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15/07/2025@11:49:25

Más de 1.200 artistas y figuras del mundo de la cultura han exigido al Gobierno español un embargo total de armas a Israel durante un acto en Madrid. Entre los firmantes se encuentran reconocidos nombres como Samantha Hudson, Inés Hernand y Luis Tosar. A pesar de que el Gobierno afirma no realizar transacciones militares con Israel, desde el 7 de octubre de 2023, España ha adjudicado 46 contratos a la industria militar israelí por más de 1.000 millones de euros. Los artistas piden que se prohíba cualquier forma de colaboración militar con Israel mediante un Real Decreto Ley, argumentando que cada día sin un embargo es una complicidad con crímenes de guerra. La situación en Palestina y la responsabilidad del Gobierno español en el comercio de armas son temas centrales en esta demanda urgente y moralmente inaplazable.

Greenpeace ha exigido a la Unión Europea y al Gobierno español que asuman la responsabilidad de investigar el estado de 220.000 bidones con residuos radiactivos en la fosa atlántica, situada a 700 kilómetros de las costas gallegas. Esta solicitud surge tras estudios realizados por el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, que han revelado la presencia de estos barriles radiactivos. A pesar de los logros pasados en la prohibición de vertidos nucleares, Greenpeace advierte sobre la continua contaminación radiactiva en el mar y la necesidad urgente de una investigación exhaustiva para abordar esta problemática ambiental crítica.

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Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife han expresado su rechazo a los siete proyectos mineros estratégicos aprobados por la Comisión Europea y el Gobierno español. Estos proyectos, que incluyen seis de minería y uno de reciclaje, han sido seleccionados en un proceso opaco que carece de participación pública. Las organizaciones denuncian irregularidades y riesgos ambientales asociados con minas históricamente problemáticas, como las de Las Cruces y La Parrilla. Además, critican la falta de proyectos de reciclaje y sustitución en comparación con otros países europeos. Exigen una revisión inmediata de estos proyectos para garantizar prácticas ambientales responsables y una mayor transparencia en la toma de decisiones.