvarez. Bolaños afirma que la exposición razonada para imputarle "no se sostiene" y contiene "errores de bulto". Durante su comparecencia, reiteró su confianza en el sistema judicial y aseguró que no tiene nada que temer, destacando que nunca afirmó que Raúl Díaz nombrara a Álvarez como asistente de Begoña Gómez. También desmintió que la actividad de Álvarez dependiera de su departamento.
Finalmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al juez que comanda el polémico caso, Juan Carlos Peinado, declarar por escrito, dejando patente su voluntad de "colaborar".
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El juez Juan Carlos Peinado ha decidido expulsar provisionalmente al sindicato Manos Limpias del caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, debido a su falta de pago de la fianza requerida para ejercer como acusación popular. Esta decisión se produce en un contexto de tensiones políticas y mediáticas en torno a la investigación. La renuncia del abogado Carlos Perales Rey, que alegó que el caso se había desviado hacia una controversia política, precedió a esta medida. Un nuevo despacho, Soriano & Piqueras, ha asumido la representación del sindicato y se compromete a subsanar la falta de fianza para continuar en el proceso. La denuncia inicial de Manos Limpias fue crucial para abrir la investigación sobre varios delitos presuntamente cometidos por Gómez.
El Tribunal Supremo ha decidido archivar la solicitud del juez Juan Carlos Peinado para imputar al ministro Félix Bolaños en el caso de Begoña Gómez, argumentando la "absoluta ausencia de cualquier delito". La Sala Penal del Supremo concluyó que no había indicios suficientes para abrir una causa penal contra Bolaños por malversación y falso testimonio. Según el auto emitido, las acusaciones carecían de respaldo probatorio y se basaban en meras hipótesis. El tribunal enfatizó que no existían pruebas objetivas que respaldaran las imputaciones, lo que llevó a desestimar la causa.
El Ayuntamiento de La Adrada, gobernado por el Partido Popular (PP) bajo la alcaldesa Pilar Martínez, se ha visto forzado a abrir una investigación sobre la legalidad del lujoso chalet con piscina del juez Juan Carlos Peinado, conocido por instruir la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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